El presidente de la República, Carlos Alvarado, vetó parcialmente, este martes, una reforma legal que podría haber revivido una serie de gastos fijos que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas había sepultado en diciembre pasado.
Se trata de una ley que, con el objetivo de garantizar una asignación presupuestaria mínima para las sedes regionales de las universidades públicas, habría devuelto a la vida varias normas legales que obligaban al Gobierno a darles porcentajes específicos a varias instituciones.
La intención del proyecto es garantizar que el presupuesto para sedes regionales y recintos de las universidades públicas no sea menor al asignado en el 2018. Ese objetivo se mantendría con el veto parcial del mandatario.
En la revisión final, antes de que el presidente firmara la Ley 9732, se dieron cuenta de que la redacción abría un portillo para discutir, en un futuro, si podrían resucitar otros destinos específicos, o sea, gastos fijos que mantenían vivos una serie de leyes.
Tal como explicó Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, la ley vetada contenía una coletilla que decía “todos los destinos específicos derogados por la ley 9635” y que habría generado una gran discusión para revivir asignaciones presupuestarias ya eliminadas.
“La preocupación nuestra es que varios destinos específicos que se eliminaron con el plan fiscal sobrevivieran”, comentó el funcionario.
Presidencia, incluso, propuso una nueva redacción para la frase que habría anulado una serie de disposiciones de la reforma tributaria. La propuesta del Ejecutivo para enmendar la redacción peligrosa es la siguiente:
"Artículo 24.- Asignación presupuestaria. La Dirección General de Presupuesto Nacional realizará la asignación presupuestaria de las transferencias utilizando los criterios del artículo anterior. Dicha asignación no podrá ser inferior al presupuesto vigente, en el momento de aprobación de esta ley; incluyendo los destinos específicos establecidos para las sedes regionales de las universidades públicas derogados en ésta ley”.
La Ley 9732 se tramitó bajo el expediente legislativo 21.277. Esa reforma fue promovida por los diputados cartagineses de varias fracciones y modifica la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Entre los destinos específicos derogados por la ley 9635 se encuentra la asignación de un 20% del impuesto sobre las ventas para la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf).
También se tomaba un 7% del impuesto sobre la renta al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y un 5,25% que se les otorgaba a las juntas de educación y administrativas oficiales.
Adicionalmente, el plan fiscal derogó el gasto fijo del 3% de los presupuestos nacionales, ordinarios y extraordinarios, aprobados por la Asamblea Legislativa, que se destinaba al Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi), entidad encargada de que familias, personas con discapacidad, con o sin núcleo familiar, así como jóvenes y adultos mayores sin núcleo familiar y de escasos ingresos, accedan a una vivienda digna.
El compromiso del Ministerio de Hacienda, para todos esos casos, es mantener las asignaciones presupuestarias, pero sin que una ley los amarrara a dar un porcentaje fijo.
El proyecto, que busca garantizar el dinero para las sedes regionales de las universidades públicas, llegó al Congreso un mes después de que se ratificara el plan fiscal y se aprobó hace pocos días.
Acosta enfatizó en que el compromiso del Gobierno, desde la aprobación del plan fiscal, era mantener los recursos a las sedes regionales, sin reducir los montos asignados en años anteriores.
Aunque Hacienda y los diputados habían acordado un texto para garantizar esos recursos, la propuesta final excedía el acuerdo inicial.
En principio, el plan de los legisladores cartagineses era asegurar que la sede de Paraíso de la Universidad de Costa Rica (UCR) mantuviera los recursos que ha recibido antes, porque ha tenido problemas con las autoridades centrales de esa casa de enseñanza para recibir el dinero.
El veto de la ley es parcial, lo que significa que solamente se rechaza ese pequeño y polémico fragmento.
Eso les da chance a los legisladores de modificar ese texto y volver a aprobar la iniciativa legal, para que el presidente la firme y entre en vigencia.
Colaboró la periodista Sofía Chinchilla.
