El gobierno cerró el primer periodo de sesiones extraordinarias del año legislativo en curso con una mínima cosecha de leyes aprobadas por el Congreso. Entre mayo y julio solo se aprobaron dos proyectos de peso.
Según los diputados, el resultado es producto de que el Poder Ejecutivo envía proyectos mal redactados o incluso inconstitucionales, además de que rehúye a la negociación al excluir iniciativas solicitadas por los demás partidos políticos para atender problemas urgentes del país.
Durante este lapso quedaron sin aprobarse reformas al impuesto de renta y leyes sobre seguridad ciudadana.
“Fueron meses que no se aprovecharon para aprobar proyectos que realmente fueran transformadores para la economía costarricense, con excepción de algunos que fueron importantes”, resumió el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, quien anunció que dará un reimpulso a la agenda de seguridad.
Las únicas dos iniciativas de peso aprobadas son la de manejo eficiente de la liquidez en las instituciones del Estado y el plan para ampliar el uso de las intervenciones de telecomunicaciones a investigaciones sobre feminicidios, extorsiones y homicidios simples.
El primero es un proyecto propuesto por la Contraloría General de la República (CGR) y adoptado por varias bancadas durante el anterior Congreso, el cual recibió impulso del actual gobierno. Ordena a las instituciones públicas trasladar sus fondos de los bancos comerciales públicos al Banco Central de Costa Rica (BCCR), con el objetivo de generar ahorros mediante un manejo eficiente de los recursos, una vez centralizados.
La segunda ley, la de intervenciones, la planteó el Poder Ejecutivo y forma parte de los planes de seguridad consensuados entre los supremos poderes.
Esta cosecha es baja en comparación con sesiones extraordinarias anteriores. Por ejemplo, la administración de Carlos Alvarado logró la aprobación de ocho proyectos en agosto del 2019, cuando el primer periodo de sesiones extraordinarias era de solo un mes, de acuerdo con datos del Programa Estado de la Nación (PEN). Además, el gobierno anterior logró sacar 20 leyes en el periodo mayo-julio del 2021.
En el 2020, se aprobó una reforma constitucional para dividir los periodos de sesiones extraordinarias y ordinarias en trimestres, dos para el Gobierno y dos para los diputados. Antes, el Ejecutivo tenía un mes en agosto y cinco meses de diciembre a abril.
El propio Chaves logró la aprobación de nueve proyectos en su primer periodo de extraordinarias, entre mayo y julio del 2022. Así consta en los datos del PEN.
Tratados, presupuestos y asuntos menores
De alrededor de 100 proyectos de ley convocados por el gobierno a lo largo de los últimos tres meses, solo se aprobaron 14 en segundo debate.
Aparte de los dos de peso, los otros corresponden a tratados internacionales, presupuestos, asuntos comunales y reformas menores, como la que redujo en un 50% los aranceles para el ingreso de trabajadores agrícolas extranjeros y la ampliación de una amnistía que evita el cierre de negocios que no declararon el IVA en la pandemia, por razones tributarias.
El gobierno cree haber sacado una importante cosecha de proyectos, entre los que cita el acuerdo comercial con Ecuador y la incorporación plena de Costa Rica al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), pero la oposición es más crítica y achaca el estancamiento legislativo a una deficiente negociación del Ejecutivo, desenfoque en las prioridades y exceso de atención en la llamada “ley jaguar”, la cual resultó tener vicios de inconstitucionalidad.
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Agenda de seguridad demorada y planes fiscales rezagados
En el tintero del Congreso se quedaron los planes de la agenda de seguridad ciudadana consensuada, desde el mes de enero, por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Por ejemplo, se quedó en el plenario el plan para ampliar el margen a fin de que los jueces dicten prisión preventiva a sospechosos de delitos graves como homicidios, legitimación de capitales o abusos sexuales.
En discusión de primer debate también quedó el proyecto de extradición de nacionales por narcotráfico y terrorismo.
A su vez, debió ser retrotraído a primer debate, para enmendar errores, la iniciativa para permitir el secuestro de capitales que surjan sin causa lícita aparente, lo que incluye propiedades, autos de lujo o cuentas bancarias.
En tanto, la agenda fiscal del gobierno avanzó poco. La iniciativa de renta global dual está estancada en la comisión de Hacendarios y el proyecto de fortalecimiento de la deuda pública quedó en el plenario a la espera de que se habilite el segundo día para recepción de mociones de ajuste.
Tampoco se aprobaron las iniciativas de jornadas laborales 4-3 y armonización eléctrica, que eran prioridad de Casa Presidencial.
Oposición responsabiliza al gobierno
La bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) señaló que la discusión en las sesiones extraordinarias se centró básicamente en el primer texto de la denominada “ley Jaguar”, presentado a inicios de junio y declarado como inconstitucional por la Sala IV.
Oscar Izquierdo, jefe de bancada del PLN, dijo que desde el 1.° de mayo se le planteó al Ejecutivo una lista de prioridades para el periodo extraordinario, pero sostuvo que el gobierno solo envió proyectos cuestionados y mal redactados e inconstitucionales, como el plan sobre el referéndum.
La bancada verdiblanca criticó que, en estos tres meses, algunas comisiones legislativas no tuvieron convocatoria de proyectos de ley, sobre todo las enfocadas en sectores sociales como los foros de la Mujer, Derechos Humanos, Discapacidad, Educación, Municipales y algunas provinciales.
María Marta Carballo, jefa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), admitió que, en términos generales, las sesiones extraordinarias no resultaron productivas. “Cada vez que el Poder Ejecutivo maneja la agenda es poco eficiente y eso pasa factura”, aseveró.
Luis Diego Vargas, vocero del Partido Liberal Progresista (PLP), lamentó la carencia de planes de su agrupación en la agenda y aseguró que la lista de planes convocados por el Ejecutivo tenía poca robustez, con el ánimo de hacer quedar mal a los diputados por el poco trabajo.
Señaló que el cambio de ministra de la Presidencia (Natalia Díaz cedió el cargo a Laura Fernández) afectó algunas negociaciones que se estaban desarrollando y ve, al mismo tiempo, una desconexión con las prioridades del país.
Para Antonio Ortega, jefe de bancada del Frente Amplio (FA), es evidente que la Asamblea es más eficiente en el periodo ordinario, donde los diputados negocian la agenda, puesto que las bancadas se ponen de acuerdo para avanzar con proyectos de todos.
Ortega criticó que el Ejecutivo se haya centrado en iniciativas sin consenso, poco importantes o no tan avanzadas. “Sabemos que a este gobierno, con ocho diputaciones, se le hace difícil imponerse en un periodo extraordinario, pero también ha fallado en la negociación y ha querido imponer proyectos sin acuerdos, como las jornadas 4-3 o generadores eléctricos”, señaló.
Presidencia resalta proyectos aprobados
Laura Fernández, ministra de la Presidencia, aseguró que los proyectos aprobados reflejan las prioridades del Ejecutivo, y que, en su mayoría, promueven el crecimiento económico y la seguridad nacional.
Destacó que el acuerdo comercial con Ecuador facilita la apertura de nuevos mercados y que la iniciativa sobre la intervención de las comunicaciones proporciona herramientas adicionales para combatir y sancionar el crimen organizado.
Fernández subrayó que la aprobación del plan para que el país sea miembro pleno del CAF ofrece acceso a líneas de crédito importantes a bajo costo, para sustituir deuda cara por deuda más económica y acceder a financiamiento clave para la construcción de infraestructura.
Pilar Cisneros, vocera del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), aseguró que la oposición se empeña en perder tiempo en sesiones extraordinarias. “Inventan debates reglados, una semana de vacaciones, una semana entera para Guanacaste, tardes enteras para aprobar benemeritazgos y ciudadanías de honor, recesos y más recesos, continuos rompimientos de cuórum”, se quejó Cisneros.
Sostuvo que ella se enfoca en la calidad de los proyectos en discusión y no en la cantidad.