Familias del asentamiento conocido como La 85, en Purral de Goicoechea, recibieron una orden del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para desocupar terrenos propiedad de la institución.
La medida se relaciona con expediente 25-022056-0007-CO de la Sala Constitucional. A raíz de un recurso de amparo, los magistrados ordenaron al IMAS atender de manera definitiva varios asentamientos informales de Purral respetando los derechos de sus habitantes y proteger las áreas ambientales del sector.
El recurso de amparo fue presentado por una vecina de Guadalupe, quien alegó que varias propiedades del IMAS en la zona fueron ocupadas debido a la negligencia y tolerancia de la institución.
La orden de desalojo del IMAS identificó 31 hogares distribuidos en 29 estructuras habitacionales. Los vecinos estiman que más de 110 personas viven en La 85.
Entre ellos hay niños, adultos mayores, madres jefas de hogar y personas con enfermedades o discapacidad. Varios vecinos explicaron a La Nación que su principal preocupación no es únicamente dejar sus casas, sino encontrar otra vivienda cuyo alquiler puedan mantener con sus ingresos.
El jueves 1.° de octubre, las familias acudieron a citas programadas con el IMAS. Según explicaron los afectados, la alternativa que les plantearon fue ¢200.000 durante un mes para afrontar el traslado.
Carlos llegó cuando su familia ya no podía pagar un alquiler
Carlos Manuel Castillo todavía recuerda las circunstancias que llevaron a su familia hasta La 85. Antes alquilaban cerca del asentamiento, pero su madre enfermó de cáncer y comenzó a recibir quimioterapia.
En aquel momento, su padre era el único que trabajaba y los ingresos de la familia dejaron de ser suficientes para pagar el alquiler. En ese entonces Carlos era un niño. Según recordó, una persona les permitió instalarse en el terreno y allí comenzaron a levantar su vivienda poco a poco.
Con los años, la familia logró mejorar la vivienda. Hoy, su madre es adulta mayor y recibe una pensión, mientras su padre tiene 60 años. Carlos también recibe una pensión por invalidez y es padre de una niña pequeña.
Una familia suma 38 años en el lugar
Karolina Soto asegura que su familia llegó hace 38 años, cuando el terreno estaba prácticamente vacío. Su madre pagaba alquiler en otro lugar, pero el dinero no siempre alcanzaba para cubrir al mismo tiempo la vivienda y la alimentación.
Según Soto, una persona les permitió instalarse y, con ayuda de vecinos, su madre construyó inicialmente un rancho sencillo. Después hicieron mejoras conforme sus posibilidades económicas se lo permitieron.
Ella reconoce que el terreno no está a nombre de su familia. Sin embargo, plantea que los residentes estarían dispuestos a pagar por los lotes, incluso mediante cuotas, si existiera esa posibilidad.
Familias aseguran que sus ingresos no alcanzan para asumir un alquiler
Las historias cambian de una puerta a otra. Una residente vive con otras seis personas y enfrenta problemas de salud. Otra es jefa de hogar y tiene tres hijos. Para ambas, dejar el asentamiento implica encontrar una vivienda y asumir un alquiler que, aseguran, sus ingresos no les permiten sostener.
Entre los habitantes también hay una mujer de 72 años con una condición cardíaca que todavía trabaja como cocinera, según contó su familia. Otros residentes se desempeñan en limpieza, seguridad, recolección de residuos y ferias, entre otras actividades.
No todas las familias llegaron de la misma manera. Algunas aseguran que pagaron a terceros por el espacio donde levantaron sus casas, mediante acuerdos informales sin un notario de por medio. Jacqueline de los Ángeles García contó que su familia entregó ¢500.000 por el terreno que ocupa y, además, asumió una deuda de aproximadamente ¢150.000 que mantenía la persona que se lo cedió.
Por eso, varios vecinos aseguran que la preocupación no termina al encontrar una casa disponible. Después deberán pagar alquiler, alimentación y servicios básicos con los mismos ingresos que actualmente reciben.
La ayuda de ¢200.000 que les presentó el IMAS cubriría únicamente un mes. Los vecinos consideran que necesitan una alternativa que les permita resolver dónde vivirán y cómo asumirán el alquiler después de ese periodo.
IMAS dice que terrenos están destinados a zona verde y juegos infantiles
El IMAS explicó a este medio de comunicación que sus actuaciones responden a la sentencia de la Sala Constitucional. La orden involucra también a la Municipalidad de Goicoechea, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y el Área Rectora de Salud de Goicoechea.
El fallo ordenó a las instituciones coordinar una solución definitiva para los asentamientos informales de la zona. La Sala tomó en consideración afectaciones ambientales, sanitarias y de seguridad y exigió que las actuaciones respetaran los derechos de las personas que viven allí.
El IMAS indicó que La 85 ocupa parcialmente dos fincas propiedades de la institución destinadas registralmente a zona verde y juegos infantiles.
Por el otro lado, la institución respondió que no vende terrenos ni autoriza a otras personas para efectuar transacciones, traspasos o negociaciones sobre propiedades bajo su administración. La institución calificó esas compraventas entre particulares como acuerdos informales realizados al margen de la legalidad.
Por esa razón, el Instituto sostuvo que no puede reconocer las sumas pagadas por las familias ni asumir responsabilidad por el dinero invertido en las construcciones y posteriores mejoras.
El IMAS sostuvo que la recuperación de los terrenos responde tanto a su condición de propiedades públicas como a los riesgos identificados en la zona.
“Se brindará atención a las familias afectadas de conformidad con su marco legal, priorizando a los hogares y personas en condición de pobreza extrema o pobreza. A su vez, se mantendrá la coordinación interinstitucional con las entidades competentes para facilitar la atención de aquellas situaciones que requieran apoyos o soluciones que excedan las competencias y alcances legales del IMAS, siempre en apego a los derechos humanos”, señaló a este medio.
