La científica Jacklyn Rivera Wong fue separada de la dirección del Programa de Humedales, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), cuatro días después de negarse a acatar una orden del ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, de reducir el área de uno de los 12 sitios protegidos en Costa Rica por la convención internacional sobre humedales, Ramsar.
Se trata de la zona de Gandoca-Manzanillo, en Talamanca, donde se localizan las dos fincas del empresario Allan Pacheco Dent, a quien la Fiscalía investiga porque sospecha que obtuvo, de forma ilegal, un permiso del Sinac para cortar árboles.
El 20 de agosto anterior, el ministro Tattenbach ordenó actualizar el mapa “de manera inmediata” con el fin de homologarlo con el mapa del Sinac que redujo el refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo. Sin embargo, tres días después, el 23 de agosto, Rivera Wong se opuso.
De haberse ejecutado el cambio, 188 hectáreas de bosque y humedales, excluidas del refugio en el 2014 a través de una ley que la Sala IV declaró inconstitucional cinco años más tarde, habrían quedado fuera de la protección internacional del acuerdo Ramsar para la conservación de estas áreas cruciales.
Así consta en los oficios DM-679-2024 y Sinac-SE-IRT-168-2024, ambos remitidos los días 20 y 23 de agosto a David Chavarría Morales, director ejecutivo a. i. del Sinac. Estos documentos fueron facilitados a La Nación por el diputado Ariel Robles Barrantes, del Frente Amplio (FA), quien denunció los hechos la tarde de este martes durante una intervención en el plenario de la Asamblea Legislativa.
En el primero de esos dos documentos, Tattenbach argumentó que el Programa de Humedales no tenía actualizada la información sobre los límites de este sitio Ramsar, pese a que, según Maylin Mora, directora del Área de Conservación La Amistad Caribe (Aclac), desde el 2015 se había enviado un mapa con la nueva delimitación.
“Por todo lo anterior, le solicito que me informe ampliamente los motivos de esta ausencia de actualización de mapas Ramsar y se proceda a realizar de manera inmediata la actualización correspondiente, la cual debe ser la misma que está en el Registro Nacional de Humedales, publicado en el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT)”, redactó el jerarca de Ambiente.
Rivera Wong: Convención está por encima de la ley
Rivera Wong, quien el pasado 27 de agosto fue trasladada, por tiempo indefinido, a la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad (Conagebio), respondió que ese ajuste técnicamente no era posible, de manera inmediata, por varias razones.
La experta aclaró que no era viable la solicitud porque en el 2015 se intentó cambiar el mapa, pero de la manera incorrecta, sin cumplir el procedimiento establecido. Incluso, la Secretaría de Ramsar devolvió a Costa Rica la modificación para las respectivas “correcciones”.
También subrayó que la Convención Ramsar sobre los humedales, suscrita por Costa Rica en 1991, prevalece sobre cualquier legislación nacional, incluida la ley 9223. Esta última es la norma que desafectó las 188 hectáreas de bosques y humedales, para pasarlas a manos privadas.
Rivera Wong hizo ver que la Sala IV declaró inconstitucional la norma 9223 y, en consecuencia, esa exclusión ya no tiene validez.
“No sería correcto comunicar a la Convención dicha información, ya que la Sala Constitucional emitió la resolución N.° 12745, en julio del 2019″, argumentó la entonces directora del Programa Nacional de Humedales en el oficio dirigido al director ejecutivo a. i. del Sinac, con copia al ministro Tattenbach.
No se trata simplemente de cortar humedales e informar
La funcionaria precisó que la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional solo contempla el retiro o reducción del área de un sitio Ramsar “por motivos urgentes de interés nacional”.
De no cumplirse lo señalado anteriormente, Costa Rica debe seguir un procedimiento de ocho pasos que culmina en la modificación del mapa. Rivera enfatizó que no es simplemente cuestión de reducir la zona e informar, sino que, desde un punto de vista técnico, el país está obligado a explicar y justificar las razones detrás de dicha decisión.
“En determinadas situaciones, la retirada o la reducción de los límites no se debe considerar aceptable en virtud de la Convención, especialmente cuando esa retirada o reducción se propone a fin de permitir o facilitar explotaciones futuras u otros cambios en el uso de la tierra en esa zona que no se justifican como ‘motivos urgentes de interés nacional’”, enfatizó la especialista, quien es ingeniera forestal, licenciada en Manejo y Protección de Recursos Naturales y Máster en Gestión y Auditorías Ambientales.
Además, Costa Rica tiene la obligación de presentar medidas de compensación. Esto significa que, si excluyó 188 hectáreas de bosque y humedales, tiene que incluir otras 188 que cumplan con las mismas condiciones biológicas.
Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el 2018, cuando se redujo la reserva biológica Lomas de Barbudal –que forma parte del Humedal Palo Verde y es sitio Ramsar desde 1991– para desarrollar el plan Paacume (Agua para Guanacaste).
En esa oportunidad se realizó un proceso de compensación que conllevó la adquisición por parte del Estado de tres fincas, que en conjunto medían 556 hectáreas.
Tercer traslado en el Minae
Jacklyn Rivera, de 42 años, es la tercera funcionaria del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) trasladada de puesto en los últimos dos meses.
A inicios de agosto, Mario Coto Hidalgo, quien se desempeñaba como director técnico de la Secretaría Ejecutiva, fue transferido a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), también en calidad de director técnico y “por tiempo indefinido”. Mientras, Juan José Jiménez Espinoza fue trasladado del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) a coordinador del Departamento de Participación Ciudadana y Gobernanza.
Este diario envió consultas al ministro Franz Tattenbach, a través de la oficina de prensa del Minae.
Información incompatible
Sobre el pedido de homologar el mapa con el registro nacional de humedales, Rivera Wong dijo que eso no era posible porque los sitios Ramsar “comprenden otros elementos que no son exclusivamente ecosistemas de humedal”.
“Incluye un área geográfica que puede contener poblados, carreteras, infraestructura y otros usos de suelo. Para el caso de Costa Rica, así aplica para todos los 12 sitios Ramsar designados, ya que lo que busca la designación es reconocer la interacción y el uso de los beneficios de los humedales por los seres humanos y la biodiversidad, incluyendo sus comunidades, comercios, poblados, etcétera”, detalló la funcionaria.
Los ocho pasos
Estos son los ocho pasos que el país debe cumplir para modificar un humedal, de acuerdo con el Manual 19: Cómo abordar la modificación de las características ecológicas de los humedales, si pretende reducir este sitio Ramsar.
Rivera Wong precisó que cualquier información debe presentarse a más tardar el 23 de octubre próximo, para su análisis posterior en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP15), a realizarse en junio del 2025.
1. Si no existe una razón de interés nacional, fundamentar y corroborar por qué se retiraría o reduciría un humedal.
2. Si el sitio Ramsar sufrió un cambio en las características ecológicas debido a la actividad humana, se debe informar sin demora a la Secretaría de Ramsar.
3. Considerar si es necesario solicitar asesoramiento al Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT), si sería útil añadir el sitio al Registro de Montreux, si se debería solicitar una Misión Ramsar de Asesoramiento y si es apropiado solicitar asistencia de emergencia, en virtud del Fondo Ramsar de Pequeñas Subvenciones.
4. Evaluar las características ecológicas actuales del sitio y establecer si todavía cumple con uno o más de los criterios para ser considerado un humedal de importancia internacional.
5. Establecer si el cambio en las características ecológicas es verdaderamente irremediable, si existen posibilidades de remediar la situación, definir las condiciones en las que el cambio puede invertirse y restaurarse.
6. Si la reversibilidad es posible, controlar los rasgos ecológicos decisivos del sitio y, después, reevaluar la situación con respecto al cumplimiento de los criterios.
7. Informar sobre la recuperación del sitio y preparar y remitir una ficha informativa de Ramsar actualizada en la que se identifiquen los cambios ocurridos.
8. Preparar un informe sobre la restricción de los límites del sitio, el cual debe incluir, entre otras cosas, una descripción de la pérdida de las características ecológicas y las razones, así como una descripción de cualquier evaluación realizada y sus resultados, las medidas adoptadas para procurar la recuperación del sitio, las propuestas para disponer la compensación y los mapas pertinentes. Además, se debe incluir una Ficha Informativa sobre los Humedales de Ramsar (FIR) actualizada.
Investigaciones en el Ministerio Público
Las fincas cuestionadas están a nombre de la firma Playa Manzanillo S. A., cuyo representante legal es el empresario Allan Pacheco Dent, conocido del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
La Fiscalía Adjunta Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción sospechan que el Sinac otorgó permisos ilegales de tala para derribar árboles en esas propiedades, que en conjunto miden 15,2 hectáreas.
Como parte del expediente abierto contra Pacheco Dent y otros cuatro imputados, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó tres peritajes en las fincas cuestionadas y uno de ellos concluyó que están cubiertas en un 85% por humedales.
Otro halló que al menos 4,6 hectáreas contienen bosque. Esas dos características hacían imposible que el Sinac otorgara una autorización para talar bajo la modalidad de inventario forestal, en la cual se requiere que no existiera bosque, según un decreto del 2014.
El caso del supuesto otorgamiento ilegal de un aval para cortar árboles se suma a otro que la Fiscalía General abrió en contra de Pacheco Dent, al presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, por un supuesto tráfico de influencias. Se investiga el uso de una finca de la familia del empresario, en Barva de Heredia, para realizar actividades del Gobierno y una serie de visitas que este realizó a Casa Presidencial.
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