El Ministerio de Planificación (Mideplán) publicó este 10 de setiembre las escalas de salario global que el Gobierno y diversas instituciones públicas pagarán a los nuevos empleados de siete familias de puestos.
Por ejemplo, un profesor de primaria ganará entre ¢443.000 y ¢1,2 millones, según la categoría. En el caso de un supervisor del Ministerio de Educación Pública (MEP), la remuneración oscila entre ¢1,7 millones y ¢2 millones.
Un agente I de la Fuerza Pública percibirá entre ¢749.000 y ¢886.000 y un oficial legal antidrogas, entre ¢1,4 millones y ¢1,6 millones. En ambos casos, los montos dependen de si el funcionario tiene disponibilidad y desarraigo (traslado a zonas externas de la GAM y alejadas de su domicilio).
El asesor de confianza de un ministerio ganará ¢2 millones, siempre que sea licenciado y califique como experto, al tiempo que un chofer en puesto de confianza devengará ¢406.000.
Un embajador cobrará entre ¢3,6 millones y ¢3,8 millones.
El sueldo de un médico jefe de departamento (no de la CCSS) irá de ¢2,3 millones a ¢2,5 millones, dependiendo de la disponibilidad y el desarraigo.
Un microbiólogo (no de la CCSS) ganará de ¢1,3 millones a ¢2,6 millones y un veterinario de ¢1,4 millones a ¢3 millones según la categoría y las condiciones.
Estas remuneraciones rigen para los empleados de los ministerios y sus órganos desconcentrados, así como para las instituciones que no tienen autonomía o independencia constitucional.
Las familias se dividen en las siguientes categorías:
b) Personas servidoras públicas que se desempeñan en funciones en ciencias de la salud.
c) Personas servidoras públicas que se desempeñan en funciones policiales.
d) Personas docentes contempladas en el Estatuto del Servicio Civil, del título II y el título IV.
e) Personas docentes y académicas de la educación técnica.
f) Personas servidoras públicas que se desempeñan en funciones del servicio exterior.
g) Personas servidoras públicas que se desempeñan en cargos de confianza.
El salario global fue introducido por la Ley Marco de Empleo Público con el objetivo de frenar el crecimiento desmedido del gasto salarial, el cual era empujado por incentivos como las anualidades, que dependían del tiempo laboral.
