Con cada día que pasa, una nueva palada de tierra cae sobre el féretro del proyecto de ley de empleo público, prácticamente dado por muerto por el Gobierno y por varios grupos de diputados, de casi todos los partidos políticos.
Sin embargo, una de sus propuestas toma fuerza para resurgir, de la mano de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Frente Amplio.
Se trata del plan para fijar un límite de crecimiento de los salarios más altos de la función pública, para lo cual tanto socialcristianos como frenteamplistas tienen un proyecto de ley específico.
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De hecho, también el expediente 19.506, el plan para limitar los pluses salariales en el sector público, proponía imponer un techo salarial para los jerarcas con más alta remuneración. No obstante, ese proyecto está fuera de la agenda de sesiones extraordinarias por orden del Ministerio de la Presidencia.
Por eso, la semana pasada, el presidente Luis Guillermo Solís introdujo en la agenda de extraordinarias (periodo de diciembre a abril en que el Gobierno manda sobre las discusiones y trámites legislativos) la propuesta socialcristiana.
En su texto (expediente 19.156), los socialcristianos proponen un techo de 18 veces el salario base más bajo del sector privado. Esa multiplicación da un salario máximo de ¢5,3 millones.
Ante esa acción, el Frente Amplio reclamó que su plan quedara por fuera de la agenda legislativa y, además, expresaron que se oponen a varios aspectos de la propuesta rojiazul. Por eso, la Presidencia metió en extraordinarias el plan frenteamplista este lunes.
Luis Paulino Mora, ministro interino de la Presidencia, indicó que la razón principal de llamar esa segunda iniciativa a discusión es que los frenteamplistas lo solicitaron.
"Nos lo pidieron, lo comentamos con el presidente y él es del criterio de que cualquier opción de topes salariales que se ponga es buena, que no nos limitemos en las alternativas", explicó Mora.
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El plan del FA es crear una fórmula para establecer el techo. Esa fórmula se obtiene de la relación entre el salario base mejor pagado de la administración pública y el salario base de oficinista 1. El producto de esa relación (que sería 12,92) se multiplica por el salario base de oficinista 1 del Poder Judicial (¢424.000) y se obtiene el techo: ¢5,48 millones.
A la mesa.
Consultados los jefes del PUSC y del FA reconocieron su voluntad de sentarse a negociar e, incluso, de dejar atrás sus respectivos textos para construir uno en conjunto, tal como lo tuvieron que hacer en el pasado, primero para modificar los aumentos salariales de los legisladores y, luego, para aprobar cuatro proyectos de ley sobre recortes a las pensiones de lujo.
"Hay que buscar acuerdos, ambos proyectos, el nuestro presentado en el 2014 y el del FA en 2016, buscan lo mismo, combatir los salarios de lujo. (...) Se trata de buscar acuerdos y dar soluciones a los costarricenses. No hemos negociado, pero sí hemos conversado informalmente", dijo Vargas Rojas.
El socialcristiano considera que hay "aspectos rescatables" en la propuesta frenteamplista, pues dijo que regula algunos puestos que en el proyecto del PUSC no se habían considerado.
El vocero del FA, Edgardo Araya, adujo que le plantearon al Gobierno su interés en poner a debate los dos textos y llamar a otras fracciones para hacer el esfuerzo de concertación.
"Tuvimos que pegar el grito al cielo y denunciar que el plan del PUSC afectaba el congelamiento general de salarios", indicó Araya.
El frenteamplista alerta, además, de que enganchar el crecimiento del salario más bajo al tope puede ser, de alguna forma, nocivo, según el cristal con que se trate ese tema. "Estamos concluyendo que el riesgo más bien es desestimular a un gobierno que traiga una política de protección de los salarios bajos", comentó.
"Responsables".
El plan liberacionista sobre empleo público, presentado por Sandra Piszk y negociado por ella con Gobierno y con los demás partidos de oposición, para integrar varias propuestas, está fuera del panorama ahora.
Sin embargo, la vocera de los verdiblancos, Maureen Clarke, afirma que ya se le han acercado para negociar. Ella asegura que los votos con los que cuenta el Partido Liberación Nacional (PLN) –17 en este momento– hacen "oposición responsable" y que, por eso, están dispuestos a negociar.
"Hay tres proyectos. Tengo entendido que la idea es hacer de todos, uno", comentó.
"No vemos inconveniente en sentarnos a negociar, por eso se tenía una agenda. Me parece muy bien y me parece que el esfuerzo es bueno, pero debería estar liderado ese esfuerzo por la fracción de gobierno. No obstante, parece que como que renunciaron a gobernar",apuntó Clarke.
De prosperar el plan de poner un techo salarial, sea de ¢5,3 millones ó ¢5,4 millones, se afectarían los siguientes puestos:
-Gerente del Banco Nacional: ¢13,5 millones
-Superintendente de Pensiones: ¢10 millones
-Magistrado del Poder Judicial: de ¢7,3 millones a ¢9,3 millones
-Presidente del TSE: ¢8,3 millones
-Alcalde de San José: ¢7,6 millones
-Procuradora General Adjunta: ¢6,3 millones
-Contralora general: ¢5,9 millones
-Directora de Vigilancia de la Salud: ¢5,7 millones
Tanto el Frente Amplio como la Unidad están de acuerdo en dejar por fuera o aplicar medidas diferentes para los jerarcas de las empresas públicas en competencia, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y los bancos del sistema financiero nacional.
En el caso del plan frenteamplista, se diferencia en proponer que los techos salariales sí apliquen para los miembros de la junta directiva del Banco Central.
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En todos los casos, la normativa solo se podría aplicar para los nuevos ocupantes de los respectivos puestos.