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El gobierno de Luis Guillermo Solís convocó un proyecto de ley del PUSC que impediría a las instituciones del Estado otorgar nuevos salarios que superen los ¢5,3 millones.
En el caso de los sueldos que ya hoy exceden esa cifra, algunos de los cuales llegan a los ¢13 millones, la iniciativa lo que haría es congelarlos mientras sigan vigentes.
Se trata del proyecto 19.156, incluido desde ayer en la agenda de sesiones extraordinarias, periodo de diciembre a abril en que el Gobierno manda sobre la agenda legislativa.
El texto impondría, para todos los funcionarios públicos nuevos, un techo de 18 veces el salario base más bajo del sector privado.
A las remuneraciones que superen ese techo no se les aplicarían ajustes por inflación, reasignaciones, recalificaciones, anualidades u otros pluses salariales de ningún tipo.
Por ejemplo, un magistrado que hoy gane ¢9 millones se quedaría con ese sueldo, pero si este se pensiona o renuncia y el Congreso debe nombrar un sustituto, el salario de este no podría superar los ¢5,3 millones.
Algunos salarios que hoy exceden ese tope:
Gerente del Banco Nacional: ¢13,5 millones
Superintendente de Pensiones: ¢10 millones
Magistrado del Poder Judicial: de ¢7,3 millones a ¢9,3 millones
Presidente del TSE: ¢8,3 millones
Alcalde de San José: ¢7,6 millones
Procuradora General Adjunta: ¢6,3 millones
Contralora general: ¢5,9 millones
Directora de Vigilancia de la Salud: ¢5,7 millones
La intención de este proyecto es similar a la de uno de los capítulos introducidos en el proyecto de empleo público (expediente 19.506) de la legisladora Sandra Piszk, donde se proponía un tope de 20 veces el salario más bajo de la administración pública para los altos jerarcas, techo que daba un monto prácticamente idéntico: ¢5,3 millones.
Sin embargo, el gobierno de Luis Guillermo Solís renunció a continuar con el trámite de ese proyecto, el cual le podía límite a los pluses del sector público.
Aunque al discutir el plan de Piszk Hacienda había dicho que ese tope solo recaería sobre 45 funcionarios públicos, Casa Presidencial ahora convocó el proyecto del PUSC con motivo del incremento de un 18% que el Banco Central concedió a los 12 directores con los sueldos más altos.
LEA: El Banco Central aumentó en 18% el salario de los 12 directores con los sueldos más altos.
El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, negó algún acercamiento con la Unidad, ni estrategia alguna para suavizar las posiciones socialcristianas en contra de los planes de impuestos del Gobierno a cambio de este proyecto.
"Dado que el proyecto de empleo público (expediente 19.506) no prosperó, no tenía los apoyos, volvemos a los planes originales. Todo para tenerlo ahí en ese caldo de cultivo y esperamos que dé lugar a un avance", dijo Mora.
"El Gobierno siempre ha estado anuente a discutir proyectos de empleo público. Ya que el 19.506 no tiene viabilidad, ponemos en el tapete otras opciones", arguyó el viceministro.
Según el jefe de la fracción legislativa del PUSC, Gerardo Vargas Rojas, la idea de la iniciativa rojiazul es "responder a una necesidad de control de gasto público y a un principio de equidad y de justicia salarial", a través de una regulación a los salarios de lujo.
Consultada sobre la convocatoria de este plan, Piszk indicó que, durante los últimos meses, se había negociado con legisladores de la Unidad para incorporar, dentro del plan sobre empleo público, la propuesta socialcristiana sobre los topes y otra similar, pero del Frente Amplio.
"Parte de las negociaciones de estos últimos meses fue precisamente tomar cosas de otros proyectos", para incorporarlas en el 19.506", dijo Piszk.
De hecho, también se había incluido, en el plan de la liberacionista, la propuesta de la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, de modificar los criterios para otorgar las anualidades y los porcentajes de ese pago.
En la misma línea de volver a como estaba todo antes, Luis Paulino Mora explicó que también convocaron a extraordinarias el plan de la ministra, que es el expediente 19.787, Ley sobre la promoción del buen desempeño de los servidores públicos para una gestión pública de calidad.
El plan de la ministra Sánchez también fija un tope máximo a las anualidades que otorgan todas las instituciones del sector público, en este caso de un 2,54%, y establece que la calificación mínima para acceder al pago por anualidad es de "muy bueno", y no la de "bueno", como en la actualidad.
Este proyecto del Ejecutivo se aplicaría, igual que el de Piszk, a todos los poderes y sus órganos auxiliares, a las empresas públicas y entes descentralizados, y las municipalidades. También deja por fuera a los bancos, al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y al Instituto Nacional de Seguros (INS).
