Gobierno propone comisión mixta para ver caos en salarios

El Gobierno les propuso a los diputados formar una comisión mixta para estudiar y tomar medidas que ayuden a disminuir el costo de los incentivos salariales para el sector público, así como la brecha que deja en desventaja a los funcionarios de los ministerios frente a sus colegas de otras instituciones.

La comisión estaría integrada por diputados, empresarios, sindicatos y el Ejecutivo, representado por las carteras de Planificación, Hacienda, Presidencia y Trabajo.

Así lo planteó este martes la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, quien pidió una participación equitativa para cada sector en su exposición ante el plenario sobre el desorden existente en el sistema de salarios del sector público.

Para Sánchez, la comisión debería tomar decisiones en un plazo de seis meses.

Sin embargo, el plan fue rechazado por la mayoría de diputados, excepto por la fracción oficialista de Acción Ciudadana (PAC). En el caso del libertario Otto Guevara, criticó que una comisión haga un nuevo diagnóstico cuando ya existen varios proyectos sobre el tema.

Antonio Álvarez Desanti, de Liberación Nacional, dijo que la propuesta consiste en seguir haciendo estudios, por lo que considera que el Gobierno evade meterle mano al asunto.

Poco antes, el presidente Luis Guillermo Solís aseguraba que cada institución pública debe evaluar medidas para atenuar el gasto en salarios y pluses.

Lo dijo tras conocer la decisión del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de no otorgar incentivos a los nuevos empleados, mediante la adopción de un salario único.

Sánchez no recomienda aplicar ese sistema para todo el sector público, porque cree que implicaría subir salarios para equipararlos, con un gasto inicial fuerte.

El caos. “Hay importantes brechas salariales (…). Los sueldos básicos pierden participación y los incentivos incrementan”. Esas dos frases del informe que la ministra presentó al Congreso admiten el desorden que existe en el empleo público.

Sánchez reconoció que el crecimiento acelerado de los gastos en pluses es insostenible para las finanzas del Estado, al tiempo que cuestionó las diferencias salariales entre funcionarios de los tres poderes de la República.

En el documento, el Ejecutivo advierte de que el costo de las anualidades, dedicación exclusiva, horas extra y demás beneficios, superó el de los sueldos base en el Presupuesto Nacional, entre el 2011 y el 2014.

Los incentivos pasaron de representar un 41% a un 42%; mientras que los pagos básicos, de un 42% a un 40%.

Esa alza fue impulsa por la partida de “otros incentivos”, donde se incluye el pago extra que se les paga a los policías por el riesgo que corren en su función, o bien, a los educadores por trabajaren zonas de menor desarrollo.

El informe insiste en que los funcionarios del Gobierno ganan menos que sus similares en la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, así como en la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes.

Un chofer de un ministerio gana ¢274.000 mensuales, un 27% menos que en la Defensoría (¢375.000) y un 37% por debajo que en la Corte (¢435.000).

Sánchez expuso dos decisiones que dispararon el gasto en salarios: la primera se dio con Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), cuando la planilla del Estado aumentó en 6.000 plazas.

La segunda se generó en el segundo mandato de Óscar Arias (2006-2010), cuando se intentó cerrar la brecha salarial entre los profesionales del Gobierno Central y sus colegas de instituciones, mediante un alza salarial. No obstante, funcionarios de entidades como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reclamaron una medida similar y la brecha se amplió de nuevo.

Otro de los puntos señalados en el diagnóstico del Mideplán es que una reducción de la planilla no ayudaría a disminuir el déficit fiscal, que hoy roza el 6% del producto interno bruto (PIB). Para generar un impacto del 1% del PIB, según cálculos, habría que suprimir más de 20.000 plazas, lo que podría afectar servicios de Educación y Seguridad, que concentran a más empleados.

“Para llegar a dicha cifra sería necesario eliminar plazas de maestros o policías, que representan la mayor proporción de funcionarios públicos, o cerrar otras entidades clave para el sector público. Por supuesto, que esta peligrosa y radical medida significaría desmantelar la institucionalidad pública”, indica el informe de 47 páginas.