Los diputados de la Comisión legislativa de Derechos Humanos evalúan impulsar una reforma legal que le permita a la Dirección General de Migración y Extranjería utilizar poco más de $3 millones que están ociosos en tres fideicomisos creados para la atención de la población migrante y refugiada.
Se trata de dinero acumulado en los fondos Social Migratorio y Especial de Migración, creados en el 2009, así como del Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, el cual se financia con el cobro de $1 en el impuesto de salida del país y que data del 2013.
Esos recursos son manejados mediante tres fideicomisos por el Banco de Costa Rica (BCR).
La comisión legislativa centró sus esfuerzos en encontrar una solución a ese problema, luego de que la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, y el gerente local del Área de Fideicomisos del BCR, Osvaldo Soto, reconocieran que la maraña de trámites es la que impide echar mano a ese dinero de manera expedita.
Incluso, el banco estatal amenazó, en noviembre del 2015, con renunciar al manejo de los fondos por desacuerdos con Migración sobre la administración de esos recursos.
La preocupación de los legisladores radica, principalmente, en que los más de $3 millones no se han podido usar para atender la crisis migratoria de cubanos, haitianos y extracontinentales (África y Asia), que atraviesa la región centroamericana.
Según la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Sandra Piszk, la intención es agilizar la utilización de esos fondos, máxime cuando se tiene que atender emergencias humanitarias como la actual, pero sin descuidar los controles de fiscalización.
Sin embargo, aseguró que hay posiciones encontradas sobre cuál debe ser la solución.
“La viceministra lo que nos había dicho es que posiblemente se requeriría una reforma reglamentaria o legal para el uso de esos fondos, pero la gente del Banco nos dice que con una instrucción del Gobierno ellos pueden destinar una suma de ese monto para ayuda humanitaria. Estamos analizando el asunto para ver de qué manera esos dineros se utilizan”, expresó Piszk.
Ante tal disyuntiva, la también legisladora del PLN, Maureen Clarke, presentará una moción el próximo miércoles para que Muñoz y Soto comparezcan una vez más ante la comisión, pero esta vez juntos, para así poder cruzar criterios.
Esa idea es respaldada por la diputada del Frente Amplio, Patricia Mora: “La comisión tiene la obligación de ver qué medidas tomamos para que, ante una situación de emergencia como la que vivimos, el país pueda disponer con mayor soltura y facilidad los dineros que están disponibles en los tres fideicomisos”.
