Diez instituciones públicas llegaron al grado de que gastan más dinero en los pluses de sus empleados que en los salarios base.
Entre todas, en el 2014, estas entidades consumieron más de ¢533.000 millones en anualidades, horas extra, dedicación exclusiva, prohibición y otros incentivos. La cifra es un 16% superior a los ¢460.000 millones que pagaron en sueldos base, según datos de la Contraloría General.
Las instituciones son la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope), la Junta de Protección Social (JPS) y el Consejo Nacional de la Producción (CNP), así como las universidades de Costa Rica (UCR), Estatal a Distancia (UNED) y el Instituto Tecnológico (ITCR).
Los incentivos tienen, en general, un ritmo de crecimiento mayor que los salarios base. Entre el 2010 y el 2014, los primeros crecieron un 12% por encima de la inflación en estas entidades y, los segundos, un 10%.
Más de la mitad del dinero de los pluses se emplea en el pago de anualidades (¢278.000 millones), porcentaje adicional que los empleados reciben en su salario por cada año trabajado, de manera que, a mayor antigüedad, mayor es el beneficio económico.
El viceministro de Trabajo, Harold Villegas, reconoce que cada institución debe hacer más rigurosos los criterios para escoger cuáles empleados las merecen.
“Lo que hemos dicho, y es política de este Gobierno, es que el pago de anualidades no se puede hacer automático por antigüedad, sino que debe haber criterios de evaluación de por medio. No todos los funcionarios merecen este beneficio”, declaró Villegas.
La CNFL y Recope, por ejemplo, invierten más dinero solo en ese incentivo que en salarios.
La Compañía culpa a la fórmula que se empleaba para calcular las anualidades. Según el asesor financiero de la institución, Jorge Pacheco, ese beneficio del 4,5% se definía sobre el salario bruto –que incluye pluses salariales, como la dedicación exclusiva– en vez del salario base.
A partir de este año, el cálculo se hará con base en el sueldo básico, gracias a un acuerdo firmado en diciembre con el sindicato.
Recope también procura negociar modificaciones en pluses.
La UCR y el INS destinan montos similares a anualidades y sueldos base. La casa de enseñanza gasta ¢45.000 millones y el Instituto, ¢13.800 millones.
El rector de la UCR, Henning Jensen, admitió que ese plus ocasionaría una crisis y pide bajar el pago por anualidad de 5,5% a 3%.
El INS, por su parte, alega que el alto costo en anualidades se debe a que su personal tiene, en promedio, 17 años de laborar allí.
Otros pluses. El segundo mayor rubro es el de horas extra. El año pasado, esas 10 instituciones gastaron ¢120.000 millones, aunque solo la CCSS acaparó ¢112.000 millones, es decir, el 93%.
En prohibición y dedicación exclusiva, las entidades invirtieron ¢98.000 millones. Esa compensación la reciben algunos empleados por no ejercer su profesión de manera libre.
En “otros incentivos” se destinan ¢36.000 millones. Entre ellos, están los pagos por trabajar en zona rural, años de experiencia laboral, o bien retribución por títulos universitarios.
Estas diez instituciones, junto a otras 17, tienen los mayores presupuestos entre entidades descentralizadas. Entre todas, en el 2014, gastaron ¢669.600 millones en pluses salariales y ¢702.680 millones en salarios básicos.
