EscucharEl cada vez más frecuente abandono de rutas de buses, porque las empresas deciden perder la concesión ante lo poco rentable de sus negocios, mantiene en alerta a autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la misma Cámara Nacional de Transportes (Canatrans).
De acuerdo con los datos del MOPT, unas 98 rutas han sido abandonadas en los últimos años. Ese número representa casi la quinta parte de la totalidad de empresas que brindan servicios en el país.
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La semana anterior, Canatrans denunció que en menos de dos semanas, dos empresas más se sumaron a esa lista y dejaron sin servicio a vecinos de San Vito de Coto Brus en la zona sur, mientras que en la capital también se retiró el servicio entre San José y barrio Luján.
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La presidenta de esa agrupación, Silvia Bolaños, sostuvo que el incremento en las rutas abandonadas responde a la proliferación de servicios informales, mediante plataformas o los llamados “piratas”, los cuales, según dijo, han venido “drenando” la demanda. A estos se suma la atomización del servicio con modalidades especiales y la ausencia de una política integral de reactivación del sector.
Esta situación, informó la Cámara, ha tenido un impacto negativo en la sostenibilidad del transporte público formal, lo que obliga a las empresas a reducir frecuencias y en los casos más graves a abandonar rutas, dejando sin servicio a miles de usuarios.
“La permisividad ante el crecimiento del transporte pirata y la falta de medidas efectivas para ordenar la prestación de servicios especiales están debilitando el sistema de transporte público. Es urgente que las autoridades tomen acciones concretas para garantizar la sostenibilidad del sector y evitar que más rutas sean abandonadas”, señaló Silvia Bolaños, presidenta de Canatrans.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, aseguró el martes anterior que entre las medidas que han determinado para hacer frente a la problemática, está el resurgimiento de operativos de tránsito contra el transporte informal.
Sin embargo, según el jerarca, una gran parte de la problemática también radica en el tema tarifario, sobre el cual han mantenido ya varias reuniones con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
“Ellos (Aresep) tienen que actualizar la metodología para buscar la forma de actualizar las tarifas de una manera más ágil, no solo en las rutas que están a punto de ser abandonadas, sino pues obviamente para las rutas nuevas. Eso es un tema que está en Aresep, pero estamos haciendo todo el lobby y toda la presión para que se resuelva lo más pronto posible”, agregó.
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En tanto, la Cámara agregó que además hay otros factores “exógenos” al sector que las autoridades también deben analizar, como la priorización del servicio para que los usuarios vean una mejora en los tiempos de viaje, la intermodalidad, las condiciones de seguridad en las paradas de bus y realizar estudios de rutas antes de otorgar permisos especiales.
“Entendemos que esto requiere de acciones puntuales por parte del Consejo de Transporte Público, el MOPT y la Policía de Transito, sabemos que existe una problemática de recurso humano para atender operativos puntuales, pero deben tomarse decisiones e incentivar mecanismos de reactivación del sector, para garantizar a los pobladores no solo que se les va a devolver el servicio, sino que no van a tener que pasar lo que pasa en otras comunidades donde las rutas han sido abandonadas y tienen que pagar servicios para poder trasladarse que cuestan cerca de ¢8.000 en el área metropolitana y hasta ¢40.000 en las zonas rurales”, agregó Bolaños.
Actualmente el MOPT dispone de alrededor de 600 oficiales de tránsito, que deben cubrir todas las rutas del país en tres turnos. El miércoles el ministro anunció que en el mes de junio sumaría 60 nuevos oficiales a la Policía de Tránsito, con los cuales se buscan reforzar operativos en todas las zonas del país.
