En el 2024 el Estado de la Educación (EE) se topó por primera vez en 20 años con la inédita situación de que el Ministerio de Educación (MEP) retuvo por meses la información solicitada.
La negativa fue tal que la coordinadora del Informe del Estado de la Educación, Isabel Román, se vio en la necesidad de acudir a la Sala Constitucional, que declaró con lugar los dos recursos de amparo planteados.
El fallo más reciente de ese tribunal se relaciona con información sobre las Pruebas Nacionales Estandarizadas que aplica el Ministerio desde el 2023; los datos, según Román, serán esenciales para identificar mejoras en estas evaluaciones.
Para la coordinadora del EE, con las dos sentencias “gana el país”, al permitir acceder a información que conduzca a “análisis objetivos y rigurosos”.
Los datos que deben ser proporcionados se utilizarán en la elaboración del X Informe del Estado de la Educación que se divulgaría en agosto del 2025.
De acuerdo con Román, como la información que se pide está anonimizada y con protección de datos confidenciales, no solo puede ser usada por el EE, sino también por otras instancias que trabajan con métodos científicos y pueden ofrecerle al país resultados que hablen sobre la calidad de los instrumentos (de evaluación) que se están aplicando y sobre la calidad de resultados que se están obteniendo, lo cual permitirá a las familias estar seguras y confiadas de que la medición está siento correcta y justa.
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El 10 de diciembre, la Sala Constitucional informó de la anulación de la segunda resolución pero no para evitar que la información se entregara, sino para corregir un error material.
Así, la tercera sentencia reiteró al director de Gestión y Evaluación de MEP, Álvaro Artavia Medrano, que en 10 días hábiles debía suministrar la información relacionada con las bases de datos de las pruebas nacionales estandarizadas del 2023 y el 2024, tanto diagnósticas como sumativas, así como los cuadernillos de ítems vinculados a dichas pruebas y las bases de datos de las pruebas comprensivas del mismo periodo.
Para Román, sin la información de las pruebas nacionales estandarizadas no es posible garantizar que sean técnicamente sólidas ni que estén alineadas con los objetivos educativos que Costa Rica pretende alcanzar.
“La falta de acceso a estos datos niega la posibilidad de identificar mejoras en estas pruebas, que son cruciales para los estudiantes y sus familias, al ser pruebas de altas consecuencias para la población estudiantil”, dijo en entrevista con La Nación.
Este 2024, las pruebas nacionales estandarizadas sumativas tuvieron un peso del 40% de la nota de los estudiantes de último año de primaria y secundaria. Para el 2025, el valor en la calificación sería de 50%.
La investigadora destacó que desde el enfoque del pensamiento crítico del Estado de la Educación, la intención siempre ha sido realizar un trabajo colaborativo con las autoridades y que espera que la información generada por el EE sea útil para la toma de decisiones del propio MEP.
A finales de octubre, La Nación consultó a Álvaro Artavia por qué aún no habían entregado la información solicitada por el Estado de la Educación desde junio. El funcionario aseguró que ellos “habían entregado datos, no bases de datos”.
“El Informe del Estado de la Educación no tiene por qué venir a ser un ente fiscalizador de nuestro trabajo, no está para sus competencias. La información está disponible en el sitio web, en el nivel de desglose que ellos la quieran la pueden tener, basta que nos la consulten, pero lo que han pedido son bases de datos”, dijo Artavia.
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Precisamente, fue a finales de ese mismo mes cuando el tribunal constitucional declaró con lugar el primer recurso a favor del Estado de la Educación y le ordenó al MEP dar los datos sobre la implementación del nuevo Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT). Esta información ya fue entregada.
¿Qué hará el Estado de la Educación con la información que el MEP suministra?
Como explicó Isabel Román, la información que el MEP debe entregarles se utilizará para hacer una investigación académica a partir de la cual se realizarán análisis y recomendaciones al Ministerio de Educación para mejorar las pruebas nacionales estandarizadas.
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El EE analizará la validez, confiabilidad y precisión de los instrumentos de evaluación de las pruebas al revisar los ítems que fueron aplicados en su contexto real, vinculados a las respuestas de las estudiantes registradas en la base de datos. “Sin esta relación directa, cualquier análisis se convierte en una aproximación incompleta y potencialmente sesgada”, advirtió Román.
Se harán “análisis rigurosos” del Índice de Dificultad, la Discriminación Biserial y los parámetros del modelo de Teoría de Respuesta al Item (TRI), añadió la coordinadora.
El propósito de ese trabajo es identificar ítems que cumplan con los estándares de validez y confiabilidad, así como detectar deficiencias específicas en el diseño de las pruebas y proponer mejoras basadas en la evidencia.
“La identificación precisa de cada ítem aplicado es, por tanto, un requisito irrenunciable para asegurar que las evaluaciones reflejen de manera justa y precisa las habilidades y conocimientos de los estudiantes”, afirmó.
Román recordó que desde el IX Informe, el EE ha destacado la importancia de la macroevaluación y de la mejora educativa que esta permite cuando se cuenta con “un sistema robusto y con instrumentos de calidad que revelen lo que saben y no saben los estudiantes”.
Gestión ante OCDE
En el fallo del cual se notificó al MEP el 10 de diciembre también se instruyó al Ministerio de Educación para que gestione ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la autorización para compartir datos sobre la prueba PISA 2022 (siglas en inglés del diagnóstico del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes).
El EE solicitó ítems, niveles de desempeño, factores asociados y la muestra de centros educativos participantes en este examen.
“Costa Rica es de los países que no incorporó factores asociados en esta última prueba de PISA, lo cual, a nivel internacional, es una vergüenza, porque no salimos en un montón de los cuadros que saca PISA porque no están esos datos”, señaló la coordinadora.
Este diario envió consultas al Ministerio de Educación el 16 de diciembre para conocer cuándo entregarán la información sobre Pruebas Nacionales Estandarizadas al EE y si ya realizaron las gestiones ante la OCDE. Al cierre de esta nota no se contaba con la respuesta.