El exmagistrado Celso Gamboa presentó, este lunes, ante la Fiscalía una demanda por el delito de usurpación contra María Faría, embajadora designada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Gamboa, destituido por los diputados costarricenses en abril de 2018, figura como representante legal del gobierno de Nicolás Maduro en dicha acción judicial.
La demanda señala que una comitiva encabezada por Faría tomó, el pasado 20 de febrero, la sede de la Embajada de Venezuela en Costa Rica y desplazó a los diplomáticos designados por Maduro.
La presentación del reclamo fue dada a conocer por Noticias Monumental y fue confirmada a La Nación por Gamboa, quien dijo que no representa al régimen de Nicolás Maduro, sino a Venezuela.
“Represento a la República Bolivariana de Venezuela. Recuerde usted que en Venezuela, como en Costa Rica, hay división de poderes: el legislativo, el judicial y el ejecutivo.
"En este caso, el país decide otorgarme un poder para representarlos aquí en Costa Rica y ejercer acciones penales contra las personas que cometieron delitos en perjuicio de la misión diplomática venezolana”, aseguró el jurista.
La demanda, interpuesta ante la Fiscalía del I Circuito Judicial de San José, también es contra nueve personas más, todas miembros de la misión de Guaidó en Costa Rica. Sin embargo, no detalló los nombres.
“Como ella no tiene condición diplomática, al ser ciudadana costarricense, es contra doña María Faría y contra otro grupo de nueve personas más cuyos nombres no tengo a mano (...). Ninguno tiene credencial diplomática ni inmunidad, de acuerdo con la convención de Viena”, afirmó.
Por otra parte, la acción presentada por Gamboa también pretende que el Banco de Costa Rica (BCR) regrese a los diplomáticos de Maduro las cuentas bancarias que puso a nombre de la delegación de Guaidó.
“Queremos saber bajo qué credencial trasladaron esa titularidad y cuál es la legitimidad de la documentación que se pidió para ello. Asimismo, que se determine la cantidad de dinero que había en las cuentas y la cantidad que hay al día de hoy”, agregó.
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Según el exmagistrado, la misión chavista en Costa Rica todavía cuenta con un contrato de arrendamiento del edificio donde funciona la legación venezolana, en Los Yoses, San José, y corresponderá a los tribunales determinar si hubo delito de usurpación.
“Lo que protege la usurpación es la posesión de un bien inmueble y, en este caso, la misión diplomática de la República Bolivariana de Venezuela fue despojada de la posesión del inmueble que arrienda”, agregó.
¿Carlos Alvarado como testigo?
Como parte de demanda, Gamboa solicitó a la Fiscalía que llame como testigo al presidente de la República, Carlos Alvarado, pues él “puede dar fe” de los hechos, dijo el exmagistrado.
Un día después de la toma de la embajada venezolana, el mandatario manifestó su desaprobación con el accionar de la misión de Guaidó.
“Extendimos la mano de buena fe y tal vez nos tomaron el codo, y eso no nos parece que esté bien”, expresó el Presidente en aquel momento.
“Pedimos que se entrevistara a don Carlos para que se refiera y dé fe (de los hechos). ¿Por qué reclamó Carlos Alvarado? Él externó su molestia públicamente y lo dijo a diversos medios de comunicación, entre ellos a La Nación, dijo que ‘les dimos la mano y nos tomaron el codo’”, prosiguió Gamboa.
Sobre ese punto, lo que procede, explicó el exjuez de la República, es que un fiscal solicite una cita con el Presidente.
“Cuando hay un dignatario, llámese presidente o ministro, lo que hace el fiscal es pedir una cita y visitarlo a él, no hacerlo ir a la Fiscalía; no se estila. Las reglas de la diplomacia operan ahí”, aclaró.
‘Soy un profesional liberal’
Gamboa, quien fue destituido por los diputados de su cargo como magistrado porque “se habría interesado indebidamente en asuntos judiciales de su amigo, el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños”, enfatizó que no ve ninguna limitante para llevar el caso venezolano.
“Soy un profesional liberal con derecho a ejercer la abogacía en Costa Rica y también tengo licencia para ejercer fuera del país. No veo ningún problema en defender los derechos de las personas que acudan a mí para pedir servicios profesionales”, aseguró.
Actualmente, Gamboa tiene pendientes dos pesquisas administrativas en el Poder Judicial. Una de ellas es una investigación que busca establecer si el exmagistrado se interesó en conocer sobre el recurso de casación contra la condena que se dictó en octubre del 2015 contra el Movimiento Libertario, por un delito de estafa contra el Estado.
La otra es un asunto disciplinario sobre una posible injerencia en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para que eliminara el nombre de Johnny Araya Monge, alcalde de San José, de un expediente judicial en el que se le investigaba, junto a otras tres personas, por el supuesto delito de influencia contra la hacienda pública.
Aparte de los asuntos administrativos, Gamboa enfrenta 12 causas penales en el Ministerio Público por la presunta comisión de 15 delitos.
La Nación le consultó si, al aceptar ser representante legal de Venezuela en esta denuncia contra la representación de Juan Guaidó, no consideró que se generarían suspicacias. Esto fue lo que contestó:
“Yo no sé de qué me está hablando y qué trata usted de sugerir; explíquese, por favor, porque viera que es ofensivo. Yo, en este momento, no soy sindicado ni estoy condenado por absolutamente nada. Tengo señalamientos y hay una gran cantidad de sobreseimientos también a mi favor”.
“Si usted ve los motivos de mi destitución, no tienen absolutamente nada que ver con actos de corrupción”, replicó.
Según dijo el abogado, desde su experiencia en Derecho Penal, Derecho Tributario y como máster en Criminología, ya ha representado a otros ciudadanos extranjeros en Costa Rica.