El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tenía conocimiento de la alerta de la Policía Internacional (Interpol) contra el costarricense Daniel Gil Trejos, ahora detenido en Nicaragua en condiciones violatorias de los derechos humanos, según el Gobierno tico.
La oficina de prensa del OIJ confirmó haber recibido la alerta subida por las autoridades policiales de México, donde se requiere a Gil por un presunto fraude comercial, según la Policía de Nicaragua, que lo detuvo el 26 de mayo en ese país.
Costa Rica, por ser el país natural de Gil, no puede detenerlo a pesar de la alerta internacional. Las autoridades costarricenses, sin embargo, sí están facultadas a avisar al resto de países cuando él sale del país, como ocurrió horas antes de la captura del 26 de mayo, según la oficina de Prensa del OIJ.
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Gil Trejos, administrador de empresas que vivío 30 años en México, cumple este martes cuatro semanas preso en la cárcel El Chipote, de Managua. Permanece en un calabozo oscuro, con apenas ropa y comida, sin asistencia legal y sin medicamentos contra la presión alta, hasta este martes, que se los pudieron suministrar.
La esposa de Gil, Marcela Chacón (ex viceministrade Seguridad y de Gobernación), informó de que el vicecónsul de Costa Rica en Managua pudo visitar este martes al costarricense. Le notó una mayor pérdida de peso, deshidratación y le escuchó quejarse por dolores en las articulaciones, lo que los hace sospechar sobre el virus de chikunguña.
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El encuentro del diplomático con Gil tardo unos 40 minutos y este pudo recibir sol por primera vez en estas cuatro semanas, según Chacón. “Hoy se cumplen cuatro semanas desde que me despedí de él en el aeropuerto”, recordó ella.
Este martes también quedó presentado un recurso de hábeas corpus para intentar la liberación de Gil, cuyo caso se ha convertido en asunto de Estado, con la intervención de la Cancillería tica, que recrimina el hermetismo de Nicaragua. El canciller Manuel González también pidió a Nicaragua garantizar los derechos fundamentales de Gil otorgándole acceso a abogado y mejores condiciones carcelarias.