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En momentos en que los diputados discuten varios proyectos para prohibir los salarios superiores a ¢5,3 millones en el sector público, casi 1.200 funcionarios superan esa frontera imaginaria. Si el tope hubiese existido antes de que estos empleados empezaran a ganar esas cifras, el Estado se habría ahorrado casi ¢26.250 millones anuales.

Pese al olvido que pesa sobre el plan de empleo público, se conjugarían las fuerzas políticas para dar vida a una de sus propuestas, la de fijar un techo a los salarios más altos del sector público.

Tendrían un techo en sus salarios, desde el presidente y los ministros hasta los diputados y magistrados, pasando por contralor y su adjunto, defensor de los Habitantes y su adjunto, y procurador general y su adjunto, así como otros funcionarios que podrían estar por encima del monto.