La relación bilateral entre Costa Rica y Nicaragua podía ser aún menos amistosa.
Así queda demostrado con el manejo de la captura de un empresario costarricense, quien cumple tres semanas preso sin cargos y en condiciones precarias en un calabozo de máxima seguridad de la cárcel de Chipote, en Managua.
El Gobierno de Costa Rica ha manifestado su preocupación por la falta de garantías mínimas para José Daniel Gil Trejos, quien carece de suficiente comida, ropa y medicinas en una cárcel sin luz, según contó el vicecónsul costarricense Álvaro Herrera, quien lo pudo visitar la tarde de este sábado.
El canciller de Costa Rica, Manuel González, se expresó contrariado, el sábado, por la falta de garantías en el caso de Gil. “No ha tenido acceso a asistencia ni ha sido presentado a un juez para que le informe de los cargos en su contra”, lamentó González, quien convocó para hoy a primera hora al embajador de Nicaragua en San José, Harold Rivas.
No fue posible conocer ayer la versión de Rivas, quien dijo a Noticias Monumental solo saber del caso de Gil por los reportes periodísticos.
El costarricense, esposo de la exviceministra de Seguridad Marcela Chacón, ha perdido peso y se muestra afectado psicológicamente, contó el vicecónsul Herrera a la Cancillería nacional.
Esta dependencia prepara una nota oficial que será enviada hoy a Managua, cuyos representantes hasta ahora no se han manifestado.
Las autoridades costarricenses no descartan pedir asistencia de la Cruz Roja en Nicaragua o de algún organismo internacional.
“No descartamos nada. Se analizan opciones en lo bilateral, interamericano o en el plano de Naciones Unidas”, dijo ayer Manuel González.
Posibilidad. Una de las posibilidades sería también enviar una delegación judicial costarricense de alto nivel. Esto, sin embargo, dependería de una autorización de Nicaragua y de un acuerdo de la Corte Plena costarricense, explicó el fiscal adjunto, Celso Gamboa, consultado sobre el tema.
Costa Rica había autorizado y recibido a una delegación nicaragüense para observar las investigaciones sobre la familia de esa nacionalidad asesinada en mayo en Santa María de Dota.
El trato supuestamente abusivo al costarricense Gil se convierte así en un tema entre cancillerías, casi cinco años después de que se desató el conflicto bilateral por la denuncia costarricense sobre la supuesta invasión de militares nicas a suelo tico en el sector fronterizo de isla Calero.
El caso está en la Corte Internacional de La Haya, pero las relaciones bilaterales siguieron deterioradas y expuestas a más tensión, como en el caso de Gil, convertido en un asunto de Estado.
Para eso está en Costa Rica el embajador Javier Sancho, quien fue convocado para la cita hoy con su homólogo nicaragüense, Rivas. Consultado ayer sobre Gil, Sancho dijo que no tiene actualizaciones pues él está aislado. Ni siquiera pudo hablar por teléfono durante la visita del vicecónsul, ya que le prohibieron llamar.