La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) empleó un último recurso para oponerse a la iniciativa de ley que limita el número de armas que puede tener cada ciudadano costarricense.
Los socialcristianos presentaron a la Sala IV una consulta facultativa sobre la constitucionalidad del proyecto de ley 20.509, bajo el alegato de que hay tres aspectos que rozan con la carta magna.
Básicamente, los legisladores del PUSC alegan que, en la iniciativa, podría haber una violación al derecho de propiedad de las personas, porque se limita la cantidad de armas que cada persona puede comprar.
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Además, creen que es desproporcional que se imponga un plazo de inscripción de las armas, el cual exige que cada seis años se deba renovar esa inscripción.
“Eso sería como ponerle un plazo de caducidad a la propiedad, pues actualmente ninguna inscripción de la propiedad está sujeta a plazo”, explicó Pedro Muñoz en un mensaje de WhatsApp.
Finalmente, consideran que limitar la inscripción de armas para quien sea elevado a juicio podría ser una violación al principio de inocencia.
“Es totalmente contrario a ese principio de inocencia, por no existir una sentencia en firme”, se desprende del criterio compartido por Muñoz.
Pablo Abarca, uno de los principales promotores de la iniciativa en Sala IV, indicó que buscará que los magistrados constitucionales revisen el proyecto y se blinde.
“Yo no quisiera aprobar una ley que luego se caiga en la misma Sala, por alguna acción de un ciudadano”, comentó.
Abarca añadió que se preveía que María Vita Monge, la subjefa de la bancada, no firmara la iniciativa, por lo que acudieron a firmas de otras bancadas.
Para enviar una consulta a la Sala Constitucional, el documento debe llevar las firmas de 10 congresistas. Firmaron los socialcristianos María Inés Solís, Shirley Díaz, Aracelly Salas, Pedro Muñoz, Óscar Cascante y Pablo Abarca.
Las cuatro restantes se obtuvieron de los tres miembros de Integración Nacional: Wálter Muñoz, Zoila Rosa Volio y Patricia Villegas, así como de Dragos Dolanescu, del Republicano Social Cristiano.
También firmó en la consulta, Melvin Núñez, de Restauración Nacional.
Pablo Abarca comentó que el jefe del PUSC, Erwen Masís, no firmó porque no se encontraba en el Congreso, mientras que Rodolfo Peña está fuera del país, de viaje por Catar.
El presidente de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad, el verdiblanco Gustavo Viales, comentó que a él no le han pedido apoyo para esa gestión e indicó que no ve ningún vicio de inconstitucionalidad en el proyecto aprobado.
“Igual, nosotros esperamos devolverlo al trámite de primer debate, después del receso (para enmendar un error que obligaría a las empresas a contratar servicios de seguridad privada) y si ellos van en esa línea, sería solo para retrasarlo, más bien”, dijo Viales.
La iniciativa fue aprobada, en primer debate, este martes. El punto más polémico es la norma que limita la cantidad de armas que puede inscribir cada costarricense, de tres a dos. Originalmente, la idea era limitar las armas a solo una por persona.
Además, se establecen una serie de regulaciones con el fin de exigir que las personas renueven las inscripciones cada seis años y estén obligadas a reportar cuando se las roban.
Igualmente, habría sanciones para quienes no reporten pérdida o robo de sus armas. Por otra parte, las empresas de seguridad privada tendrán que informar cuando cierren operaciones y disponer debidamente de las armas que dejen de utilizar.
Aunque la iniciativa ya recibió el primer debate, los diputados buscarán enmendar un error en la iniciativa, que obligaría a las empresas a contratar servicios de seguridad privada, porque tal como se redactó el proyecto, solo ese tipo de empresas podrían inscribir armas.
Para arreglar ese asunto, los congresistas utilizarán una herramienta introducida en el nuevo Reglamento legislativo, con lo que devolverán el plan a su trámite de primer debate, por una única vez, y eso les permitirá modificar un asunto de fondo del proyecto.
Una vez que los diputados presenten la consulta ante la Sala Constitucional, los magistrados tendrán un mes calendario para resolver sobre la constitucionalidad del expediente 20.509.