Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico se enfrascaron en un debate sobre la cantidad de armas de fuego que puede tener un ciudadano.
Actualmente, la legislación permite tener tres armas. Sin embargo, una reforma a la Ley de Armas y Explosivos reduciría la cantidad a una.
En la comisión, el proyecto recibió en un principio el respaldo de Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), el bloque independiente Nueva República y el Republicano Social Cristiano (PRSC).
No obstante, ahora el PLN duda de reducir la cantidad de armas que puede tener una persona, así como de la razón para fijar en tres años el permiso de portación, pues así lo establecería el proyecto.
El liberacionista Gustavo Viales, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, explicó que su fracción le está exigiendo criterios técnicos válidos al Ministerio de Seguridad Pública, antes de dar su apoyo definitivo a la iniciativa en el plenario legislativo.
Los verdiblancos cuestionan que se pretenda exigir que los poseedores de armas tengan que inscribirlas cada tres años, pues alegan que sería crear burocracia injustificada.
Viales adujo que tienen mociones de fondo para cambiar el dictamen. Algunas de las mociones liberacionistas son para establecer que cada persona pueda poseer hasta tres armas. Otras, que pueda tener dos y solicitar una tercera a través de una solicitud razonada dirigida al director del Departamento de Control de Armas y Explosivos.
Igualmente, los liberacionistas presentaron mociones para eliminar el plazo de registro de armas de tres años. El proyecto dictaminado propone que ese plazo sea prorrogable por periodos iguales.
“No estamos de acuerdo, sería un trámite burocrático adicional. No hay estudios de los costos que eso significaría, para que las personas estén registrándose cada tres o cuatro años, mientras que no hay trazabilidad en las armas que están en el mercado negro”, dijo.
El expediente legislativo 20.509 tiene las firmas de Gustavo Viales, David Gourzong y Roberto Thompson, del PLN; Víctor Morales Mora y Enrique Sánchez, del PAC; Marulin Azofeifa y Harllan Hoepelman, del bloque independiente, y Otto Roberto Vargas, del PRSC.
Zoila Rosa Volio, del Partido Integración Nacional (PIN), se separó de ese criterio e, incluso, ha atacado la propuesta públicamente en el plenario. Ella aboga por más libertad para que el ciudadano se arme y se defienda.
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Dragos Dolanescu, del PRSC, y Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también están enfocados en cambiar los objetivos de la reforma legal, tanto para aumentar la cantidad de armas en el proyecto como para eliminar el registro periódico obligatorio.
Las mociones de fondo presentadas en plenario frenaran la votación del texto, pues ahora las modificaciones deberán ser votadas en comisión.
La cantidad de armas legales en Costa Rica subió de 99.000 a 244.000 entre el 1997 y el 2017. Sin embargo, existe un gran mercado negro. Las autoridades decomisan un arma de fuego cada cuatro horas por tenencia ilegal, aunque el castigo por ello es mínimo. En la mayoría de los casos solo se contempla el trabajo comunitario como castigo.
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El oficialista Enrique Sánchez criticó las intenciones que tienen otros legisladores de cambiar el proyecto legal y apuntó que el PAC mantienen la posición de que se pueda poseer solamente un arma.
En el único punto donde podrían ceder, apuntó Sánchez, es en que los dueños de fincas puedan registrar una segunda arma para los efectos de proteger sus propiedades.
Según datos citados por el diputado del PAC, la idea de registrar cada tres años las armas tiene el objetivo de darles trazabilidad y que no suceda, como ahora, que se desconoce el paradero de 8.700 armas que, en algún momento, pertenecieron a empresas de seguridad privada que hoy ya no existen.
Sánchez también refirió que el 80% de los poseedores de armas legalmente inscritas tienen una sola, mientras que el 16% tiene dos y solamente el 4% posee tres o más.
“Estaríamos ampliando la tenencia en el proyecto de ley para una población muy pequeña, menos de 4.000 personas, mientras que cerca de 70.000 poseen solo una arma”, dijo el oficialista.
El congresista alegó que ha habido un lobby importante de parte de los comercializadores de armas, entre todas las fracciones, para modificar la iniciativa de ley y debilitarla. Agregó que también hay preocupaciones auténticas, sobre todo en el caso de los finqueros.
“Aumentar el número de armas y el plazo de registro hace que el proyecto pierda su sentido”, comentó Sánchez.
A la par de esta reforma legal a la Ley de Armas y Explosivos, hay otra modificación más que tramitan los parlamentarios del mismo foro, pero enfocada en aumentar los castigos a los poseedores de armas ilegales.
Zoila Rosa Volio, del PIN: ‘Estamos sin armas y la delincuencia feliz, armada’
La diputada Zoila Rosa Volio, del Partido Integración Nacional (PIN), se apartó del criterio de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico desde que ese foro dictaminó la reforma a la Ley de Armas y Explosivos que bajaría de 3 a 1 la cantidad de armas que puede tener un ciudadano.
Ella presentó un dictamen negativo de minoría, pues aseguró que está en contra de que se reduzca por ley la cantidad de armas que puede tener un costarricense.
Volio, quien es abogada y agrónoma, también forma parte de la Reserva de las Fuerzas Policiales del Ministerio de Seguridad Pública.
La legisladora lamentó, el martes de esta semana, que se trate de reducir el número de armas y apuntó que es “mentira” que al desarmar a la población "va a haber menos violencia”.
Según la diputada, muchas veces un arma no se adecúa a la situación en que se requiere utilizar y, entonces, es importante tener a mano modelos diferentes de armamento.
Agregó que, si un portador legal utiliza su arma ante una situación de agresión, igualmente el Ministerio Público o el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la decomisan y, entonces, la persona queda “en estado de indefensión”.
“No sé si ustedes se acuerdan del caso de un supermercado que los estaban asaltando unos tipos armados y el señor dispara con el arma. La Policía, la OIJ le decomisaron el arma y empezó la familia de los asaltantes a amenazarlo y no tenía con qué defenderse”, dijo Volio en plenario.
La diputada del PIN manifestó que el problema no está en los portadores legales de armas, sino en los delincuentes que las consiguen en el mercado negro.
Además, aseguró que, actualmente, están entrando armas de origen ruso directamente desde Nicaragua, que circulan en el mercado negro.
“Ningún delincuente va a ir a sacar un permiso de portación de armas, no seamos ridículos. Llamemos las cosas como son”, enfatizó.