La tercera parte de adultos mayores en Costa Rica será pobre en el 2030, advirtió la Defensoría de los Habitantes.
De ahí la importancia de garantizarles a estas personas una pensión, lo cual debe empezar por fortalecer el Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja, el cual hoy auxilia a los ancianos de escasos recursos con un subsidio mensual de ¢82.000.
De los casi 724.000 adultos mayores que habrá en el país en 11 años, poco más de 231.000 (un 32%) estarían en pobreza.
Asimismo, dentro de ese grupo de ciudadanos de oro en condición vulnerable, cerca de 48.000 personas (un 20%) carecerá de una pensión no contributiva.
A esas conclusiones llegó la Defensoría luego de analizar proyecciones poblacionales del Intituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y compararlas con la cobertura que brinda actualmente el RNC de la Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Según la investigación, el aumento en la esperanza de vida es uno de los factores que más presionan a este régimen. En el 2018, este indicador fue de 80,3 años para la población en general (82 para mujeres y 77,8 para hombres).
“La Defensoría considera que el aumento demográfico obliga a garantizar la protección social en la vejez dado que, según sean las condiciones en las que se envejezca, la posibilidad de obtener una pensión establece la diferencia a efecto de mejorar los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida”, afirmó la Defensoría.
Actualmente, de las 545.000 personas mayores de 65 años, el 45% no tiene pensión de ningún tipo; ni contributiva, ni no contributiva, agregó el estudio.
Hoy, la Caja otorga 121.000 pensiones no contributivas a adultos en pobreza y a personas con parálisis cerebral profunda.
Sin embargo, la lista de espera para beneficiarse con este subsidio supera los 22.000 solicitantes.
Recientemente, La Nación informó de que las solicitudes de pensiones del RNC se dispararon de un promedio de 12.600 peticiones anuales entre 2014 y 2016, a un promedio de 20.000 entre el 2017 y el 2019.
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‘Urge reformar el régimen’
Una de las consideraciones más categóricas de la Defensoría es que, para lograr la universalización del Régimen No Contributivo “se requiere de una decisión estratégica país y las reformas legales necesarias”.
“El Estado costarricense puede justificar objetiva y razonablemente la adopción de acciones positivas para asegurar progresivamente la cobertura universal del RNC en la tipología de la vejez y en cumplimiento de los compromisos de derechos humanos firmados, así como de las tendencias hacia el reconocimiento del derecho a la protección social como garantía de vida digna en la edad más avanzada del ciclo vital”, afirma la entidad defensora.
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¿Cómo ampliar la cobertura del régimen no contributivo? Como parte de su análisis, la Defensoría escudriñó tres escenarios distintos que le permitirían a la Caja robustecer las pensiones para las personas pobres.
Uno de ellos sugiere al Estado echar mano de las transferencias de recursos provenientes de la recaudación general del impuesto al valor agregado (IVA).
El año anterior, cuando se tasó con el 1% del IVA a los productos de la canasta básica, el Gobierno acordó destinar el 15% de esa recaudación a las pensiones del RNC.
Según estimaciones de Hacienda en aquel momento, ese porcentaje equivaldrá a ¢4.350 millones anuales, que servirán para otorgar 3.500 nuevas pensiones no contributivas.
El planteamiento de la Defensoría es que, aparte de esos recursos del impuesto a la canasta básica, el Estado direccione más dinero al RNC producto de la recaudación general por el cobro del IVA.
El segundo escenario recomendado por la entidad es destinar a estas pensiones una parte de los ingresos de la Junta de Protección Social (JPS), cuya ley de creación, la 8718, establece la distribución de rentas de las loterías nacionales.
Esa normativa de la JPS, asegura el ente defensor, “define un aporte para el Régimen No Contributivo y otros destinos para las utilidades de la Junta”.
“Luego de analizar la información, la Defensoría concluyó que es posible que la JPS traslade un porcentaje de un 9% o un 10% de sus utilidades netas al RNC, sin causarse un faltante fiscal ni poner en riesgo las contribuciones de la JPS a todas las organizaciones que financia, ni su propia operación”, añade la institución.
Según la Defensoría, ese traslado de recursos podría ser de unos ¢4.000 millones.
El tercer panorama propone que la Caja amplíe la política de crecimiento de la cobertura de ese régimen jubilatorio en un 0,5% anual desde el 2010 hasta el 2029.
"Con este aumento anual de 0,5% adicional, en relación con el año anterior, se llegaría a cerrar la brecha en el año 2029, por lo que a partir del 2030 debe asegurarse continuar ajustando este porcentaje de crecimiento de cobertura.
“En esta estrategia, el financiamiento de los aumentos de 0,5% adicionales por año en la cobertura, iniciaría con un aporte de la JPS y un aporte del IVA sobre la canasta básica tributaria para el RNC hasta el año 2027. A partir de ese año, debería agregarse el aporte proveniente por recaudación del IVA general”, concluye la Defensoría.
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Recorte a pensiones de lujo podría ayudar
El jueves pasado, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) impulsó la aprobación de una moción al proyecto para gravar pensiones de lujo aprobado en primer debate por los diputados, con el objetivo de destinar al RNC el ahorro producto del recorte a las jubilaciones altas.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el resto de los legisladores.
Según cálculos de la Superintendencia de Pensiones (Supén), el ahorro generado con la aprobación del proyecto serviría para otorgar 10.000 nuevas pensiones no contributivas.
Tendencia a la pobreza, en aumento
En marzo de 2019, con base en datos del INEC, este medio dio a conocer que el porcentaje de ciudadanos de oro pobres aumentó de un 21% a un 24% en ocho años (entre 2010 y 2018).
En el 2010, había 75.000 adultos mayores pobres, mientras que en el 2018 se reportaron 131.000.
En 12 años, al 2030, la cantidad de personas adultas mayores pobres crecerá en un 8%, hasta alcanzar al 32% de ese grupo etario vislumbrado por las recientes conclusiones de la Defensoría.
El esudio Impacto fiscal del cambio demográfico: Reto para una Costa Rica que Envejece, publicado por la Contraloría General de la República en abril de este 2019, demostró que el envejecimiento de la población demandará grandes gastos en salud y pensiones para el 2030.
Según esa medición, si la población adulta mayor pobre sigue creciendo, el costo de darles a esas personas una pensión básica requeriría aumentar el gasto del Régimen No Contributivo en un 120% respecto al 2017.