Un grupo de 27 diputados firmó una carta en la que le solicitaron al presidente de la República, Carlos Alvarado, posponer la entrada en vigencia de la presentación obligatoria del comprobante de vacunación QR para el ingreso a comercios, lo cual está previsto para empezar el 8 de enero del 2022. Los legisladores piden aplazar la fecha para después del 1.º de mayo.
La nota lleva firmas de legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), bancada que promovió la gestión, así como de Liberación Nacional (PLN), Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN), Republicano Social Cristiano (PRSC), el bloque independiente Nueva República y otros independientes.
Los diputados alegan que “no existe una evaluación del impacto de la medida en los sectores productivos, principalmente en todos los servicios asociados al turismo”, más allá del tema de los estándares de seguridad y confidencialidad, así como del acompañamiento para el periodo de transición y de que se anuncie la aptitud de las plataformas.
El gobierno de Alvarado anunció que, como paso hacia la normalidad, podrán operar con el 100% de aforo los comercios que exijan el certificado de vacunación contra la covid-19, mediante el código QR, a clientes mayores de 12 años partir del 8 de enero.
La medida se aplicaría en hoteles, restaurantes, sodas, bares, casinos, tiendas, museos, academias de arte y baile, gimnasios, balnearios y turismo de aventura. Se exceptúan supermercados, pulperías, farmacias y otros servicios esenciales.
Según el Poder Ejecutivo, esto es parte de un proceso gradual de relajamiento de medidas gracias a que el proceso de vacunación redujo las hospitalizaciones por covid-19.
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Según los diputados firmantes, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) hizo una encuesta en los negocios asociados y reveló que, con el simple anuncio de la medida sobre la exigencia del código QR para ingresar a los negocios, “cayeron de forma significativa las reservaciones, reportándose en una semana una caída del 15%”.
Los diputados citan a la Canatur para afirmar que las cancelaciones podrían derivar en una pérdida superior a los $2,6 millones.
“Consideramos sumamente desacertado que el Gobierno de la República no esté tomando decisiones basado en la necesidad de reactivación de la economía, y de apoyo a los sectores que han sido más afectados por la pandemia del covid-19″, alegaron los firmantes de la nota.
También, enfatizaron que, en el 2020, el sector turismo “vio desplomada su actividad y es urgente una necesaria recuperación de la actividad productiva”.
Además, consideran que la aplicación de la medida, a partir del 8 de enero, es una “sentencia al sector turístico, justamente en temporada alta”. Insiste en que la medida “aumenta la incertidumbre y de forma directa causa una afectación a la actividad de cientos de negocios asociales a la actividad turística”.
Los 26 diputados aseguran que el Consejo de Gobierno debe hacer un análisis profundo de las implicaciones de la medida citada a partir de enero y que pospongan la entrada en vigencia de esa obligatoriedad a nacionales y extranjeros que vayan a acceder a todo establecimiento comercial asociado al sector turístico.
La carta lleva las firmas de Pablo Abarca, María Inés Solís, Aracelly Salas, Erwen Masís y Óscar Cascante, del PUSC; Paola Valladares, Roberto Thompson, Daniel Ulate, Luis Fernando Chacón, Franggi Nicolás, Ana Lucía Delgado, David Gourzong, Gustavo Viales y María José Corrales, del PLN; Xiomara Rodríguez, Geovanni Gómez y Floria Segreda, del PRN; Wálter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN; Otto Roberto Vargas, del PRSC; así como Jonathan Prendas, Carmen Chan, Harllan Hoepelman, Ignacio Alpízar y Nidia Céspedes, del bloque independiente Nueva República.
También firman los independientes Shirley Díaz y Erick Rodríguez Steller.
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