Los diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público aprobaron, de forma unánime, abrir un expediente para investigar los contratos de servicios especiales del PAC durante la campaña 2010.
Además, aprobaron convocar al exdiputado y actual representante del país ante el BCIE, Ottón Solís, para que comparezca ante ese foro legislativo investigador.
En forma paralela, existe otra propuesta para crear una comisión especial que indague las finanzas de esa agrupación política.
La iniciativa contó con los votos de los ocho legisladores presentes en la sesión, incluyendo a Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Primero, se aprobó una moción del independiente Erick Rodríguez Steller, para convocar a Ottón Solís, candidato presidencial del PAC en el 2010, y que a la vez permitiría abrir el expediente de esa investigación.
Además, se aprobó una moción de la liberacionista Franggi Nicolás, donde pide que Solís comparezca “a fin de que explique su participación en el plan delictivo que ejecutó el PAC en las elecciones del año 2010”.
En la moción de la verdiblanca, también se asegura que ese partido suscribió más de 200 contratos por servicios especiales “bajo un mecanismo ilegal, por el cual ese partido y dos de sus funcionarios fueron condenados por los tribunales de justicia, al haber cometido fraude al erario público por la suma de ¢516 millones”.
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Esa moción lleva las firmas de Nicolás, Luis Antonio Aiza, Dragos Dolanescu, Jonathan Prendas y Pablo Heriberto Abarca.
Luego de aprobadas esas mociones, se conoció otra propuesta de la Unidad Social Cristiana, que pretendía convocar a todos los firmantes de los más de 200 contratos del PAC.
Sin embargo, fue rechazada.
Según la socialcristiana Shirley Díaz, la intención era abrir “un espacio para el análisis, necesario e importante”, para esclarecer “con base en declaraciones de los últimos días”, lo que sucedió con los contratos de servicios especiales.
“Si se aprueba la comisión especial y ya estuviera aprobada esta moción, ya permitiría ir adelantando. Es oportuno y necesario”, comentó Díaz.
Ante ese argumento de la socialcristiana, Paola Vega aseguró que eso implicaría errores legales, pues alegó que no se puede mocionar sobre “cosa juzgada”.
“Los más de 200 contratos que quiere ver la moción fueron elemento de prueba testimonial elemental del juicio que ya se dio contra el PAC. Todos los firmantes de contratos comparecieron, ya es cosa juzgada y estaríamos haciendo cuestionamientos de carácter político”, comentó Vega.
La legisladora agregó que los tribunales ya encontraron culpables y dijo que, en relación con los firmantes de los contratos, encontró buena fe y se descartó que fueran sospechosos de delitos.
“Eso violentaría el principio de separación de poderes básico. Mal haría la Asamblea si comienza a cuestionar los juicios. Ante la duda, el Ministerio Público ya está investigando la denuncia presentada por Pedro Muñoz”, dijo Vega.
Además, la oficialista recordó que, el año pasado, ella intentó que se investigaran todas las irregularidades que ha detectado el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en la campaña electoral de Fabricio Alvarado y las finanzas de Restauración Nacional.
Sin embargo, los partidos que hoy se unieron para investigar al PAC también se habían aliado en aquel momento para bloquear toda investigación sobre el PRN.
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“En ese momento, se dijo que esta comisión no podía estar trayendo de partidos políticos de la campaña, porque supuestamente no era el quehacer de la comisión. Entonces, estamos haciendo una excepción, donde claramente aquí no se investigan todos los partidos políticos, pero si es el PAC, hay una clara diferencia”, alegó Vega.
Erick Rodríguez Steller apuntó que en el caso de Acción Ciudadana sí hay “fondos públicos pagados por el TSE”.
“Una de las cosas que se tomó en cuenta, al rechazar la moción, fue que el Tribunal en el caso del PRN no había girado ningún cinco al respecto”, adujo el independiente.
