El Banco de Costa Rica (BCR) podría renunciar al manejo de ¢13.700 millones que tienen como fin mejorar las condiciones de la población refugiada y migrante, por desacuerdos con la Dirección General de Migración y Extranjería sobre la administración de esos recursos.
El 25 de setiembre, el Banco envió una carta a Migración, en la cual urgía replantear el contrato de fideicomisos, pues “las cosas no están caminando de la mejor forma”, indicó el director comercial, Renán Murillo.
El dinero se acumula desde el 2009, cuando fueron creados los fondos Social Migratorio y Especial de Migración. En el 2013 se les agregó el Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.
Las tres partidas deberían atender necesidades de seguridad, educación, salud, información y derechos humanos de esas poblaciones.
La idea de manejar los fondos mediante tres fideicomisos era que el BCR administrara los recursos al encargarse de contrataciones de bienes y servicios que atienden esos requerimientos.
Para Murillo, estos procesos deberían ser mucho más ágiles.
Si el BCR se retira, Migración deberá buscar otro banco que administre los fideicomisos, iniciando desde cero un proceso que ya lleva más de cinco años.
En abril, 21 proyectos que suman ¢3.500 millones, recibieron luz verde para ejecutarse, entre ellos, iniciativas para adquirir edificios de oficinas, repatriar costarricenses y comprar tiquetes de avión para extranjeros que son devueltos a sus países.
Versiones. La subdirectora de Migración, Gladys Jiménez, afirma que las iniciativas están en distintas etapas de ejecución, aunque reconoció que no avanzan con la agilidad que desearían.
El próximo año ingresarán casi ¢4.900 millones más a esos fondos, pero el BCR advierte de que, de no lograrse un acuerdo con Migración, dejaría de ejecutar los fideicomisos.
Aunque ambas entidades concuerdan en que los procesos deberían ser más ágiles, chocan al sentar responsabilidades.
“El Banco no está haciendo un mal trabajo. Pero, para ellos, administrar un proyecto de este tipo de fideicomiso es nuevo. Por eso reconocen que no han avanzado como quisieran”, manifestó Jiménez.
Por otra parte, Murillo señala que las contrataciones no las pueden hacer directamente, como corresponde a los fideicomisos, sino que la Dirección de Migración pide muchas revisiones que atrasan las gestiones.
La transferencia de recursos es otro de los temas que provoca fricciones entre las entidades.
La nota al BCR dice que “es urgente hacer este replanteamiento porque no fueron transmitidos al Fiduciario, por concepto de patrimonio, las sumas que pactaron en los contratos”.
Esa situación, según Murillo, los limita, en razón de que implica hacer las contrataciones sin que Migración les haya girado los recursos para hacerlo.
Jiménez, por su parte, tiene una posición distinta, pues, para ella, esos giros solamente se deben hacer cuando se ha concretado cada contratación.
Las iniciativas que se ejecutan con los fideicomisos son trabajadas en conjunto con otras instituciones. Las del 2016 ya fueron enviadas a revisión, indicó Jiménez, al detallar que abordan temas como implementación de pasaportes electrónicos y la construcción de un centro de atención para víctimas de tráfico de personas y refugiados.
