El fiscal general, Jorge Chavarría, rechaza la idea de despenalizar el narcomenudeo (tráfico de drogas en pequeñas cantidades). Para él, de ser aprobada esa medida, se generaría una mayor oferta de droga, lo que implicaría mayores problemas entre bandas que pelean por controlar territorios, con la consecuencia de más asesinatos.
Chavarría sale al paso de las declaraciones del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo, quien llamó a repensar las penas por el microtráfico, al considerar que hoy están llenando las cárceles por asuntos “de poca monta”. Por vender drogas se imponen de ocho a 15 años de prisión.
El fiscal cuestiona esa tesis y sostiene que es algo que no se puede menospreciar, pues, es a través del seguimiento a pequeños vendedores como las autoridades pueden llegar a las estructuras del crimen organizado.
Desde el 2011, Chavarría emitió una orden para no perseguir penalmente el microtráfico a menos de que haya otros delitos de por medio. Explicó que no todos los casos deben perseguirse, porque la política penal debe obedecer a una estrategia en busca de los cabecillas, más que a los pequeños traficantes.
Para el fiscal, el encarcelamiento de un gran número de personas por temas de narcomenudeo no es la mejor de las medidas, pues (y en esto coincide con Arroyo) provoca hacinamiento en las cárceles y no soluciona el problema de microtráfico. Esto, dice, no quiere decir que la Fuerza Pública deba dejar de patrullar e incautar la droga, pues esos registros son un insumo para seguirles la huella a los capos.
Por otra parte, acepta que, tal y como están organizadas las estructuras criminales transnacionales y nacionales ligadas al narcotráfico, una guerra frontal contra los grupos afincados en el país es “una guerra perdida”. La estrategia es debilitar las bandas, donde el seguimiento al narcomenudeo es estratégico. De seguido un extracto de la entrevista con La Nación:
Hay estudios que señalan que las políticas antidrogas no han llevado al país a una reducción en la venta y consumo de drogas. ¿Considera que eso es así?
Creo que hay que distinguir dos escenarios importantes: uno es el transnacional o internacional. A partir del 2005, más o menos, se inicia una evolución en las organizaciones criminales muy importante. Las políticas que se venían siguiendo a nivel internacional se vuelven insuficientes; hay una serie de elementos que es importante tomar en consideración: el desarrollo de las organizaciones criminales va de paralelo a otros desarrollos importantes en materia general de la humanidad, como la liberalización de mercados, el uso de los contenedores en transporte de mercancías, el abaratamiento de costos de transporte aéreo, las nuevas tecnologías, y eso, en síntesis, es globalización.
”A nivel mundial, cualquier ciudadano del planeta va a decir que la situación hace 20 años era muy diferente a la actual. El crimen organizado se ha fortalecido; esa es una realidad que todo el planeta está viviendo. En ese sentido, hay que hacer una revisión internacional de las estrategias que se están siguiendo en esta materia”.
¿Y el segundo escenario?
Si vamos a lo local, la historia, creo yo que es diferente. Nosotros, en primer lugar, tenemos que distinguir con el resto de América Latina, que en Costa Rica el consumo de drogas, sea cual sea, no es prohibido, es permitido. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con compararnos con otros países porque, por ejemplo, Perú tenía las cárceles llenas, pero de consumidores. Estados Unidos tiene las cárceles llenas de consumidores, en el Triángulo Norte de Centroamérica también. Perú, por ejemplo, vino y modificó la ley, porque tenía un hacinamiento terrible por consumidores, no por tráfico.
Entonces de allí viene la directriz (de la Fiscalía) del 2011 para no perseguir tenencia de drogas.
En el caso costarricense, nosotros hicimos un correctivo. El sistema penal no podía seguir operando como lo encontré yo en el 2010, cuando ingresé, en donde todos los fiscales estaban tramitando casos de consumo. Ese era el problema.
Por la tenencia.
Por la simple tenencia. Entonces la Fuerza Pública detenía a un muchacho en la calle, le hacía un registro, le encontraba un puro de marihuana o una piedra de crack, lo detenía, lo presentaba al sistema (ante el Ministerio Público); y el sistema empezaba a funcionar porque, una vez que se ingresa al sistema, se tiene que determinar si hubo o no hubo delito y, entonces, había un gasto tremendo y una inseguridad ciudadana muy pronunciada. Esto nos llevó a tomar una decisión: cerramos la puerta a los casos de la simple tenencia.
¿Y cómo sabían que era tenencia o microtráfico?
Obviamente era microtráfico, pero al que se estaba deteniendo, por las circunstancias de la detención (...) iba caminando por vía pública, lo detuvimos y tenía dos, tres cigarrillos de marihuana. Entonces, como no hay indicio de tráfico, se tiene como tenencia para el consumo. Entonces, esto generaba más de 65.000 casos que tenían mal ocupado el sistema. Tenemos apenas 500 fiscales; si les metemos 65.000 casos, por supuesto que hay una inseguridad ciudadana.
Porque distraen la atención de casos más fuertes.
Sí, de los casos más importantes y más fuertes. Eso fue un correctivo importante que hicimos pero, a la vez, dimos una instrucción, porque esto tiene una política de persecución muy clara. Hemos mantenido tres ejes de política de persecución: el primero es la desarticulación de organizaciones criminales (crimen organizado) con un abordaje efectivo de la inseguridad ciudadana a través de una serie de planes. Luego el tema anticorrupción, que tiene problemas muy particulares. En el tema contra el crimen organizado, nos reunimos con Fuerza Pública, PCD (Policía de Control de Drogas), OIJ (Organismo de Investigación Judicial) y nos concentramos en organizaciones criminales. Aquí tengo el dato de la PCD: con esta política desarticulamos 1.118 organizaciones criminales desde el 2006, hasta el 2016. De esas, 209 son internacionales, 909 son costarricenses y hay 270 narcofamilias. En esta materia, la tesis nuestra fue no penalizar el consumo como se estaba haciendo.
¿Y la tercera?
Concentrarnos en las ventas relacionadas con una organización criminal. A mí no me interesa que se decomisen 100 kilos, yo no quiero policías fotografiados con una tonelada. Pueden ser un kilo o tres piedras, pero con esas tres piedras desarticulan –porque trabajaron bien un caso– a una red. Por eso tenemos tantos grupos desarticulados. Aquí hay una modalidad de trabajo que debe tomarse en cuenta: PCD trabaja con el agente encubierto , verificando que el tipo está vendiendo y en mercados de cielos abiertos, que es donde hay ganancia. Ellos hacen una, dos, tres cuatro compras controladas de una dosis.
No se compra la tonelada pero le llegan a la organización.
Exactamente, cuando viene el allanamiento, ya entonces aparece una cantidad más grande de droga, pero lo que se compró fue una cantidad pequeña. Hay que tener mucho cuidado con decir que estos que están condenados ‘son angelitos, pobrecitos, es solo una dosis’, porque están vinculados a una red, a una organización y a un mercado complejo.
Usted dice que no se puede subestimar al microtráfico.
No. El control de la oferta en estas organizaciones locales, como en Sagrada Familia, Hatillo, la del Indio, el Pollo, donde se cuentan más de 250 muertos. Solo este año son 113 muertos.
¿Relacionados directamente con el microtráfico?
Sí, eso es microtráfico. ¿Por qué? Porque el delincuente transnacional paga con kilos de droga, porque a un kilo se le meten dos kilos de otras sustancias, y se transforma en crack. Entonces a un kilo, que podría costar $3.000 aquí, le sacan más de $15.000. Por eso es que es un negociazo en el que está metido un montón de gente.
Entonces, el microtráfico, a criterio suyo, debe seguir estando penalizado con cárcel.
Si quieren dañar a este país, despenalicen el microtráfico, despenalicen, porque de inmediato van a crear una presión de gente que quiere ir a ganar plata, porque ya no es delito. Hay un montón de costarricenses que no tienen trabajo en fuentes lícitas, y si usted les dice ‘no sería delito vender’, van a ampliar la oferta, y con eso va a aumentar el número de homicidios.
Por un tema de territorios.
Exacto, la gente del Pollo y el Indio no va a aceptar que otro muchachito se les vaya a meter en el mercado. Esto es en serio; eso no es para tomar números y hablar así, sin ver contextos y realidades sociales. Desde el 2010, cuando tuve las primeras reuniones con la Policía, lo dije: ‘olvidémonos de que vamos a combatir y de que vamos a ganar esta guerra, porque esta guerra no la vamos a ganar. Las organizaciones transnacionales son demasiado poderosas para que un país solo pueda combatirlas’.
Cambiar la pena por medidas alternativas y de justicia restaurativa, a criterio suyo, no es buen negocio para el país.
En materia de microtráfico no, ni de narcotráfico. Aquí quiero hacer una distinción; estoy hablando de microtráfico y narcotráfico en general y de crimen organizado. En relación con otras conductas, me parece que las penas alternativas sí son importantes (...). Lo vemos en México y otros países, hay un deterioro de la cultura de legalidad. Creo que, si una persona comete un delito, debe ser declarada culpable y debe sometérsele a una pena, pero no necesariamente a prisión. Eso creo que se debe corregir, porque ya vemos que el país no tiene capacidad y no soluciona el problema, pues no hay reinserción.