Varias cámaras empresariales, colegios profesionales y fundaciones reaccionaron luego de conocer los resultados de la segunda ronda electoral, los cuales declararon como presidente electo a Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático.
La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria fue de las primeras en pronunciarse. Por medio de un comunicado de prensa, felicitaron al mandatario electo y expresaron que deben anotarse como prioridades la generación de empleo, la recuperación de la confianza de consumidores y empresas, la reducción del costo de la vida, el combate a la corrupción y la reducción del empleo informal. También, pidieron recuperar la calidad en la educación y modernizar las estructuras estatales.
La Fundación Costa Rica-Canadá también felicitó a Chaves y, a la vez, solicitó un compromiso con “el sector vivienda” y que no se recorten los presupuestos para la construcción de casas de poblaciones vulnerables.
“El Bono Colectivo es una de las herramientas que busca el mejoramiento de los barrios mediante un subsidio que brinda el Estado a través del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). A través de este bono, las condiciones de una vivienda dentro de un asentamiento mejoran, ya que se logran segregar lotes, obtener servicios de agua y electricidad oficiales y seguros, alumbrado público, asfaltado de calles, alcantarillado sanitario, aceras, zonas infantiles y verdes”, señaló Juan José Umaña, gerente general de Fundación Costa Rica Canadá.
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El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica emitió una lista de diez peticiones para el presidente electo, entre ellas reformas a la legislación financiera, impulsar la banca para el desarrollo, reforzar los órganos de control como las auditorías internas y otros, saneamiento fiscal y bajar el costo de la vida.
Por último, la Cámara Costarricense de la Construcción requirió tomar “medidas urgentes” para reactivar su sector productivo. Las siete peticiones de esa organización son: facilitar el acceso al crédito para vivienda de clase media, garantizar la disponibilidad del agua para el desarrollo, estimular la ejecución de obra pública, impulsar reformas en la gestión de obra pública, profundizar y acelerar la mejora regulatoria para el sector, frenar la participación desleal del ICE y UNOPS en actividades de consultoría, diseño y construcción de obras públicas y reducción del gasto público.
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