Los analistas del Bank of America, los mismos que inventaron el término “economía jaguar” en referencia a Costa Rica, advirtieron sobre las amenazas que conlleva la llamada “ley jaguar” que el gobierno de Rodrigo Chaves pretende someter a referéndum.
En el reporte “LatAm de un vistazo. Informe de mitad de año”, la división BofA Securities del Bank of América señaló que el presidente Chaves presentó un proyecto que puede debilitar a la Contraloría General de la República (CGR) y afectar los controles y contrapesos en el sistema político.
“Una de las preguntas del referéndum sería si los ciudadanos están de acuerdo o no en quitarle a la Contraloría la facultad de revisar la legalidad de los contratos de compras públicas antes de su ejecución. De esta manera, la Contraloría solo estaría facultada para inspeccionar los gastos una vez que se hayan realizado”, explicó la entidad bancaria.
“Actualmente, la Contraloría puede suspender contratos y acciones cuando detecta actividades sospechosas, pero si el referéndum sale adelante, necesitará una orden judicial”, detalló esa institución en su informe.
“Creemos que la economía costarricense se beneficia de controles y contrapesos fuertes. Este es también uno de los atributos que hace que Costa Rica sea claramente diferente de sus pares de América Latina”, agrega el reporte internacional.
El Bank of América acuñó el término “jaguar” como una analogía con el fenómeno de los tigres (países) asiáticos que experimentaron un rápido desarrollo durante la década de 1960. Posteriormente, la administración de Chaves adoptó ese animal como lema y lo utilizó para bautizar el proyecto de ley 24.364.
El presidente Rodrigo Chaves niega que la “Ley jaguar” debilite las herramientas de la Contraloría para fiscalizar las contrataciones públicas, o que limite los controles previos del órgano contralor.
Sin embargo, las advertencias del Bank of America coinciden con las realizadas por la contralora general, Marta Acosta, quien aseguró que la propuesta “es peor de lo que parece”, ya que eliminaría toda la etapa preventiva contra los actos de corrupción en las contrataciones públicas.
“El panorama es bastante claro: se quiere quitar y, por tanto, evadir el control de los fondos públicos en detrimento de la eficiencia y la legalidad en el uso de los recursos que le pertenecen a todos los costarricenses. Calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote y que nadie verá las intenciones reales de sus proponentes”, dijo Acosta la semana pasada.
El Bank of America emite el reporte con el fin de que sus inversores estén informados sobre los acontecimientos económicos, sociales y gubernamentales en países de su interés en América Latina. El documento es un factor que utilizan los inversores para su toma de decisiones.
La Nación consultó a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) su criterio sobre el efecto que podría tener el reporte sobre la “ley jaguar” sobre la inversión extranjera en el país. Sin embargo, la agrupación indicó que el proyecto está en consulta interna con sus cámaras afiliadas y, por lo tanto, aún no se pronunciará al respecto.
La contralora prevé que, de aprobarse la “ley jaguar”, las instituciones contratarían obras públicas a dedo, habría deuda pública sin registrar y sería imposible emitir alertas sobre ilegalidades evidentes en proyectos.
Además, la CGR no tendría la potestad de sancionar o corregir irregularidades al investigar una denuncia presentada por diputados o por cualquier ciudadano.
La propuesta de referéndum fue presentada por Chaves a la Asamblea Legislativa el pasado 5 de junio. Realizar la consulta popular costaría, al menos, ¢3.000 millones ($5,7 millones).
A la izquierda, imagen de la oficina del Bank of America ubicada en Nueva York, Estados Unidos. A la derecha, fotografía del presidente Rodrigo Chaves. Fotos: AFP/Presidencia
A continuación el documento emitido por Bank of America, en su edición original en inglés. La sección de Costa Rica se encuentra en la página 22.
