Los diputados dispensaron de todo trámite un proyecto de ley para extender por seis meses más la autorización para reducir jornadas laborales en el sector privado por causa de la pandemia de coronavirus.
La moción fue aprobada en el plenario con 44 votos a favor y tres en contra, este martes, en el plenario legislativo.
La dispensa permite que el proyecto no pase por estudio de una comisión dictaminadora ni vaya a consultas obligatorias a instituciones, sino que se tramita directamente en el plenario de la Asamblea Legislativa.
A principios de marzo, el Congreso aprobó un proyecto de ley que permitió a los patronos reducir las jornadas de sus empleados hasta un 50%, en caso de que los ingresos de su negocio bajen un 20% por la emergencia.
La reducción de las horas de trabajo puede ser hasta de un 75% si la caída en los ingresos alcanza el 60%.
La ley autorizó la medida por un plazo de tres meses prorrogables por dos periodos iguales.
Ahora, una iniciativa de la diputada María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), plantea extender la autorización por seis meses más “en caso de que se mantengan los efectos del suceso provocador y así lo acredite la persona empleadora ante la Inspección de Trabajo”.
El plan también lleva las firmas de los socialcristianos Rodolfo Peña, Aracelly Salas, Óscar Cascante y Pablo Heriberto Abarca.
La flexibilización reduce el salario de los empleados en la misma proporción en que disminuyen sus jornadas.
Según un artículo publicado por La Nación el 8 de noviembre, al cumplirse ocho meses de la pandemia, todavía hay 217.900 personas que no han podido recuperar la situación laboral que tenían antes de la emergencia.
De ellos, 148.160 trabajadores tienen la jornada reducida y 69.740 tienen el contrato suspendido.
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El proyecto de ley argumenta que el plazo original de la ley están por vencer en diciembre y que, a la fecha, “se han presentado 7.164 solicitudes para reducir la jornada laboral, por lo que preocupa que muchos trabajadores que actualmente tienen sus ingresos reducidos en algún porcentaje podrán quedarse sin la posibilidad de continuar recibiéndolos, ya que la crisis económica que vive nuestro país indica que cada día son más las actividades económicas que se encuentran afectadas y las empresas que podrían cerrar del todo”.
En contra de la dispensa de trámite votaron Paola Vega y Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y José María Villalta, del Frente Amplio.
