El Consejo de Gobierno tomó el acuerdo, la mañana de este martes, de intervenir por nueve meses el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), con el argumento de que las autoridades actuales de la entidad han hecho un mal manejo de los créditos que se otorgan a cooperativas con tasas muy por debajo del mercado.
La intervención le permitirá a Casa Presidencial nombrar a dedo una nueva Junta Directiva en Infocoop. Para ello, podrá decidir si destituye a los cuatro directivos elegidos por el movimiento cooperativo, al delegado del Banco Nacional y a los dos representantes de Gobierno.
Con la sustitución, Zapote se asegurará el control de la cartera de crédito, que ha otorgado préstamos de cientos de millones de colones a tasas hasta del 2% anual, con la aprobación del actual ministro de Agricultura y presidente del Infocoop, Luis Felipe Arauz, desde el 2014.
La intervención la anunciaron el ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, y el viceministro de Trabajo, Luis Emilio Cuenca. Ellos alegaron que el Poder Ejecutivo se dio cuenta de la deficiente gestión de la cartera de crédito apenas en enero de este año.
Los directivos actuales del Infocoop son:
Por el Gobierno:
-Luis Felipe Arauz Cavallini, ministro de Agricultura
-Luis Emilio Cuenca Botey, viceministro de Trabajo
Por el sector cooperativo:
-Álvaro Gómez Ferreto
-Franklin Salazar Guzmán
-Geovanni Villalobos Guzmán
-Luis Ángel Delgado González
Por el Banco Nacional:
-Edgar Quirós Núñez
El ministro Arauz dice que él salva su propia responsabilidad en el manejo "deficiente" de la cartera. Alegó que mientras él ha estado al frente de la junta directiva del Infocoop se han dado créditos con tasas legales y que incluso se les ha rechazado créditos a cooperativas en crisis.
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Solo en diciembre del 2016, con el aval de Arauz, el Infocoop dio un crédito de casi ¢2.900 millones con cinco años de gracia antes de empezar a pagar y una tasa de interés del 2% anual, mientras en el mercado financiero la tasa de referencia promedio estaba en 14%.
El ministro apunta la responsabilidad hacia el director ejecutivo Ronald Fonseca. Dijo que la junta interventora decidirá si lo remueve y que esa es una de las primeras decisiones que se deben tomar. El movimiento cooperativo acuerpaba a Fonseca y se oponía a la intervención.
La disputa por el control del Infocoop, de hecho, nació luego de que Fonseca ganara un concurso interno para ocupar de nuevo la plaza de director ejecutivo del Instituto y de que los directivos de Gobierno se negaran a aceptar el resultado. Fue ese momento en que chocaron con los delegados del cooperativismo, pues estos sí estaban a favor de respetar el concurso.
El Ejecutivo quería nombrar a otra persona afín a su visión, de nombre Marco Vinicio Ruiz Chacón, pero quedó de tercer lugar en el concurso.
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Sobre los nuevos directivos, Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, dijo que Zapote no quiere gente obediente, sino personas con criterio, algunos del sector cooperativo y otros independientes.
Los argumentos. Para justificar la intervención, el viceministro de Trabajo hizo referencia a dos informes de la Contraloría sobre esa cartera, uno del 2010 y otro del 2016. En su criterio, estos no fueron atendidos por la junta directiva del Instituto.
Entre los problemas señalados, aseguró, está que los 20 deudores principales de la cartera tienen problemas de morosidad, pero se les siguen readecuando sus deudas y se les continúa dando refinanciamiento.
Cuenca, quien es el representante del Ejecutivo en la junta del Infocoop, indicó que los miembros de la Junta Directiva rechazaron la propuesta gubernamental para hacer una auditoría forense de la cartera crediticia.
Entre los datos que mencionaron el ministro y el viceministro para intervenir la Institución están que el 62% de los ¢115.000 millones colocados en créditos actualmente están en manos de solo 20 de las 594 cooperativas existentes, con una concentración del 56% en la región Central.
Además, denunciaron que ¢2.156 millones para participaciones asociativas están concentrados en cuatro cooperativas que están en crisis, a las que además se les ha prestado ¢14.000 millones.
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Esa concentración, según los jerarcas, va en contra de los principios de propiciar una mayor participación de la población en la actividad económica y social. Alegan también que no hay un enfoque en grupos agropecuarios en situación de pobreza, llegando a las zonas de mayor necesidad del país.
“Urge mejorar la cartera, la asistencia y los mecanismos de participación asociativa”, dijo Cuenca.
Según el Gobierno, la tasa ponderada que se da sobre los créditos ha sido casi igual que la de equilibrio, lo que ha generado pérdida de valor en los préstamos; también, se han dado cambios sin razón en esa tasa de equilibrio, y no se han hecho análisis de riesgo de la cartera ni de esa concentración denunciada.
El Gobierno lanza "sospechas de fraude" sobre la junta directiva, con el argumento de que esta rechazó la auditoría forense solicitada por el Ejecutivo, además de que se presentó una denuncia anónima interna, de un grupo de trabajadores, y de que la Auditoría Interna la descartó, aunque era una de las instancias acusadas en esa denuncia.
Esas tasas del Infocoop, por debajo del mercado, se han venido dando desde hace diez años, de acuerdo con un estudio de la cartera de créditos del Infocoop.
Las diferencias en los intereses han sido hasta de 16 puntos porcentuales entre los créditos del Infocoop y los que deben pagar el resto de los costarricenses.
En el 2012, por ejemplo, una cooperativa llamada Coopecerroazul obtuvo un préstamo de casi ¢500 millones a 23 años plazo con una tasa del 4% anual, mientras la tasa promedio de mercado estaba casi en un 20,5%.
En el gobierno de Luis Guillermo Solís, con la venia de sus tres directivos en el Infocoop, se han aprobado 9 préstamos con intereses de un 5% o menos; en el de Laura Chinchilla se concedieron 12 y, en el de Óscar Arias, 7.
Los créditos más jugosos se han dado durante esta administración.