Ataques constantes al Gobierno fueron los protagonistas de la marcha de los trabajadores del 1.° de mayo, en la avenida segunda de San José.
Críticas a la reforma fiscal aprobada el año anterior en el Congreso, al plan de empleo público en discusión y al proyecto para declarar la educación como servicio esencial, fueron las consignas de los grupos sindicales presentes en la manifestación, que comenzó en la iglesia La Merced y concluyó frente a la plaza de la Democracia.
“No vamos a permitir que nos arrebaten los derechos adquiridos, bajo ninguna razón. No vamos a permitir que cada seis meses aumente el costo de vida. Queremos que le cobren a los que nunca han pagado impuestos”, expresó con micrófono en mano un manifestante de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE).
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Grupos comunitarios, militantes de agrupaciones políticas y hasta una comparsa desfilaron por las calles josefinas.
Ana Galagarza, es una vecina de Puntarenas que asistió a la actividad por primera vez. Se hizo notar con un cartel del líder indígena Sergio Rojas, asesinado el 18 de marzo.
Según dijo, las malas condiciones laborales de las mujeres puntarenenses la motivaron a protestar.
"Estamos aquí en una lucha para nosotras las mujeres en Puntarenas que no tenemos trabajo, si comíamos tres veces al día, ahora se come una vez al día. Necesitamos que el Gobierno nos dé soluciones a nosotras las puntarenenses, porque nos tienen muy olvidadas.
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“Nosotras tenemos que ver a la familia, la casa y también trabajar”, afirmó.
Ella labora en el cuido de adultos y hasta en construcción ha estado ocupada.
También grupos de inmigrantes protestaron para pedir mejores condiciones de trabajo. Es el caso de la Asociación Enlaces Nicaragüenses.
“¿Qué nos motiva a venir? Los derechos laborales. Queremos permisos de trabajo, aseguramiento para trabajadoras domésticas. Todo está normado, pero no se cumple”, manifestó Quxabel Cárdenas, oriunda de Managua, pero con 23 años en Costa Rica.
Cárdenenas explicó que la Asociación le propone un diálogo al Gobierno que incluya a patronos y a empleados para que se respeten sus derechos. Además, dijo, plantearán una reforma a la ley de migración para darle un “enfoque de derechos humanos y no de persecución”.
“Somos una fuerza laboral que aporta en Costa Rica. No es un invento, es cuestión de ver las cifras”, afirmó.
Frente al Parque Central, los sindicalistas de la Unión de Empleados de la Caja (Undeca) prendieron fuego a un árbol de cartón del que colgaban imágenes de figuras del Gobierno y diputados de varios partidos.
En la marcha participaron además miembros de la Juventud del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Tamara Gómez, integrante de esta agrupación indicó: “sabemos que hay posiciones distintas, hay decisiones importantes que han tenido diferentes puntos de vista a nivel país, pero eso no quita que esos distintos sectores podamos estar en la calle defendiendo los derechos y lo que creemos”.
Cerca del cierre, frente a la plaza de la Democracia, los sindicalistas brindaron los últimos discursos.
“Perdimos el proyecto 20.580 (plan fiscal), pero van a ver con el proyecto de ley de empleo público que la lucha era justa. Este proyecto lo que va a traer es miseria a este país”, aseguró el presidente de la ANDE, Gilberto Cascante.
En esta ocasión, salvo un grupo de simpatizantes del Frente Amplio, la marcha principal cortó la tradición de terminar frente a la Asamblea Legislativa.
Un reclamo más en Limón
Trabajadores en Limón, principalmente de la Junta de Administración Portuario y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, sumaron a estos reclamos la llegada de la empresa APM Terminals concesionaria del nuevo muelle de Moín.
La marcha en esta ciudad se inició en la explanada de la Municipalidad de Limón y recorrió las principales vías, para culminar en el parque Vargas.
“No queremos que el Gobierno siga con su mala intención de cerrar Japdeva que es de los limonenses. Lo que queremos es más empleo, no desempleo, que es lo que está generando es hambre”, manifestó Edwin Salazar, funcionario de la empresa portuaria.
Salazar se refirió así a la reducción de la actividad en el muelle de la Junta por la operación del megapuerto.
Esta situación ha generado tensiones para el Gobierno, que incluso cambió al jerarca de la entidad.
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