Un proyecto de ley negociado en los últimos días por los diputados de casi todas las fracciones intenta evitar que la reforma fiscal les rebaje a los docentes el sobresueldo de recargo por “labores especiales” que actualmente reciben.
La iniciativa plantea, básicamente, eliminar la modificación del transitorio r del Título III del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, donde se reduce ese sobresueldo a la mitad, o sea, el 25% del sueldo de la categoría respectiva.
Actualmente, ese porcentaje está en el 50% del sueldo de la categoría respectiva.
Además, la iniciativa haría una “interpretación auténtica” para aclarar que si los docentes reciben un ascenso en su carrera administrativa, podrán hacer contratos para recibir el incentivo por dedicación exclusiva bajo las condiciones actuales.
La iniciativa para modificar esa reforma antes de que quede en firme con el plan fiscal fue promovida por el liberacionista Wagner Jiménez, con la venia de las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP), tal como explicó el jefe del PAC, Víctor Morales Mora.
“Las autoridades del MEP han reconocido que el tema de los recargos no tiene una implicación fiscal, más bien resuelve un tema de gestión administrativa”, dijo el jefe de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Según Morales, los sobresueldos por recargo de labores son una práctica en el Magisterio para que a un funcionario del MEP se le recarguen a su contrato base otras actividades, que le permiten a esa persona atender otras obligaciones y, a la vez, mejorar su ingreso.
Añadió el diputado que eso también le evita al Ministerio estar contratando otras personas para asumir esas funciones que, de no asignárselas a los docentes, quedarían desprotegidas.
La presión por ese acuerdo vino desde el MEP y desde varios sectores políticos en el Congreso.
‘Aclaración’ en dedicación exclusiva
El proyecto acordado por los legisladores también incluye otro ajuste sobre la reforma fiscal, con tal de que se dé una interpretación auténtica al transitorio 52 del proyecto, donde se establece que los funcionarios que tengan un ascenso en propiedad mantendrán los porcentajes de dedicación exclusiva que estaban vigentes antes de la reforma fiscal.
En ese sentido, significa que si los docentes ascienden en su carrera administrativa, podrán tener acceso al pago por dedicación exclusiva del 55% para licenciados o superiores y un 20% para bachilleres, y no a los porcentajes reducidos que plantea el plan tributario.
A través de un comunicado de prensa difundido por las fracciones del PAC y del Partido Liberación Nacional (PLN), el proyecto de ley aún en borrador se da como un “compromiso para buscar soluciones para los educadores costarricenses”.
En principio, el compromiso de las 46 firmas significa que al proyecto de ley se le dispensará de todos los trámites, tal como lo permite el Reglamento legislativo, para que se tramite de forma paralela a la reforma fiscal.
Al anunciar dicho acuerdo, los diputados hicieron un llamado para que los docentes depongan su participación en la huelga nacional, “por los efectos que provoca esta en la población, los sectores productivos y la población estudiantil”.
“En conjunto con la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación Pública, los legisladores reconocen que el texto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas incorporó los dos contenidos relacionados con los recargos y dedicación exclusiva, y que requieren ser revisados”, dice el pronunciamiento conjunto.
El inciso que se eliminaría con el nuevo proyecto dice:
“r) Modifíquese el inciso j) del artículo 118 de la ley N° 181 “Código de Educación” del 18 de agosto de 1944 y sus reformas. j) Existirá un sobresueldo de recargo, por labores especiales, que se pagará de acuerdo con la reglamentación que al efecto dicte la Dirección General del Servicio Civil, y sin que pueda pasar del veinticinco del sueldo de categoría."
La aclaración sobre el transitorio referido a la dedicación exclusiva dirá:
“Se interpreta de forma auténtica el Transitorio XLII de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el sentido de que, a las funcionarias y funcionarios del Ministerio de Educación Pública, que cumplan con los requisitos para asumir un cargo de ascenso en carrera administrativa, se les apliquen los porcentajes vigentes a la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.”
Según el liberacionista Jiménez, la reforma busca eliminar el desequilibrio que se generaría al aplicar la norma prevista en el plan fiscal.
"Considero que este tema debe abordarse con mayor detenimiento para que no genere efectos negativos en las jornadas ni mucho menos en el funcionamiento de los centros educativos”, dijo Jiménez, quien es educador.
Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional (PRN), confirmó que su fracción está de acuerdo con la iniciativa, luego de que el jefe de la bancada, Carlos Avendaño, les presentó la propuesta que conoció a través de Jiménez.
“Entendimos que es una necesidad resolver la situación de los educadores, fue una situación involuntaria haber incluido esa modificación en el proyecto. Nadie lo previó ni quiso que sucediera así, es una situación que se debe resolver”, agregó el legislador.
Aunque hay firmas de compañeros de su fracción en el proyecto, el socialcristiano Pedro Muñoz alegó que él no lo ha firmado, porque no lo ha estudiado, pese a que le dieron el texto de la iniciativa desde la tarde de este lunes.
“Habría que verlo dentro de la globalidad. No le puedo decir si estoy de acuerdo, no puedo opinar”, agregó.
La iniciativa contiene, incluso, firmas de miembros del Partido Integración Nacional (PIN), el Frente Amplio, además del PLN, PAC, PRN y PUSC.
Consultado respecto a la decisión de los congresista, el ministro de Educación, Edgar Mora, explicó que el pago de recargos “permite sostener parte importante del sistema educativo”.
"Por ejemplo, miles de profesores reciben un pago adicional que posibilita extender las lecciones en colegios técnicos profesionales, de 40 minutos a 60 minutos.
“Ese tipo de remuneraciones son un mecanismo contractual que le ha permitido al Ministerio de Educación Pública cubrir las necesidades de atención educativa de su población estudiantil y sin el cual se vería forzado a generar contrataciones adicionales para cubrir esas necesidades, lo que contravendría el espíritu de racionalización del gasto público, austeridad y equilibrio fiscal que esta iniciativa de ley pretende promover”, comentó Mora.
Agregó que también se paga ampliaciones de jornada a profesionales en escuelas unidocentes de zonas rurales, a un 50% del salario base, para que atiendan niños de todos los niveles, incluso durante las tardes.