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Un grupo de 600 trabajadores del Poder Judicial denunció incumplimientos en el pago de la segunda quincena de diciembre, en cuanto al desembolso de horas extras y otras obligaciones laborales. El problema afecta a fiscales, defensores públicos, jueces, investigadores, administrativos y otros funcionarios en condición de interinos.
La información fue confirmada por Rodolfo Solórzano Montero, uno de los fiscales del Ministerio Público afectados por el impago.
Según una circular de la Dirección de Gestión Humana divulgada el 24 de diciembre, la situación se debe a falta de recursos por movimientos de personal entre las oficinas judiciales “durante el cierre de año” y a la “dinámica legal dictada por la Ley Marco de Empleo Público que permite la migración al esquema de pago de salario global”. Sin embargo, el documento no ahonda en detalles.
La circular agrega que todos los pagos pendientes serán cancelados en la primera quincena de enero “al amparo del nuevo presupuesto”.
“Reconocemos el impacto que esta situación puede generar en la estabilidad económica del personal judicial y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en el pago oportuno de los montos pendientes y de los salarios en el futuro”, declaró Roxana Arrieta Meléndez, directora general de Gestión Humana del Poder Judicial, en la circular.
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Como respuesta al incumplimiento, 145 trabajadores presentaron, este jueves 26 de diciembre, un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.
“Hay muchísimos funcionarios judiciales afectados que están en sus casas (debido a las vacaciones de fin de año) que no pudieron firmar el recurso de amparo. Estamos argumentando un trato desigual, pues el incumplimiento del pago de salario de la segunda quincena solo afectó a los interinos”, comentó Solórzano.
Otro alegato, según el vocero, es que se está desvirtuando el concepto de trabajo, ya que los trabajadores brindan un servicio a cambio de una remuneración a tiempo y eso no se está cumpliendo en este caso.
“Esa remuneración tiene que pagarse en el momento estipulado; no pueden decir ‘no tenemos dinero en este momento y le vamos a pagar cuando podamos’, porque ahí se desvirtúa el concepto de trabajo”, enfatizó Solórzano.
La petitoria del recurso de amparo es que se pague de forma inmediata los salarios más los daños y perjuicios generados a los trabajadores.
La Nación envió varias consultas a la oficina de prensa del Poder Judicial para precisar la cantidad de funcionarios afectados, las causas del problema y por qué no se tomaron medidas para prevenir el asunto, pero al cierre de esta información no han dado respuesta.
Por medio de un comunicado de prensa, el Consejo Superior del Poder Judicial expresó que realizó una sesión extraordinaria el 26 de diciembre y acordó optimizar los sistemas relacionados con el pago de salarios, así como solicitar a la Auditoría Interna y a la oficina de Control Interno que analicen las metodologías y procesos de remuneración salarial. Por su parte, la Dirección de Gestión Humana deberá rendir un informe al respecto.
En el comunicado de prensa, también admiten que hay trabajadores en condición de propietarios que recibieron el pago incompleto.
Además, agradecieron la “colaboración y comprensión de todos mientras trabajamos en resolver esta situación”.
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