Los diputados frenaron, este jueves, la aprobación en primer debate de un proyecto para sancionar a las empresas implicadas en delitos de soborno transnacional, luego de que diputados del PUSC lanzaran dudas sobre las sanciones a las personas jurídicas implicadas en esa conducta ilegal.
El interés en que la iniciativa se tramite lo antes posible obedece a que se acortan los tiempos para que el Gobierno reporte, en junio, los avances en el proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Precisamente, el plan sobre responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos, expediente 21.248, es uno de los requisitos para avanzar en el ingreso a ese club de países.
Las últimas mociones de fondo se debatieron este miércoles en la comisión especial para dictaminar los proyectos para ingresar a la OCDE y el informe llegó al plenario prácticamente con carácter de urgencia.
Sin embargo, cuando el socialcristiano Pedro Muñoz se enteró de que se aprobaría el plan en primer debate, lanzó el grito al cielo y obligó a jefes de fracción a sentarse con él. Según Muñoz, la figura del decomiso de bienes prevista en el artículo 25 del proyecto es excesiva.
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Ese artículo dice: “Todos los bienes muebles o inmuebles, vehículos, instrumentos, valores, equipos y demás objetos que se utilicen en la comisión de los delitos previstos en la presente ley, así como los diversos bienes o valores provenientes de tales acciones, serán decomisados preventivamente por la autoridad competente que conozca de la causa; lo mismo procederá respecto de las acciones, los aportes de capital y la hacienda de personas jurídicas vinculadas a estos hechos, que se encuentren en el país o fuera de él”.
Muñoz alega que, a él, eso le huele a una especie de “extincioncita” de dominio. “Por un lado, estamos viendo cómo acortar la extinción de dominio del otro proyecto, y aquí tenemos una extincioncita”, alegó.
En realidad, el diputado socialcristiano llega tarde a la discusión de una iniciativa legal que ya se había dictaminado y cuyas mociones de fondo ya se tramitaron. Así lo reconoció el socialcristiano, quien no estuvo en la comisión especial y, además tenía un compañero de su fracción allí: Erwen Masís.
“Apenas me estoy empapando del tema. Hay que ver cuáles son las obligaciones internacionales que tiene que cumplir Costa Rica con la OCDE”, reconoció el socialcristiano.
De acuerdo con Muñoz, hay países donde no existe la responsabilidad penal de las empresas jurídicas. Dijo también que varios miembros de OCDE cumplen con sanciones de otra manera, según él, de tipo administrativas.
‘Se refiere a un proceso penal’
Si bien el jefe de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales, respetó las dudas que lanzó Muñoz, refutó que se parezca de alguna manera a la polémica extinción de dominio, pues en el caso de esa otra figura que se tramita en un proyecto de ley, se trata de un proceso sin contexto penal.
“El decomiso del que habla este proyecto está referido a un proceso penal”, apuntó el oficialista.
De hecho, las sanciones para las empresas tienen que ver con delitos de sobornos a funcionarios, en todas sus variantes, tanto que se cometan en el país como internacionalmente, además de los delitos en que se presiona a funcionarios para que hagan algo o lo dejen de hacer.
“Esa es la opinión de él, pero nos parece que solo es una cuestión de aclarar un poquito. Hay que trabajarlo técnicamente”, comentó Morales Mora.
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Ivonne Acuña, la diputada que coordinó la subcomisión donde se hizo el primer estudio del proyecto, explicó que los diputados dudosos no habÍan visto el fondo del proyecto y que se hicieron varias reuniones, este jueves por la tarde, para tratar de aclarar los puntos.
De todas formas, se le dio tiempo a Muñoz de que aclare sus dudas para el lunes, con el objetivo de que, si son válidas, se modificará de alguna forma la iniciativa en el plenario, y luego se le dará primer debate.
El presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, comentó que la idea es dejar el proyecto aprobado en dos debates la próxima semana, precisamente por la urgencia del Estado costarricense por cumplir con los plazos impuestos por la OCDE para entrar en la organización.
OCDE es una organización que agrupa a 36 países, con el objetivo de promover políticas de mejora en aspectos económicos y sociales, a través de la fijación de estándares internacionales de legalidad, transparencia y políticas públicas, entre otros, para sancionar prácticas de corrupción, competencia desleal y poco transparentes de los actores públicos y privados de los estados miembros.
