El presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, negó que su propuesta para crear el Gran Parque de Diversiones del Caribe, buscara favorecer a familiares.
Cruickshank realizó la aclaración a los alcaldes limonenses, durante una sesión realizada el pasado jueves, donde el diputado del Partido de Restauración Nacional (PRN) defendió su plan.
La supuesta relación de familiares de Cruickshank con el proyecto surgió porque un hijo, una nuera, un sobrino y otro allegado del congresista, forman parte de las juntas directivas de dos cámaras empresariales.
Ambas organizaciones aportarían miembros a la asociación que, en principio, administraría el 20% de los recursos disponibles del canon del megapuerto de Moín, para desarrollar el parque acuático impulsado por Cruickshank.
De aprobarse en el Congreso en estos momentos, se hubieran girado $7,2 millones a esa asociación, sin siquiera tener certeza que el proyecto se ejecutaría pues carece de cualquier tipo de estudio previo.
No obstante, las relaciones de sus familiares con el proyecto que impulsa motivaron al diputado a presentar un texto sustitutivo para que no sea esa asociación la que desarrolle y administre el centro recreativo, sino la misma Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
“Circunstancialmente, el sobrino mío es el presidente de la Federación de Cámaras del Caribe (Fedecaribe), pero su nombramiento vence el 21 de julio.
“Esos son puestos transitorios donde las personas cambian. No se le está dando una representación a una persona, sino a una organización.
“Es como si el alcalde de Limón, Néstor Mattis, fuera primo mío y la gente diga que no se puede nombrar un representante de la municipalidad porque es primo mío. Incluso, quién dice que el representante (en la asociación) debe ser ese familiar”, afirmó el jerarca.
Su sobrino, Randy Gordon, fue uno de los representantes de cámaras empresariales, asociaciones y sindicatos de trabajadores que enviaron una misiva, presionando al Gobierno y a diputados, para que sumen su apoyo al proyecto, pese a que la propuesta carece de estudios que garanticen su rentabilidad.
“Randy firmó una declaración jurada que envió a la Comisión de Ciencia y Tecnología (que discute el proyecto) indicando que él no estaría en esa junta directiva”, afirmó el presidente legislativo.
Eduardo Cruickshank afirmó que incluyó a esa organización dentro de la Junta Directiva de la Asociación del Gran Parque de Diversiones, porque en la Mesa Caribe se le designó como el representante del Gobierno en el clúster de turismo.
“Esa fue la razón por la que se le incluyó, no fue porque Eduardo Cruickshank quiso”, sentenció.
De acuerdo con el texto original del proyecto de ley, la asociación hubiese estado compuesta por representantes de Japdeva, el Concejo Municipal de Limón, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón (Ccitul), Fedecaribe y de la Universal Negro Improvement Association (UNIA).
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El sobrino del presidente legislativo también es vicepresidente de Ccitul, organización liderada por Rubén Acón, también jerarca de la Cámara Costarricense de Turismo (Canatur).
Esa organización nacional fue firmante de la misiva enviada al presidente de la República, Carlos Alvarado.
Cruickshank tiene otros tres familiares y allegados en esa misma cámara empresarial: su hijo Jeynner Cruickshank, su nuera Mariana Alvarado y el hermano de ella, Oscar Alvarado.
Fue el mismo diputado quien reveló esos detalles.
“En esa cámara, por razones circunstanciales, por elección de los comerciantes, está incluido mi hijo Jeynner, que ni siquiera es parte de la Junta Directiva y no podría ser el representante ante la asociación porque es fiscal.
“Está la esposa de Jeynner, que ni siquiera sabía que estaba en un puesto de vocalía de la Junta Directiva, y el señor Oscar Alvarado, quien es hermano de Mariana, mi nuera”, afirmó el congresista limonense.
Eduardo Cruickshank defendió que él había presentado una moción para que se prohibiera el nombramiento de familiares de diputados en esa asociación por un plazo de 10 años.
Entretanto, defendió que los miembros de dicha organización no recibirían salarios ni dietas por sus funciones.
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Finalmente, por los lazos familiares con miembros de esas organizaciones, el abogado terminó por presentar un nuevo texto para su propuesta ante la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde se discute el plan.
“Hay un dicho que dice que ‘muerto el perro se acabó la rabia’, entonces presentamos un texto sustitutivo donde se elimina la figura de la asociación”, aseguró el presidente legislativo.
Tanto la Contraloría General de la República (CGR) como Japdeva han señalado que la propuesta carece de estudios que garanticen su rentabilidad.
Los seis alcaldes limonenses también se volcaron contra la propuesta, pues, según ellos, abriría portillos para que otros congresistas financien proyectos personales, gremiales o empresariales con los recursos del canon, saltándose, además, el método de evaluación aprobado por el Ministerio de Planificación (Mideplán).