6 de cada 10 costarricenses se oponen a la compra de armas de fuego
Investigación del CIEP-UCR revela que el 67% de los ciudadanos están a favor de que el límite para la tenencia de armas se baje de tres a una
06/03/2019. Destrución de armas utilizadas en delitos. Bulevar de la Asamblea Legislativa, San José, Costa Rica. Proceso de la destrucción de las armas de fuego. Fotografía: Lilliam Arce. Lilliam Arce
El CIEP encontró que un 83% de la población considera que se deben establecer controles más estrictos para la compra de armas. En la foto, la niña Aleih Barrantes y su mamá, Isaura Rodríguez, observaron un lote de armas que se destruyó en marzo, en el bulevar de la Asamblea Legislativa. Foto: Jorge Castillo. (Jorge Castillo)
6 de cada 10 costarricenses se oponen a la compra de armas y, más bien, abogan por controles más estrictos para la tenencia de estas.
De hecho, 7 de cada 10 apoyan la idea de que cada persona pueda tener, como máximo, un arma, propuesta que no fructificó en la Asamblea Legislativa, aunque los diputados sí redujeron el número de tres a dos.
Dichos hallazgos se reportan en el más reciente estudio de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), divulgado este miércoles.
El rechazo a las armas es mayor entre las mujeres Un 69%. de ellas no las aprueba. Al considerar solo a la población masculina encuestada, la oposición es de un 51%.
Posiciones de los costarricenses sobre el acceso a las armas
Investigadores indagaron opinión ciudadana a propósito de reformas que se tramitan en el Congreso
FUENTE: ENCUESTA DE OPINIÓN PÚBLICA DEL CIEP, ABRIL DE 2019. || E.E. INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
Por provincia, quienes mostraron mayor resistencia a la adquisición de armas son los habitantes de Guanacaste, donde la oposición es de un 69%.
En cambio, el porcentaje baja a 54% en Heredia y a un 50% en Limón.
El estudio del CIEP también encontró que un 83% de la población considera que se deben establecer controles más estrictos para la compra de armas, frente a un 15% que está en desacuerdo con que los requisitos se endurezcan.
Según los investigadores, el apoyo a mayores controles sube hasta un 90% al considerar solo a las personas con educación universitaria.
Los investigadores sondearon la opinión de los habitantes sobre varios aspectos relacionados con la tenencia de armas, debido a que en la Asamblea Legislativa se tramitan dos proyectos de ley de reforma a la Ley de Armas y Explosivos.
Uno de ellos, aprobado el martes en primer debate, reduce el máximo de armas que una persona puede inscribir de tres, como está vigente en la actualidad, a dos.
La propuesta original, defendida por el gobierno y la bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC), era que solo se permitiera el registro de un arma. No obstante, una mayoría de diputados de oposición consiguió subir ese tope.
A favor de menos armas por persona
De acuerdo con el estudio del CIEP, un 67% de los ciudadanos está a favor de que el límite para la tenencia sea de solamente un arma.
“Las personas que apoyan más la restricción en el número de armas son mayores de 55 años, aquellas con educación universitaria y las personas que residen en Cartago”, indica el estudio.
Otro 30% está en descuerdo con que el límite se reduzca a ese mínimo, y un 3% no se pronunció ni favor ni en contra.
El informe del CIEP, además, encontró que un 90% de los costarricenses se opone a que los individuos porten armas de calibres gruesos.
La segunda iniciativa que está a punto de finalizar su trámite en el Congreso eleva las penas de prisión por la tenencia ilegal de armas y mantiene la prohibición para el uso de armas automáticas en el país.
Pese a que dicho proyecto de ley (el número 20.508) contó con el respaldo unánime de las fracciones en el primer debate, el PAC protestó contra un último cambio que se le hizo al proyecto, debido a que la bancada opina que se abrió el portillo para el uso de armas semiautomáticas independientemente de los calibres y el origen militar.
Al respecto, los partidos de oposición que impulsaron la modificación alegan que las normas del Poder Ejecutivo sobre importación de armas y las disposiciones sobre compra de municiones bastan para que el armamento con mayor capacidad destructiva lo usen solo la Fuerza Pública y las empresas de seguridad privada.
