La contaminación de fuentes de agua con plaguicidas en la zona norte y la muerte de insectos polinizadores, como las abejas, evidencian que Costa Rica carece de un control efectivo del uso de agroquímicos, expuso una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).
Por este motivo, la Contraloría ordenó al Gobierno crear una política nacional para regular el uso de pesticidas.
El informe de auditoría analizó las capacidades del Estado en materia de registro, uso y control de plaguicidas, así como la administración de riesgos entre el 2019 y el 2022.
La Contraloría explicó que, durante esos tres años, se detectaron eventos de contaminación de las fuentes de agua con residuos del plaguicida Bromacil en los acueductos de cuatro asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos comunales (Asadas), en los cantones de Río Cuarto y San Carlos.
Además, se recibieron denuncias sobre muerte de abejas por exposición a agroquímicos como el Fipronil, conocido por ser altamente tóxico para estos insectos. La CGR recordó que existe un riesgo de reducción de la población de polinizadores.
El Fipronil sigue siendo permitido en el uso agrícola, a pesar de que, desde marzo del 2022, cinco instituciones públicas recomendaron al Gobierno prohibirlo.
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Pese a esta situación, el abordaje conjunto entre el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) ha tenido un enfoque reactivo, no preventivo.
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“Esto obedece a la ausencia de una visión concertada acerca de lo que se espera en el corto, mediano y largo plazo con respecto a la gestión de los plaguicidas y sus patrones de uso en Costa Rica”, señalaron.
La Contraloría explicó que se han establecido mecanismos de coordinación para el registro de nuevos plaguicidas (por ejemplo, la ventanilla única), pero las acciones en materia de uso y control de agroquímicos son asumidas únicamente por el Servicio Fitosanitario.
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Una mayor coordinación entre las tres instituciones citadas permitiría un control de plaguicidas más eficiente, para detectar causales de cancelación del registro de plaguicidas y sacar de circulación aquellos que representan un riesgo inaceptable para la salud, el ambiente y la agricultura.
“Considerando que Costa Rica se encuentra posicionado a nivel de América como uno de los principales consumidores de plaguicidas, y además con eventos que han comprometido el agua de comunidades, resulta necesario contar con una política nacional en la materia.
“Se requieren cambios que contribuyan con una gestión de dichas sustancias, mediante el fortalecimiento de los canales de coordinación existentes, con un enfoque preventivo basado en los riesgos más relevantes y la utilización de las tecnologías de información“, urgió el informe.
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Contraloría fija plazo para crear política de plaguicidas
La Contraloría ordenó al MAG, Salud y Minae definir de forma conjunta la política que seguirá el país en la gestión de los plaguicidas y los patrones de uso.
Las autoridades tienen tiempo hasta el 31 de enero de 2024 para enviar al órgano contralor una certificación en donde se acredite la definición, oficialización y divulgación de lo solicitado.
Además, durante dos años, deberán enviar informes semestrales de avance en la implementación, iniciando el 30 de junio de 2024.
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Adicionalmente, las autoridades tendrán que establecer un mecanismo de gestión del riesgo que contemple el proceso de uso, registro y control de plaguicidas.
En este caso, tienen plazo hasta el 29 de febrero de 2024 para enviar a la Contraloría una certificación en donde se acredite dicha política.
Además, a más tardar el 31 de enero del 2025, deberán certificar las medidas que hayan tomado para la administración de los riesgos identificados.
Costa Rica es uno de los países con mayor consumo de plaguicidas por unidad de superficie, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
