La economía del Gobierno se parece a la de una familia con gastos exorbitantes pero ingresos limitados. Es un hogar que gana ¢100 mensuales y gasta ¢171, por lo cual financia el faltante con deudas.
Es una familia que desembolsa "¢58 en comida, alquiler, recibos, pero además gasta ¢63 para ayudar a hijos casados y otros familiares, para lo cual pide prestado porque evidentemente la plata no le alcanza. También pide prestados ¢50 colones adicionales para pagar deudas que arrastraba".
Así, en sencillo, resumió la contralora general, Marta Acosta, la situación de las arcas del Estado. En sus palabras, el círculo vicioso “se repite año con año, agravándose cada vez más”.
La situación quedó reflejada en la “Memoria Institucional” que la Contraloría envió al Congreso el 1.° de mayo anterior.
Una moción del diputado de Liberación Nacional (PLN), Rolando González, permitió la comparecencia de Acosta esta tarde ante el plenario legislativo.
Esta es la primera vez que una contralora se presenta ante los diputados para explicar el documento que año a año hace una radiografía de la situación del país.
La jefa del órgano contralor alertó a los diputados y al Ejecutivo sobre la urgencia de cambiar la forma de enfrentar la política económica y fiscal, para evitar que el país se descalabre financieramente.
La alerta surge tras el primer año de gobierno de Luis Guillermo Solís, cuyo primer presupuesto (el que se está ejecutando en este 2015) supuso un incremento del 19% en el gasto estatal, es decir, casi cinco veces el porcentaje de la inflación.
En ese sentido, señaló que el país necesita revisar el gasto del Estado, tal y como lo pide la oposición, al tiempo que debe evaluar la posibilidad de recibir nuevos ingresos a través de la actualización de impuestos como el de ventas, tal y como lo plantea Casa Presidencial.
“Es fundamental comprender que las medidas que se tomen deben impactar tanto los gastos como los ingresos pues no son excluyentes y ambos van de la mano”, dijo Acosta.
La jerarca enfatizó en que se deben armonizar las dos visiones, e hizo un llamado para que ambas propuestas avancen con tal de evitar un daño mayor a la economía.
También, señaló problemas con la lentitud en la ejecución de $2.600 millones para infraestructura pública provenientes de créditos internacionales, así como la subejecución de recursos en las municipalidades e instituciones estatales.
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