Esa fue la posición de Gómez ante los diputados que investigan los millonarios contratos de manejo de pauta estatal que diversas instituciones otorgaron a la agencia de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), varios de ellos sin concurso público, así como el uso que el gobierno dio a la donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
De hecho, el exdirector de Prensa rechazó responder si recibió instrucciones de Casa Presidencial para visitar jerarcas de instituciones estatales, junto a Bulgarelli, para ofrecerles los servicios del Sinart.
Además de ser contratista del BCIE para Casa Presidencial, la empresa de Bulgarelli, Nocaut, fue designada proveedora de servicios audiovisuales del Sinart a principios del 2023 por orden del expresidente de la empresa pública, Allan Trigueros, según había relatado la exdirectora jurídica, Mariana Fernández.
La pregunta sobre las presuntas gestiones hechas en compañía de Bulgarelli la hizo la diputada liberacionista Andrea Álvarez Marín, pero Gómez, quien actualmente se desempeña como asesor de prensa del Ministerio de Economía y Comercio (MEIC), se abstuvo de responder.
El exjefe de Prensa indicó a los legisladores que guardaría silencio debido a que es uno de los funcionarios que aparece en los audios de Presidencia, grabaciones hechas por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, los cuales revelan, entre otros hallazgos, detalles sobre la contratación irregular del empresario Christian Bulgarelli.
Navarro grabó reuniones en las que participó el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ministros y asesores de imagen.
“Siendo que las comunicaciones entregadas por Navarro Molina podrían contener información sensible y desarrollarse una línea de investigación en la que podría figurar como parte procesal, es mi decisión acogerme al derecho de abstención a declarar sobre aquellos aspectos que podrían atribuirme erróneamente algún tipo de responsabilidad”, señaló Gómez al leer una declaración.
Los audios de Presidencia, publicados por La Nación, revelan que Gómez fue uno de los participantes de la reunión celebrada el 14 de julio del 2022, en la que el mandatario se aseguró que su asesor de imagen, Federico Cruz, fuese parte del contrato de Bulgarelli.
Igualmente, participó en la sesión del 15 de julio del mismo año, en la que altos funcionarios de Casa Presidencial idearon un plan para ocultar la orden del mandatario, para suspender “toda publicidad” estatal en cuatro medios de comunicación: La Nación, Canal 7, CRHoy.com y el programa radial Nuestra Voz, de la periodista Amelia Rueda.
Temor a ser imputado
El legislador Ariel Robles, del Frente Amplio (FA) interrogó al exdirector de Prensa sobre su decisión de abstenerse a declarar, preguntándole si ya había sido imputado en la investigación sobre las grabaciones.
Si bien Gómez reconoció que en la actualidad no ha sido imputado, “nada descalifica que en un futuro lo sea”.
El periodista, quien estuvo en Zapote desde el 8 de mayo y hasta el 22 de noviembre del 2022, también alegó que con su silencio procuraba “resguardar y preservar mi integridad como individuo, frente al poder del Estado”.
Esa manifestación fue cuestionada por Dinorah Barquero, presidenta de la Comisión y diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).
“¿Cuál es la violación a su integridad a la que usted se refiere, cuando es un régimen de derecho, donde usted viene acompañado por su abogada, donde ha dicho que se abstiene a declarar? ¿Cuál sería esa preocupación de su integridad?”, consultó Barquero.
Al respecto, Gómez aclaró que no se refería a ninguna “persecución ni de esta Asamblea, ni de ningún cuerpo que integra los poderes de la República”. Explicó que su negativa de responder a las preguntas se motivaba en la investigación que realiza el Ministerio Público sobre el contenido de los audios y su vínculo con los mismos.
Gómez adujo que en virtud de que los audios tratan sobre temas del BCIE, no iba a contestar la pregunta.
Andrea Álvarez fustigó la decisión del exdirector de Prensa, asegurando que la abstención de declarar ante la Comisión era una potestad que el órgano tenía que tolerar, al ser una “práctica común de su gobierno”.
Ante la persistente negativa de Gómez a contestar las preguntas de los parlamentarios, la Comisión aprobó una moción para remitir al Ministerio Público un acta de la sesión, con el fin de que se investigue al exdirector de Prensa, por considerar su postura como abusiva y obstruccionista de la investigación legislativa.
La moción fue aprobada por Barquero, Robles, Álvarez y la diputada oficialista Ada Acuña, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
