Puentes caídos, huecos y derrumbes impiden transitar el camino en toda su extensión. (Carlos Hernández)
El Ministerio Público anunció que presentará una acusación en contra 26 personas por cometer irregularidades en la construcción de la trocha fronteriza.
Se trata de tres funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), tres particulares que simularon ser inspectores de obras de esa entidad, 18 empresarios y dos mujeres esposas de dos de los imputados.
El anuncio lo hizo este martes el fiscal general de la República, Jorge Chavarría Guzmán, quien dijo que el perjuicio económico para el Estado fue de ¢1.234 millones.
La trocha 1856, que se extiende 160 kilómetros en forma paralela a la frontera con Nicaragua, se estima que tuvo un costo superior a los ¢20.000 millones.
Chavarría agregó que el proceso de investigación fue muy complejo y que el documento acusatorio, que es de conocimiento de los implicados, será entregado al juzgado penal respectivo a finales de este mes, una vez que la Procuraduría General de la República incluya lo relacionado con la acción civil resarcitoria.
Acusación contra sospechosos en caso de la trocha fronteriza
Chavarría precisó que el legajo está compuesto de 668 folios, 86 informes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 28 ampliaciones y se hicieron 58 allanamientos.
El funcionario precisó que la sustracción de bienes del Estado se hizo de una manera planificada entre los funcionarios del Conavi y los empresarios. "En algunas ocasiones se emitían facturas por trabajos realizados por maquinaria en una zona determinada, pero al revisar los documentos se constataba que esa maquinaria el día que supuestamente hizo el trabajo se encontraba en otro lugar", explicó.
Las autoridades judiciales indentificaron a los empleados de Gobierno como Carlos Acosta Monge, exdirector del Conavi; Miguel Ramírez Marín y Manuel Serrano Alvarado, quienes eran personeros de la entidad encargados del proyecto.
Respecto a los particulares que simularon ser supervisores de la obra, se trata de tres hombres de apellidos Mesén Vargas, Agüero Gamboa y Mora Barrantes.
En tanto los empresarios son de apellidos Castillo Villalobos, Baralis Crosetti, Herra Alfaro, Soto Campos, Montoya Rodríguez, Jiménez Alfaro, Arias Herrera, Soto López, Carranza Amores, Campos Cordero, Herrera Barrantes, Pérez Salas, Arias Quesada, Herrera Chacón, Mena Loaiza, Herrera Chacón, Campos Vinda y Méndez Mendez.
La caravana de Luis Guillermo Solís avanza sobre la trocha fronteriza en Los Chiles, durante una inspección en mayo del 2014. (Carlos Hernández)
Las dos mujeres implicadas son apellidadas Alvarado Víquez (esposa de Ramírez Marín) y Morera Fernández (esposa de Mesén Vargas).
A estas personas se les atribuyen los delitos de peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia en contra de la hacienda pública y legitimación de capitales.
