Diputados de cuatro partidos de oposición fustigaron la decisión del Consejo de Gobierno de suspender de forma inmediata a cinco directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por el acuerdo de aumentar el salario de forma retroactiva a los 63.000 funcionarios de esa institución.
Los congresistas alegan que la suspensión no tiene fundamento legal y quebranta los principios de autonomía y representatividad que rigen en el seguro social.
Jonathan Acuña, jefe de la bancada del Frente Amplio (FA), recordó que la Junta Directiva de la institución está conformada por tres representantes del Gobierno, tres de los patronos y tres de los trabajadores, para que las decisiones sean debatidas y no respondan a intereses de un sector en particular.
“El señor presidente (Rodrigo Chaves), junto con el Consejo de Gobierno, ha decidido pasar por encima a esos principios de participación democrática tripartita; ha decidido tirar por la borda esa participación necesaria en la toma de decisiones de esas tres partes”, dijo Acuña.
Enfatizó que, en este caso, coincidieron sindicatos y las cámaras empresariales y que el país no se gobierna “a golpe de timón, a punta de decisiones que lo que buscan es alimentar la discusión pública.
La diputada Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN), manifestó que la suspensión de cinco de los nueve miembros de la Junta Directiva de la Caja representa “un golpe de estado técnico sin fundamento ni precedentes”.
“Protesto por este nuevo ataque del Gobierno a la Caja Costarricense de Seguro Social y pido, con respeto y firmeza, que el presidente Chaves desista de semejante despropósito”, expresó Barquero.
En tanto, la diputada Gloria Navas, del Partido Nueva República (PNR), señaló que la suspensión de los directivos no tiene fundamento jurídico.
Navas señaló que el Consejo de Gobierno solo tiene potestad de remover a los representantes del Poder Ejecutivo y, sobre los otros, solo puede hacerlo cuando “llegue a declararse en su contra alguna responsabilidad legal”.
“Nada de esto ha ocurrido y sumemos las amenazas proferidas en conferencia de prensa. Es un abierto irrespeto al ordenamiento jurídico legal y constitucional”, expresó la congresistas de Nueva República.
Por otra parte, la legisladora Daniela Rojas, jefa de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), manifestó que la bancada aún no ha discutido ese tema para determinar un pronunciamiento en conjunto.
No obstante, declaró que su criterio es que “esto perjudica el funcionamiento de la institución y pone en riesgo decisiones importante que solo puede tomar la Junta Directiva”.
Organizaciones como la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol), el Movimiento Solidarista Costarricense (MSC), el sindicato Unión Médica Nacional (UMN), y el Colegio de Médicos de Costa Rica, se han pronunciado en contra de la decisión del Gobierno.
La decisión del Consejo de Gobierno
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció la decisión de suspender de forma inmediata a cinco directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social, luego de estudiar una denuncia anónima en contra de los miembros de la Junta Directiva.
En ese mismo espacio, informó Chaves, el Consejo de Gobierno acordó denunciar penalmente a esos funcionarios, así como al expresidente ejecutivo, Álvaro Ramos, por el aumento salarial.
Ambas decisiones, expuso el mandatario, se basan en el hecho de que los directivos y el anterior jerarca aprobaron un aumento de carácter retroactivo que costará ¢29.000 millones para cubrir los años 2020, 2021 y 2022, así como otros ¢10.000 millones anuales en el futuro.
Rodrigo Chaves dijo que los directivos tomaron esa decisión pese a que un informe de la Dirección Actuarial alertó que, de aplicarse el aumento, las reservas del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) se acabaría en el año 2026, y no en 2027, como estaba previsto.
Por el contrario, Álvaro Ramos sostiene que actuaron en derecho, en cumplimiento de un decreto ejecutivo que justamente firmó Rodrigo Chaves, cuando fue ministro de Hacienda, durante la administración de Carlos Alvarado.
En entrevista con La Nación, el exjerarca de la CCSS manifestó lo siguiente: “La secuencia de decretos ejecutivos es esta: a finales del 2019 se firma un decreto ejecutivo que autoriza este aumento salarial, que por cierto lo firma don Rodrigo Chaves, en calidad de ministro de Hacienda”.
“A principios del 2020, se suspende el pago del aumento pactado, por motivo de la pandemia, usando otro decreto ejecutivo. A mediados del 2022, el ahora presidente Rodrigo Chaves deroga el decreto de emergencia por la covid-19 e implícitamente deroga el sustento para continuar con la suspensión del pago del aumento salarial.
LEA MÁS: Álvaro Ramos: ‘Me sentí utilizado’ en caso de Parque Viva
Otro de los argumentos esgrimidos por la actual jerarca de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel, para fundamentar la remoción de los directivos, es que cinco de ellos recayeron en conflicto de interés al votar el aumento salarial teniendo familiares que se beneficiarían de ese acuerdo.
