El diputado Ottón Solís, de Acción Ciudadana (PAC) quedó lejos de obtener los votos de la fracción del Frente Amplio (FA) para alcanzar la presidencia del Congreso porque no le aceptó a esa bancada al menos ocho propuestas.
-Un acuerdo para aprobar un proyecto de ley de salario mínimo vital, que pretende modificar la fórmula para fijar las remuneraciones de los trabajadores del sector privado, agregando variables como gastos en alimentación, alquileres, vestimenta, agua, prendas de vestir, calzado, recreación, transporte y servicios de salud. Esa nueva metodología de cálculo aumentaría los salarios del sector privado en cerca de un 40%.
-Un plan que pondría tope a los intereses que cobran los emisores de tarjetas de crédito y los que cobran las tiendas que venden electrodomésticos a pagos.
-Un compromiso para no tramitar por la vía rápida una reforma a los pluses salariales del sector público. Entre otros aspectos, esa iniciativa limitaría el pago de anualidades, a los nuevos empleados públicos a un 2,54% sobre el salario base, lo que ahorraría unos ¢270.000 millones en las instituciones descentralizadas. Además, la iniciativa haría más rigurosa la evaluación de desempeño a los empleados públicos, de manera que las anualidades solo se les pague a los funcionarios de mayor rendimiento; y pondría límite a la renegociación de las convenciones colectivas.
Así lo detalló el diputado Edgardo Araya, quien negoció por el FA con Ottón Solís y con la Unidad Social Cristiana (PUSC), eventuales apoyos para el directorio legislativo.
A los frenteamplistas también los enfrió el hermetismo del Poder Ejecutivo sobre la iniciativa de Ley de Contingencia Fiscal que propusieron como alternativa a la reforma fiscal del Gobierno. El plan, dado a conocer el 24 de abril, incluye 14 medidas orientadas a la reducción del gasto, al aumento de los ingresos de manera progresiva y la disminución del fraude fiscal y la corrupción.
Entre esas medidas estaban el congelamiento de las remuneraciones de los funcionarios en los puestos más altos –como el presidente, los ministros y los diputados–, así como de otros trabajadores públicos que ganaran más de ¢5,4 millones. Asimismo, el proyecto proponía eliminar el subsidio a entidades financieras, subir los impuestos sobre el tabaco, aprobar un impuesto extraordinario y temporal sobre las bebidas alcohólicas; aumentar el costo del marchamo para los vehículos de más de ¢10 millones; así como incrementar los impuestos sobre los dividendos, las remesas y los intereses. Igualmente, propusieron prohibir la elusión fiscal.
En el único punto en el que hubo un acuerdo entre las bancadas fue en no aumentar el impuesto al valor agregado (IVA) del 13% actual.
Lo que el FA no le aceptó a Ottón
Solís y el bloque de cinco diputados del PUSC que lo acompañó en la larga jornada legislativa también se enfrentaron con el muro del FA cuando le propusieron a este grupo una reforma al reglamento legislativo para agilizar el la toma de decisiones en el plenario y comisiones.
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"No sabemos si esa reforma es para pasarnos la aplanadora", afirmó el legislador Araya.
El FA tampoco le aceptó al PUSC y a Solís la iniciativa para que en caso de que los presupuestos ordinarios de la República no se alcancen a votar, quede en vigencia el presupuesto del año anterior. Según el FA, lo que cabe en ese escenario es la aprobación en automático del plan de gastos propuesto por el Gobierno.
Ottón Solís también les propuso al FA flexibilizar los plazos y los requisitos que impone la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena) para otorgar permisos ambientales, con el fin de agilizar y acelerar el inicio y la ejecución de obra pública. Esa institución posee 80 funcionarios y a febrero pasado tenía unos 16.000 expedientes por resolver.
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Según Araya, el FA está de acuerdo con algunas reformas para hacer menos engorrosos los trámites en esa instancia técnica, no así en elementos que pongan en riesgo el medioambiente.
Por otra parte, las medidas de recorte al gasto en el Poder Legislativo que propuso Solís tampoco convencieron al FA.
"Estamos de acuerdo en reducir el gasto, siempre y cuando las medidas no afecten a los trabajadores actuales. Don Ottón nos dijo que en ese caso impulsaría la movilidad laboral voluntaria", contó Edgardo Araya a La Nación minutos después de las 4 p.m.
Esa falta de acuerdo entre Solís, el PUSC y el FA le negaría al diputado del PAC la presidencia del Directorio Legislativo, dejándole la puerta abierta a el o la candidata que impulse el bloque de bancadas encabezado por Liberación Nacional (PLN).
Edgardo Araya, sin embargo, dijo, en aquel momento del día, que sí podría votar por Ottón Solís en caso de tener que escoger entre este y el diputado evangélico Gonzalo Ramírez.
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"¡Que no quede ni la menor duda de que entre un fundamentalista religioso (Ramírez) y Ottón Solís, tocará votar por Ottón!", divulgó en su perfil de la red social Twitter, en horas de la tarde.
