Elian Villegas, ministro de Hacienda, descartó los proyectos de Hacienda Digital y de unificación de las compras públicas en la plataforma del Sicop dentro del plan de ajuste fiscal que se negociará, a partir del lunes 11 de enero, con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Dentro de las estimaciones que hacemos para las conversaciones con el Fondo, (Hacienda Digital) no lo sumamos porque es una medida de lo que ellos llaman no paramétrica y, entonces, ese tipo de medidas no nos la toman. Al igual que no nos tomaban tampoco el Sicop”, informó.
Hacienda Digital es un plan para modernizar los sistemas de cobro del Ministerio de Hacienda que se financia con un crédito de $156 millones del Banco Mundial (BM), el cual se aprobó el año pasado en la Asamblea Legislativa.
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Además de mejorar la eficiencia del gasto y la gestión de la deuda pública, el proyecto ayudaría a combatir la evasión fiscal y la elusión a través de la digitalización de trámites y controles cruzados.
En el diálogo multisectorial, donde se avaló la iniciativa, Hacienda hizo un cálculo inicial de una mejora de ingresos equivalente al 0,25% del producto interno bruto (PIB) a partir del 2023 con dicho plan.
Posteriormente, al finalizar esa mesa, en el mes de noviembre, la cartera elevó el rendimiento al 0,50% de la producción, unos ¢181.000 millones.
Por su parte, la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) ya existe. No obstante, en el Congreso se tramita una reforma par obligar a todas las instituciones a incluirse. El diálogo multisectorial estimó que generaría ahorros por el 0,10% del PIB, unos ¢36.000 millones.
Este ahorro sería por una única vez, estimó el Gobierno en el mismo diálogo, aunque la Contraloría General de la República calcula que sería el equivalente al 1,5% anual, unos ¢544.000 millones.
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Por otra parte, el ministro Villegas reiteró que el plan que se discutirá con el FMI, a partir del lunes, tendría un impacto del 4% del PIB o un poco más.
Dijo que el mayor componente será en la parte del gasto, donde la reforma al empleo público sería fundamental, así como la implementación de la regla fiscal que reduciría transferencias corrientes y compra de bienes y servicios.
“Tiene que ver con meternos adentro del aparato del Estado y disminuir la cantidad de dinero que se está gastando”, subrayó.
En contención del gasto, adelantó que el Gobierno enviaría una iniciativa al Congreso para ampliar la llamada norma 12, la cual es una disposición incorporada en el presupuesto ordinario 2021 que limita la contratación en plazas vacantes.
La idea, dijo el jerarca, es elevar a rango de ley ordinaria esa norma por el tiempo que dure la implementación del acuerdo con el FMI.
En la parte de ingresos, reiteró que no hay nuevos impuestos, salvo el de gravar con el 25% los premios de los juegos de la Junta de Protección Social por encima de los ¢225.000.
El resto incluiría reducción de exoneraciones fiscales, aporte de las empresas estatales y renta global, entre algunas medidas.
Sobre renta global, dijo que, en este mes de enero, se enviaría el proyecto de ley a la Asamblea.
“Estamos presentando al Fondo un programa de ajuste fiscal que hemos basado fundamentalmente en el recorte al gasto público que, en el año cuatro (de implementación), termina conteniendo un 66% de recorte contra un 34% por el lado de exoneraciones e ingresos”, calculó.
En cuanto a las negociaciones con la Asamblea Legislativa, aseguró que los diputados ya conocen la mayoría de las medidas del plan de ajuste fiscal.
Añadió que, durante el mes de enero se estaría enviando el resto de los proyectos de ley asociados al plan que restan y, en el mes de marzo, estaría llegando al Congreso el crédito de $1.750 millones con el Fondo y el acuerdo pactado.
