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El embajador de Nicaragua, Harold Rivas, minimizó esta mañana el caso que mantiene preocupada y disgustada a la Cancillería de Costa Rica, sobre el empresario costarricense que cumple tres semanas detenido en una cárcel en Managua, sin garantías legales y en condiciones precarias.
“Ese es un asunto policial”, dijo Rivas de manera escueta, tras reunirse a primera hora con el canciller Manuel González para tomar una nota oficial escrita y dirigirla a su Gobierno. De manera escueta contestó que este caso pronto quedará aclarado y que prefiere no dar más declaraciones.
Así reaccionó Rivas ante los señalamientos de González sobre el costarricense José Daniel Gil, detenido desde el 26 de mayo por una pesquisa internacional originada en el 2013 en México. Las autoridades costarricenses señalan que no hay cargos presentados contra el empresario, y a pesar de ello está recluido en un calabozo de máxima seguridad, incomunicado, semidesnudo y con poca comida.
La detención de Gil, esposo de la ex viceministra de Seguridad y de Gobernación Marcela Chacón, ha sido atendida también por la defensora de los Habitantes, Monserrat Solano. La familia pidió la intervención ante el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para pedir medidas cautelares que Solano prefirió no precisar.
El canciller González indicó que también el Estado presentaría su coadyuvancia ante la CIDH para que intervenga en el caso de Gil, a quien un diplomático costarricense pudo visitar el sábado por la tarde y constatar las condiciones “deplorables”, como calificó esta mañana González.
