A las 8.30 p. m. de este domingo, el Gobierno de Costa Rica anunció que no reconoce las elecciones realizadas en Nicaragua, por considerar que el proceso no fue creíble, independiente ni justo.
“Ante la ausencia de condiciones y garantías requeridas en democracia para acreditar las elecciones como transparentes, creíbles, independientes, libres, justas e inclusivas, Costa Rica no reconoce el proceso electoral en Nicaragua realizado el día 7 de noviembre del 2021″, informó la Cancillería en un comunicado.
El Gobierno de Carlos Alvarado declaró que las acciones desplegadas por el régimen de Daniel Ortega contra líderes de la oposición, jóvenes y medios de comunicación “contravinieron el libre ejercicio democrático, la garantía del pluralismo político y libertad de expresión”.
“Costa Rica reitera su demanda al gobierno de Nicaragua para que proceda a la inmediata liberación y restitución de los derechos plenos de todos los presos políticos”, exigió el país en su declaración.
El presidente Alvarado replicó el pronunciamiento su cuenta personal de Twitter, en un mensaje en el que también urgió a la comunidad internacional “a propiciar el diálogo para recuperar la democracia en Nicaragua”.
Por su carencia de condiciones y garantías democráticas, no reconocemos las elecciones en Nicaragua. Hacemos un llamado al gobierno para que libere y restituya los derechos de los presos políticos, así como a comunidad 🌍 a propiciar el diálogo para recuperar la democracia en 🇳🇮. pic.twitter.com/UxxQD8qOo5
— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) November 8, 2021
El Ministerio de Relaciones Exteriores le recordó a Ortega que, como país miembro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Nicaragua está obligada a fortalecer la democracia con base en la existencia de un gobierno electo “por sufragio universal, libre y secreto”, así como a respetar sin restricciones los derechos humanos”.
Hasta las 8.30 p. m. de este domingo, dos horas y media después del cierre de las urnas, el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua no había anunciado ningún resultado preliminar de la contienda. Aún así, el ganador nunca estuvo en duda. Sin embargo, como la oposición llamó a no votar, se desconoce el nivel de participación de los 4,4 millones de electores llamados a elegir también a 90 diputados de un Congreso que, igual que todos los poderes del Estado, está bajo control del Ejecutivo.
En la Asamblea Legislativa costarricense, la tarde del domingo, representantes de todas las fracciones también repudiaron a Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por “consagrar su dictadura” en el país vecino.
Desde junio de este año, Costa Rica protesta contra la persecución de los líderes opositores que buscaban sacar del poder a Ortega en estas elecciones. La cruzada del sandinismo contra estas figuras se evidenció en junio, cuando la líder opositora y candidata presidencial Cristiana Chamorro fue capturada por la policía nicaragüense.
Dos meses después, en agosto, Costa Rica ya tenía reportes de que había al menos 143 personas detenidas. En ese momento, el canciller Rodolfo Solano dijo que Costa Rica abogaba por que la comunidad internacional ejerciera “toda la presión política necesaria, así como generar los espacios de diálogo para alcanzar soluciones”.
Ese mismo mes, la Cancillería de Nicaragua envió una carta llena de reclamos, insultos y hasta burlas hacia el Estado costarricense, por la crítica que se hizo desde el país hacia las amenazas a las libertades individuales y democráticas de los nicaragüenses.
Para ese entonces, el objetivo era que se liberaran los presos políticos en el menor tiempo posible y se restablecieran las libertades públicas; así como que se desarrollaran elecciones libres y transparentes con observación internacional.
Sin embargo, nada de eso ocurrió. Por ejemplo, para la jornada electoral, el régimen sandinista solo aceptó observadores internacionales alineados con las políticas del régimen. Los medios de comunicación internacionales no fueron recibidos.
Clama por apoyo internacional desde el 2018
Costa Rica pide el apoyo de la comunidad internacional para intervenir en la crisis nicaragüense desde el 2018, año en que fallecieron más de 300 personas a causa de la represión que el gobierno de Ortega ejerció contra manifestantes opositores.
En abril de ese año, la Cancillería costarricense llamó al respeto de los derechos humanos y criticó el cierre de medios de comunicación que cubrían las protestas contra la reforma al sistema de seguridad social.
Este pronunciamiento provocó la molestia de la administración de Daniel Ortega, el cual envió una nota a la embajada costarricense en Managua alegando que las políticas del gobierno de Nicaragua no son competencia de San José.
Más adelante, ese mismo año, el gobierno de Carlos Alvarado impulsó una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), que conminó al gobierno de Ortega a cesar la agresión contra su pueblo y emitió “una enérgica condena” a “todos los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos, incluyendo aquellos cometidos por la Policía, grupos parapoliciales y otros actores contra el pueblo”.
Y, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el país alertó que la represión y el irrespeto a las libertades fundamentales y los derechos humanos por parte de las autoridades tenía el potencial “para una crisis de escalamiento ilimitado, con impacto directo en la estabilidad y devenir del desarrollo de Centroamérica”.