Intento de reformar aborto terapéutico en Costa Rica enciende alertas en ONU

Las autoridades costarricenses se presentaron la semana anterior ante dicho Comité, que se reunió en Ginebra, Suiza, para escuchar el informe de cumplimiento de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres.

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El comité, conformado por expertos independientes de todo el mundo, manifestó sus preocupaciones ante los intentos de la actual administración de promover una nueva norma sobre la interrupción terapéutica del embarazo, que excluya el peligro para la salud de la madre como justificante del procedimiento.

Tras la revisión de las políticas implementadas por Costa Rica en el capítulo de la salud, el Comité expresó su “profunda preocupación” por las amenazas para derogar los lineamientos técnicos vigentes y la falta de formación del personal médico sobre estas directrices.

Por lo tanto, recomendó “cesar los esfuerzos” y, más bien, brindar capacitación obligatoria a los profesionales de la salud, con miras a reducir el número de abortos inseguros.

El Ministerio de Salud presentó un borrador de decreto para reformar el aborto terapéutico, el cual fue elaborado por un equipo cuyos miembros aún se desconocen. Un abogado llamado Raúl Escalante Soto dijo haber realizado la mayor parte a solicitud de la exministra de Salud, Joselyn Chacón.

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Por su parte, el abogado del ministerio, Guillermo Castro, dijo que la reforma era prioridad de Casa Presidencial y dijo que estaban al tanto, además de la exministra de Salud, al presidente Rodrigo Chaves y la jerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel.

Tanto Chaves como Esquivel niegan haber conocido el documento.

El comité de la ONU revisa periódicamente las políticas contra la discriminación en áreas como salud, educación, migración, trabajo y vida familiar, así como otras. En ese ejercicio, las autoridades de Costa Rica presentan sus avances y el Comité emite conclusiones.

Despenalización

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Otra de las preocupaciones del Comité es la penalización del aborto en casos de violación, incesto o feto con grave discapacidad, así como la falta de acceso de las mujeres al aborto seguro y a los servicios post-aborto por parte del Estado.

Al respecto, recomendó al país reformar el Código Penal, para despenalizar el aborto en estos casos.

Las conclusiones también incluyen observaciones en cuanto al poco uso de anticonceptivos entre mujeres adolescentes y el acceso limitado a anticonceptivos “modernos” para esta población en el servicio de salud pública.

El CEDAW celebró los avances presentados por Adilia Caravaca, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), que contempla una baja en la maternidad adolescente y la misma norma contra el aborto terapéutico del 2019.