Avanzó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que eleva las multas para las empresas que cometan delitos de soborno doméstico y trasnacional, además de que aumenta nuevamente las penas de cárcel para los funcionarios públicos que reciban dádivas o favores por sus funciones.
Ya en el 2016, los diputados habían ampliado el concepto de soborno trasnacional, con el fin de salir de la lista de países no cooperantes en el combate contra la corrupción. En esa época, los legisladores habían elevado las penas para empleados públicos que aceptaran o pidieran sobornos hasta los 10 años.
Ahora, avanza una nueva iniciativa, en el seno de la comisión especial que tramita los proyectos requeridos para ingresar en la Organizción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo objetivo es sancionar duramente a las empresas que prometan o den sobornos a empleados para que cometan actos o dejen de hacer gestiones, con tal de favorecerse.
De esa forma, las multas a las empresas oscilarían, ya aprobada la iniciativa legal, entre los ¢446 millones y los ¢4.462 millones.
Se trata del proyecto de ley N.° 21. 248, Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno trasnacional y otros delitos, que reforma varios artículos del Código Penal y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
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Para sancionar a una persona jurídica con tales multas, tendría que haber cometido delitos de enriquecimiento ilícito, soborno trasnacional o doméstico, administración en provecho propio, sobreprecio irregular, falsedad en recepción de bienes o servicios contratados, pago irregular de contratos administrativos, tráfico de influencias o influencia contra la hacienda pública.
Hoy, las multas que se cobran a las personas jurídica que incurren en esas infraccion son mucho menores, pues van de los 20 a los 100 salarios base, es decir, de ¢8,9 millones a ¢446 millones.
Tal como explicó la diputada Ivonne Acuña, coordinadora de la subcomisión encargada de estudiar el proyecto, la idea no solo es castigar duramente a los funcionarios que delincan, sino también ir detrás de las empresas que promuevan esas prácticas irregulares.
“Va tras las empresas que pretengan sobornar. Es un proyecto muy riguroso y trae penas cuantiosas. También es muy específico sobre las penas”, indicó Acuña.
En ese sentido, la legisladora alegó que se le brinda un instrumento muy específico al juez, para que pueda determinar cuál pena debe aplicar según los delitos cometidos.
Además, la iniciativa no solo castigaría a las empresas privadas que incurran en esos delitos o sus representantes jurídicos, sino también a las empresas públicas estatales o no estatales, así como a las instituciones autónomas.
Aparte de tener que afrontar fuertes sanciones económicas, las empresas reponsables por este tipo de infracciones podrían afrontar otro tipo de castigos, como la inhabilitación de recibir subvenciones y ayudas públicas, o de contratar con el Estado durante un periodo de diez años.
También se les impediría recibir beneficios fiscales o se les cancelaría contratos que tengan con el Estado. Eventualmente, hasta se ordenaría la disolución de la persona jurídica responsable de esa conducta irregular.
Castigos más duros por soborno
Además de las fuertes multas por ofrecer sobornos, la persona que ofrezca dádivas a un funcionario se podría enfrentar a penas de prisión de hasta 12 años. Este castigo se podría aplicar a representantes de personas jurídicas que incurran en la falta.
Actualmente, la diferencia radica en si el delito que se comete es cohecho impropio (cuando se ofrece un soborno para que un funcionario haga algo propio de sus funciones) o cohecho propio (cuando se soborna a un empleado público para que haga algo contrario a sus funciones o deje de hacer algo propio de su labor).
Con la iniciativa legal que se tramita en el Congreso, sobornar a un funcionario tendría la misma pena: cárcel de 4 a 12 años.
También, si la persona jurídica o funcionario recibe, legaliza, encubre o legitima bienes o activos productos de un soborno, enfrentaría una pena de prisión que va de 1 a 8 años.
En el caso de los funcionarios públicos, también enfrentarían pena de 4 a 12 años si reciben un soborno trasnacional.
En el caso de los sobornos domésticos, o sea, que los reciben de empresas o personas nacionales, la ley los trataría diferente.
Si reciben dádivas para hacer algo propio de sus funciones (cohecho impropio), entonces la pena sería de 1 a 5 años; hoy ese castigo va de los 6 meses a los 2 años.
Si un funcionario público recibe dinero o regalos para hacer algo contrario a sus funciones –o dejar de hacer algo que sí debe hacer– de parte de empresas nacionales (cohecho propio), la sanción sería de 4 a 10 años.
Las penas mayores implicarían corrupción agravada de parte del funcionario público, o sea, que reciba esos sobornos para dar puestos a alguien, o bien pensiones, así como hacer favores en relación con tarifas públicas, cobro de impuestos, pago de seguro social o beneficios en contratos públicos. En estos casos, la sanción de cárcel llegaría hasta los 13,3 años de prisión.
En caso de que los tribunales encuentren a una empresa o persona física como culpable de falsificación de registros contables de una empresa o individuo, o de llevar doble contabilidad, o bien, cuentas fuera de los libros, se crea una nueva pena de cárcel, que va de 1 a 6 años.