El Estado costarricense advirtió que el país viviría un "caos total" si la Corte Interamericana de Derechos Humanos anula las condenas de 17 sentenciados penales, que acudieron a ese estrado con el argumento de que Costa Rica no les garantizó el derecho a que un tribunal distinto revisara sus sentencias.
El exmagistrado José Manuel Arroyo, en representación del país, afirmó que esa posibilidad abriría la puerta para que todos los condenados antes del 2010 puedan demandar al Estado.
Así se lo hizo ver este martes a los jueces de la Corte Interamericana, con sede en San José, que celebró una audiencia para escuchar las objeciones de Costa Rica al expediente elevado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en este tipo de casos internacionales actúa como un fiscal que primero evalúa si los alegatos de los demandantes tienen méritos para ir a juicio.
El Estado costarricense sostiene que la Comisión cometió errores de procedimiento al acumular en un solo expediente la demanda de cinco condenados por peculado o estafa (los exdirectivos del Banco Anglo), cinco por narcotráfico y siete por delitos sexuales. A la audiencia asistieron los representantes de la Comisión Interamericana y los abogados de los demandantes.
Arroyo sostuvo que no solo se generaría un caos de inseguridad jurídica, sino económico, pues al anularse todas las condenas el país tendría que indemnizar a todos los sentenciados, "lo cual sería ya alucinante".
"No hay Estado en el mundo que pueda financiar semejante despropósito", dijo el defensor costarricense.
Los 17 casos en disputa llegaron a la Corte en noviembre del 2014 bajo el expediente 12.820, procedente de la Comisión Interamericana, con el argumento de que a los sentenciados se les violentó el derecho a que una revisión integral de sus condenas.
La defensa de Costa Rica considera que agrupar 17 casos distintos permitiría a cientos de condenados acudir a la misma vía y, de hecho, ya más de 400 enjuiciados acudieron a la Comisión en busca de la anulación de sus casos alegando lo mismo: falta de garantías procesales para la revisión de las sentencias.
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El representante de la CIDH, José de Jesús Orozco, argumentó ante los jueces que Costa Rica estaba enterada deesta situación. "En junio del 2011 el Estado tuvo conocimiento de que la Comisión iba a acumular los casos y el Estado no se pronunció al respecto", dijo.
Pero la defensa del Estado costarricense negó esta versión e insistió en que, si prospera este caso y la Corte da la razón a la Comisión, se abriría una puerta a todos los sentenciados antes del 2010. "Sería un caos total", dijo el exmagistrado Arroyo.
Se habla de procesos previos al 2010 porque en ese año Costa Rica creó los tribunales de apelación, en respuesta una sentencia de la Corte Interamericana en torno al caso de Mauricio Herrera Ulloa (actual ministro de Comunicación) contra Costa Rica.
Además de garantizar la libertad de expresión de Ulloa, entonces periodista de La Nación, al revisar la forma en que fue enjuiciado, la Corte obligó al país a garantizar la revisión de las sentencias como parte del proceso judicial.
Sin embargo, el exmagistrado insistió en que no se puede suponer que lo sucedido con Herrera también ocurrió en todos los casos previos al 2010, pues este fue un expediente con errores procesales específicos, como el hecho de que la condena fue revisada en distintas oportunidades por los jueces del mismo tribunal.
Con el argumento de que no se puede presumir que esa situación se dio en todos los casos, Costa Rica le exige a la Comisión que especifique, caso por caso, dónde están las violaciones a los derechos de las supuestas víctimas.
El juez Patricio Pazmiño pidió al Estado que especificara los puntos por los cuales la Comisión no debería haber acumulado los 17 casos en contra de Costa Rica.
La otra representante del Estado costarricense, Gioconda Ubeda, dijo que la Comisión no concretó nunca cuál fue la violación a los derechos de 17 condenados que buscan anular las sentencias que pesan en su contra.
"Hay una presunción de que el Estado no tiene mecanismos para garantizar la revisión integral del fallo. Y esa presunción no es de recibo para el Estado. Lo que pedimos es que precise el agravio, para poder establecer el derecho de defensa del Estado", dijo.
Ubeda agregó que la acumulación de los casos es "indebida" porque no permite estructurar una defensa adecuada para el Estado.
Tanto para Ubeda como para Arroyo, el problema no es que la Comisión eleve a la Corte la revisión de una sentencia por supuestos fallos procesales. Tampoco cuestionan la potestad de la Comisión de agrupar los casos para buscar economía en el proceso, sino que insistieron en que la Comisión no especificó qué errores o violaciones concretas se cometieron en contra de cada uno de los 17 condenados.
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Asimismo, reiteraron que los casos no se pueden agrupar indiscriminadamente, sin que exista un motivo, y añaden que ese motivo no ha sido explicado por la Comisión.
En criterio de los defensores del Estado, si la Corte avala este procedimiento, en el futuro la Comisión podría seguir agrupando demandas de condenados con procesos y penas distintas dentro del sistema judicial costarricense, basados únicamente en la presunción de que, antes del 2010, Costa Rica no tenía las garantías procesales para la revisión de sentencias.
Los planteamientos quedaron presentados, y ahora serán los jueces quienes decidan el futuro del caso.