Zona norte
El deterioro en que se encuentra la denominada trocha fronteriza, que va paralela al río San Juan, pareciera llevar a los vecinos de la zona a un estado de desesperación.
Solo así pueden explicar los lugareños la decisión de colocar portones o postes en algún tramo para proteger las partes más transitables y al mismo tiempo mostrar su molestia, por lo que consideran olvido.
Incluso, entre Tambor y Remolinito (Sarapiquí de Heredia) los habitantes, incluso, han optado por cobrar una especie de peaje, de entre ¢1.000 y ¢2.000, para desincentivar el ingreso de particulares.
La construcción de la trocha fronteriza, bautizada como ruta 1856 o carretera Juan Mora Porras, comenzó en el 2010, durante la administración de Laura Chinchilla. Fue un proyecto de emergencia, luego de la invasión de Nicaragua a isla Calero, en la zona de frontera.
Se trataba de un camino de 160 kilómetros paralelo al río San Juan.
No obstante, el plan quedó a medias cuando surgió el escándalo por el supuesto pago de dádivas en los contratos para la construcción del camino. A partir de aquel momento, la obra quedó varada.
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Por eso es que tratar de llegar a estas comunidades sigue siendo tan difícil, casi tanto como hace seis años cuando comenzaron las obras. La situación se complica en época lluviosa.
Los bloqueos vecinales se dan entre Tambor y Remolinito de Sarapiquí, provincia de Heredia. A aquel sitio se podría llegar por Boca San Carlos, el problema es que no hay seguridad de paso porque la ruta está en mal estado.
La otra opción es tratar de ingresar por Golfito de Sarapiquí. Por ahí se puede llegar hasta Tambor, pero después solo se avanzan, si acaso, dos kilómetros hasta encontrarse las enormes zanjas en los lodazales.
Los lugareños colocan portones o postes, según ellos, en un afán de proteger los trechos en condiciones aceptables y evitar el ingreso de personas que van a practicar autocross o motocross. Algunos de estos conductores se meten hasta los caminos internos de las fincas.
Según Agustín Leiva, uno de los pobladores, la presencia de los vehículos viene sucediendo desde hace unos dos años, pero ya no están dispuestos a que les dañen la salida que tienen hacia Puerto Viejo de Sarapiquí.
"A los vecinos les interesa proteger los poquísimos y cortísimos pasos por donde e puede avanzar. Además, es una manera de llamar la atención del Gobierno que prometió terminar esa ruta y no lo ha hecho", dice Leiva, uno de los pobladores.
Y es que algunos sectores están tan mal, que ni siquiera a caballo se puede transitar, afirma Ester Sevilla, quien este jueves transitaba por un camino, en compañía de varios niños.
"Nosotros seguiremos apoyando a quienes han tomado ese tipo de medidas, pero probablemente no son legales, pero es el camino que nos queda para que el Gobierno nos oiga", expresó Máximo Arias.
En setiembre pasado, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) admitió la imposibilidad de terminar la ruta por falta de financiamiento, pero prometió dejarla "en condiciones mínimas" para transitarla. Específicamente, el compromiso era construir cuatro puentes y lastrear 37 kilómetros.
Los trabajos eran financiados con parte de los ¢13.449 millones que el Conavi tenía dispuestos. Esos fondos se suman a casi ¢30.000 millones empleados en esa carretera desde el 2011.
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Como si no fuera suficiente, los pobladores encuentran problemas para navegar en el San Juan, pues las autoridades nicaragüenses los obligan a llevar bandera de ese país. Para conseguirlo tienen que ir hasta San Carlos, Nicaragua.
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Por las irregularidades que frenaron la trocha hay 26 imputados: tres funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), tres particulares que simularon ser inspectores de obras de esa entidad, 18 empresarios y dos mujeres esposas de dos de los implicados.
Proyecto 'de emergencia'
El proyecto de la trocha fronteriza se consideró "de emergencia" debido a la invasión nicaragüense a isla Calero. Además, sacaría del aislamiento a gran cantidad de comunidades de la zona fronteriza con Nicaragua.
El 5 de mayo de 2012, la entonces presidente Laura Chinchilla dio a conocer posibles irregularidades en las contrataciones para la trocha. El hecho, le costó el puesto a su ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez.
En marzo de 2014, poco antes de asumir el Gobierno, Luis Guillermo Solís, se comprometió a terminar la trocha.
Para setiembre de 2016, el Conavi reconoció que no había recursos para concluir la ruta, pero que la dejaría en condiciones transitables.
Por las posibles anomalías hay 26 acusados, según anunció la Fiscalía en enero de 2017.
Se estima que se han invertido más de ¢30.000 millones en la construcción del camino inconcluso.
Fuente: Archivo La Nación