La Contraloría General de la República se pronunció a favor de que el país suscriba un crédito de $380 millones (¢216.000 millones) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo, el cual se usaría para apoyar el presupuesto del Estado durante la emergencia sanitaria causada por el nuevo coronavirus.
En el oficio DFOE-SAF-0159, emitido el 30 de marzo, el ente contralor le comunicó a la Asamblea Legislativa su criterio a favor de que los diputados aprueben el financiamiento.
De acuerdo con el análisis, firmado por Julissa Sáenz, gerenta del Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la CGR, y el asistente técnico Edwin Zúñiga, las características del contrato son positivas y van en línea con la sostenibilidad fiscal que busca el país.
En su criterio, la Contraloría señala que los créditos con organizaciones multilaterales, como el BID y la AFD, tienen condiciones más favorables que las que se consiguen al colocar títulos valores en el mercado interno, en términos de plazo y tasas de interés.
Para el ente contralor, esas características son de “importancia central”, pues ayudan al Gobierno a cumplir con la regla fiscal y a buscar la sostenibilidad de las finanzas públicas, en momentos en que la situación internacional genera un aumento en la demanda de recursos públicos.
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“En la presente crisis internacional y su demanda sobre los recursos públicos, es de la mayor importancia que, tras su atención inmediata, se procure el retorno en el mediano plazo a la sostenibilidad fiscal, para lo cual condiciones de financiamiento blandas son un componente necesario”, señala la CGR.
Según el ente contralor, el contrato de crédito bajo análisis se ajusta a esas características, por lo que considera positivo que se constituya en una fuente de recursos disponible.
No obstante, la Contraloría también alertó de que, aunque el Ejecutivo cuenta con los $380 millones para atender la emergencia sanitaria, la redacción actual del proyecto de ley dirige los recursos al servicio de la deuda, lo cual impediría que se el dinero se use para afrontar los gastos relacionados con la pandemia.
El crédito con el BID y la AFD se tramita en el expediente legislativo 21.871 y forma parte de las iniciativas del plan Proteger, con el cual Poder Ejecutivo busca ¢1 billón para hacerles a las necesidades de recursos durante la pandemia de covid-19.
Se trata de un préstamo para apoyo presupuestario que proveería recursos de libre disponibilidad, para financiar la estructura de gastos del Estado.
El gobierno argumenta que los recursos se requieren debido a que se anticipan “efectos directos en la recaudación de impuestos producto del posible deterioro en el crecimiento económico”, ocasionado por la crisis sanitaria mundial.
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Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, prometió a los diputados que el préstamo se usará primero para atender la emergencia sanitaria y, después, para amortizar la deuda pública, si sobrara algún porcentaje.
Los recursos se desembolsarían en un solo tracto.
$230 millones los pondría el BID (con una tasa que actualmente es del 2,75%) y los otros $150 millones los aportaría la AFD (cuya tasa en el presente es del 0,94%). El préstamo tendría un plazo de 20 años.
Según el Ejecutivo, el crédito no alteraría, en lo sustancial, el plan de gastos del gobierno, pues los $380 millones que se obtendrían son una parte de los $6.870 millones (unos ¢4 billones) que el Gobierno Central de todas formas tenía previsto salir a buscar para financiar su operación de este año.
Los diputados ya aprobaron un crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por $500 millones (¢287.000 millones), que también se inyectarían a la atención de la emergencia causada por la propagación del nuevo coronavirus.
El gobierno anunció que una parte de ese dinero se incluirá en el presupuesto extraordinario de ¢225.000 millones que presentaría para atender a los afectados económicamente por la emergencia.
