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Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigieron a los magistrados de la Sala Constitucional no impedir la aplicación de la técnica de fecundación in vitro (FIV) en el país.
El escenario fue la propia sala de sesiones de la Corte, en San Pedro de Montes de Oca, donde los jueces pidieron cuentas a la representación del Estado costarricense sobre por qué en el país todavía no se aplica la fecundación asistida, a pesar de que existe una condena de ese tribunal internacional (que está por encima de las instancias nacionales) que obliga al país a implementarla.
El Estado costarricense –representado por el director jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal, y la directora jurídica de la Cancillería, Gioconda Ubeda– se presentó con un borrador de decreto que está en consulta desde este jueves, con el cual se pretende revivir la FIV por esa vía jurídica, ante el nulo ambiente en el Congreso para aprobarlo mediante ley.
Tanto Carvajal como Ubeda insistieron en que el decreto es suficiente para cumplir con la sentencia, que obliga no solo a permitir la aplicación de la FIV, sino a facilitarla a través de la seguridad social
Los jueces de la Corte IDH se mostraron satisfechos con el gesto del Gobierno, aunque con dudas sobre la posibilidad de que un decreto sea suficiente para regular la FIV, en caso de enfrentar cuestionamientos jurídicos, precisamente desde la Sala IV.
“Quisiera que aclararan cuáles son los riesgos de impugnación, si hay más de una instancia en que se pueda impugnar este decreto, además de la Sala”, dijo el juez Eduardo Vio Grossi.
En la audiencia también participaron los abogados de las partes acusadoras, la defensora de los habitantes, Montserrat Solano, y la vocera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Silvia Serrano, quien cuestionó el papel de la Sala IV en las trabas para aplicar la FIV.
“Si bien hay una responsabilidad especial en cuanto al Poder Ejecutivo y lo que atañe al Legislativo, también lo hay en la instancia judicial. Hemos recogido algunas decisiones judiciales (fallos de la Sala IV) sobre amparos presentados que nos podrían llevar eventualmente a preocupación, algunas donde a través de amparos, se pide que se autorice específicamente el uso de la técnica para un caso en particular, y la decisión judicial se va en la línea de que falta una regulación”, apuntó el juez García.
Obstrucción. Los amparos a los que hizo referencia el juez García Sayán fueron entregados por los abogados de las personas que demandan la implementación de la fertilización asistida, prohibida en el país precisamente por la Sala IV en el año 2000.
En este sentido, Boris Molina, uno de los abogados de las personas afectadas por la no implementación de la FIV, subrayó ante los jueces que los fallos de la Sala Constitucional minan la posibilidad de acceder a la técnica, pese a que se reconoce la obligación de acatar el fallo de la Corte.
“Nunca es tarde para reiterar el concepto fundamental de que, cuando hay una sentencia, todos los aparatos del Estado tienen el deber de marchar en la misma dirección, en lo que le compete a cada uno de ellos y de no obstaculizar con decisiones que impidan el cumplimiento de esa sentencia de la Corte Interamericana”, recalcó el juez García Sayán
“En consecuencia, decisiones jurisdiccionales o administrativas que van en una dirección distinta o tácita, son formas de incumplimiento por parte del Estado”, agregó García.
Los jueces se mostraron interesados en conocer los criterios de los magistrados, al punto de que el presidente de la Corte, Sierra Porto, solicitó la totalidad de los fallos de la Sala IV sobre FIV.
“Se hizo referencia a varias sentencias de la Sala Constitucional, para ver si nos las pueden hacer llegar todas. Tenemos algunas, pero no sé si todas”, dijo Sierra Porto.
“Uno tiene que recordar el párrafo clave de la sentencia, que es el párrafo 336, que se refiere a dejar sin efecto la prohibición, tiene ingredientes contundentes y evidentes: el primero es adoptar las medidas para que la prohibición quede sin efecto, esto le atañe a todas las instancias del Estado: judiciales, gubernamentales o legislativas”, recalcó García.
