El desalojo de la finca Chánguina, ubicada en Palmar Sur (Osa), dio vueltas en diferentes instituciones por más de 14 años. Finalmente, el 5 de setiembre del 2014, a las 3:50 p. m., se definió el futuro de las 95 familias que viven desde el 2001 en Finca Chánguina, ubicada en Palmar Sur, en Osa.
Ese día, un juez del Tribunal Contencioso-Administrativo avaló un acuerdo tomado entre la Procuraduría General de la República (PGR) y Óscar Echeverría Heigold, representante de las bananeras Chánguina y Térraba, para ejecutar el desalojo antes del 5 de agosto de 2015 y así poner fin a la prolongada discusión legal.
A cambio del desahucio, según el procurador Luis Diego Flores, las bananeras se comprometían a no demandar al Estado por daños y perjuicios.
Siguiendo el acuerdo, la Fuerza Pública sacó a las familias el 31 de julio. Esto provocó el bloqueo del puente sobre el río Grande de Térraba, lo que se prolongó hasta el 8 de agosto. Ese día, los manifestantes reinvadieron el inmueble en disputa.
Según una revisión hecha por La Nación , la Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Seguridad Pública, desde el 2002, ejecutar el desalojo. No obstante, la entidad no retiró a los campesinos por diferentes razones.
En el 2003, los magistrados volvieron a dar la razón a Echeverría y exigieron a Seguridad Pública proceder con el desahucio. La sentencia consta en el voto número 2003-00559.
Daniel Villalobos, representante de las familias, dijo que tomaron las tierras porque se les debían salarios.
“Nosotros fuimos trabajadores de esas empresas (Chánguina y Térraba). Desde el 2001, el empresario (Echeverría) empezó a atrasarnos los salarios, a pagarnos con cupones para cambiarlos por comida, y, a lo último, ya ni una ni la otra. Cuando nos vimos sin posibilidad de salario y sin posibilidad de trabajo, nosotros decidimos tomar la tierra como una forma de cobrarnos el salario”, relató Villalobos.
El vocero argumentó que, desde el 2011, las bananeras perdieron derechos sobre la finca ya que en ese año expiró el contrato de arrendamiento entre Coopalca, R. L., dueña original de la propiedad, y Echeverría.
En el 2014, la Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de amparo presentado por Villalobos para anular el desalojo.
Flores explicó que la Procuraduría buscó una conciliación porque había suficientes elementos para demostrar que las bananeras tenían la razón.
“Había tres órdenes judiciales ordenando el desalojo, pero, como si eso no fuera suficiente, en el 2008, los propietarios presentaron una resolución al Ministerio de Seguridad en la que un juez agrario dice que se ponga en posesión a las bananeras de esa propiedad”, afirmó el procurador.
La conciliación indica un periodo para un segundo desalojo, pero el procurador no lo precisó.
Reinvasión. Del total de familias sacadas de Chánguina, 35 volvieron y rearmaron ranchos. Todos son conscientes de la amenaza de un nuevo desalojo.
“Los cultivos que teníamos, como yuca, pepino, plátano, vainica, ayote y otros, fueron destruidos totalmente”, comentó José Soto, uno de los ocupantes.
Pedro Ortiz, otro de los vecinos, denunció que, mientras estuvo en el puente protestando, robaron varias cosas de su casa.
Por su parte, Echeverría adelantó que demandará al Estado, pues no cumplió el acuerdo.
