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La esposa del costarricense preso en Managua, en circunstancias controversiales, activó, ayer lunes, mecanismos internacionales urgentes en defensa de su marido porque “él está en una situación de tortura” en la cárcel El Chipote, en Managua.
Acuerpada por el Gobierno costarricense y la Defensoría de los Habitantes, Marcela Chacón acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y piensa, incluso, en “mover mecanismos contra la tortura de Ginebra (Naciones Unidas)” en favor de su esposo, José Daniel Gil Trejos, sobre quien pesaba una supuesta orden de captura de la Interpol.
Él cumple casi un mes de estar semidesnudo, malnutrido, enfermo e incomunicado en un calabozo oscuro y con apenas ventilación, según el reporte del vicecónsul tico, Álvaro Herrera, quien lo visitó el sábado 20 de junio. Ayer lo intentó de nuevo y se lo impidieron.
Gil fue capturado el 26 de mayo en Nicaragua por ser objeto de una “notificación roja” de la Policía Internacional, reiteraron ayer las autoridades policiales en Managua.
A él le achacan estar involucrado en un fraude comercial en el 2013 en México, donde vivió 30 años. Tanto Chacón como el canciller costarricense, Manuel González, lamentaron que hasta ahora no le han presentado cargos ni asignado asistencia legal ni tampoco haya notificación formal alguna sobre las circunstancias de la detención.
“Mire, aunque Daniel fuera un asesino en serie, no pueden atropellarle sus derechos fundamentales, como lo están haciendo”, dijo su esposa, exviceministra de Seguridad en el gobierno de Óscar Arias, y de Gobernación, en una parte de la administración de Laura Chinchilla.
“Si existiera un proceso legal pendiente, tampoco podrá enfrentarlo, porque se va a morir antes si continúa como está”, añadió Chacón, quien descartó, por ahora, viajar a Nicaragua, en parte, porque tiene temor.
Gestión. Ayer, mientras el canciller expresaba al embajador de Nicaragua, Harold Rivas, molestia y preocupación por este caso, Chacón tramitaba con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) una petición ante la CIDH para que dicte medidas cautelares en el caso de Gil.
Las medidas cautelares, contó Chacón, serían el acceso a abogados, asistencia consular, ropa limpia, medicamentos contra la presión alta e incluso anteojos.
La celda también es “desproporcionada”, expresó el canciller González, que la calificó como apropiada para un criminal de alta peligrosidad, que no es la situación del costarricense.
Las medidas cautelares, sin embargo, no se dictarían tan rápido. La CIDH puede tardar entre dos y cuatro semanas en contestar, dijo Marcia Aguiluz, directora de Cejil para Centroamérica.
Esta gestión está respaldada por la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, y se podría sumar el Estado como coadyuvante, según González.
Chacón informó de que hoy martes presentará en Managua un recurso de habeas corpus para pedir que lo liberen.
